El acceso a métodos anticonceptivos juega un rol de gran importancia al evitar los embarazos no planificados o no deseados, particularmente en mujeres jóvenes y adolescentes, permitiendo que continúen con sus planes de estudio y de trabajo.
“Sin igualdad de género, el desarrollo no es desarrollo ni es sostenible”
Alicia Bárcena, CEPAL
Duele en el alma… Duele ver cómo se interrumpen las oportunidades de las mujeres en una época globalizada, en tiempos en los que el discurso de la igualdad de género debería ser historia y cuando deberíamos haber acabado con las brechas salariales, educativas, políticas y de acceso a mejores condiciones de vida.
Repaso los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas que se orientan hacia la inclusión social, ambiental y económica; de los 17, al menos 7 deberían estar completamente implementados a nivel global para que nosotras como colectivo, alcancemos nuestro potencial: (1) Fin de la pobreza, (2) Hambre cero, (3) Salud y Bienestar, (4) Educación de Calidad, (5) Igualdad de Género, (8) Trabajo Decente y Crecimiento Económico, y (10) Reducción de las Desigualdades. Sin embargo, estamos lejos de lograrlo, a pesar de reconocerse como indispensables para el crecimiento y desarrollo de los países, así como para el cabal cumplimiento de los derechos individuales.
En ese sentido, las distintas organizaciones multilaterales con foco en derechos humanos, reiteran la necesidad de continuar con la ejecución de esfuerzos conjuntos para alcanzar la igualdad. Dentro de esa línea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo señala como tema medular “que se instituye como el valor fundamental a lograr por el modelo de desarrollo… al ser las desigualdades el resultado de una relación compleja de hechos políticos, sociales, culturales y económicos, las posibilidades para superar esta complejidad exigen políticas integrales y un papel activo del Estado, coherencia entre las políticas económicas y sociales, fortalecimiento de la institucionalidad democrática, superación de la desigualdad territorial y un profundo cambio cultural.” (Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL: “Planes de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe: Mapas de ruta para el desarrollo”, 2017).
Políticas públicas, acceso a anticonceptivos e igualdad
¿Dónde encaja dentro de este esquema el acceso a los anticonceptivos como corolario de la igualdad?
Empecemos por definir qué es la planificación familiar. El concepto surge alrededor de la decisión informada y voluntaria de las personas de elegir el número de hijos, el espaciamiento entre éstos o el no tener descendencia del todo, considerando la voluntad de las mujeres, la posibilidad de reducir las muertes maternas en cerca de un 30% en América Latina según la Organización Panamericana de la Salud (OPS/PAHO) (www.paho.org.clap) y la reducción del embarazo adolescente, el cual representa un 0.35% del PIB anual de nuestros países.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO), la garantía del acceso a los métodos anticonceptivos refuerza varios derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y a la libertad; la libertad de opinión y expresión, y el derecho al trabajo y a la educación, además de reportar importantes beneficios para la salud. (www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception ).
En este entendido, los ODS desarrollan a su vez una serie de metas que, a pesar de no ser vinculantes para los países, se esperaría que sean cumplidas en un plazo que no exceda al año 2030. Así, la meta 3.7 busca asegurar acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo planificación familiar, información y educación e integrar la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales.
Es aquí precisamente donde radica el enganche con la noción de política pública y su implementación, con el empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones a nivel personal y familiar y su acceso al mercado laboral, la profesionalización académica y el cumplimiento de muchos otros objetivos.
El acceso a métodos anticonceptivos garantizado mediante políticas modernas e integrales y apoyadas por los gobiernos, juega un rol de gran importancia –entre otras cosas-, al evitar los embarazos no planificados o no deseados, particularmente en mujeres jóvenes y adolescentes, permitiendo que continúen con sus planes de estudio y de trabajo. Lo anterior, redunda de manera directa en el aumento de su poder adquisitivo y en la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, siendo que el embarazo adolescente contribuye a mantener los ciclos intergeneracionales de pobreza, exclusión y marginalización y que acarrea un riesgo elevado para la salud, el bienestar y el desarrollo social.
La autorización de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. para comercializar la llamada “píldora anticonceptiva” en 1960 revolucionó no solo el concepto de la planificación familiar, sino que abrió una nueva ventana de oportunidades a mujeres y niñas alrededor del mundo.
Sin embargo, la deuda en América Latina continúa siendo abismal, pues somos la segunda región del mundo después de África Subsahariana en número de nacimientos de madres niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad y en abortos en condiciones insalubres, que de acuerdo con la OPS en el 2019 alcanzaron los 876,000 y que han aumentado durante la pandemia.
Nos corresponde pues, asegurarnos de que existan alianzas estratégicas, así como el efectivo desarrollo e implementación de políticas públicas adecuadas para que las nuevas generaciones de mujeres de nuestra región cuenten con opciones de educación, acceso y utilización de métodos de planificación familiar si nuestra meta es alcanzar la igualdad real de nuestro género en un plazo razonable y si efectivamente queremos saldar dicha deuda.
