Fortalecer los mecanismos institucionales para que las mujeres tengan mejor y mayor acceso a la justicia y a la protección, es una de las grandes apuestas del Gobierno de Costa Rica para la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres.

En agosto del pasado año  el Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, el Ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, y la Ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora Castellanos, firmaron el decreto y directriz que declaró de interés prioritario nacional la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres.

La firma del Decreto respondió a la dramática situación de la violencia contra las mujeres que en aquel momento eran de 14 femicidios y que cerró en el 2018 con el registro de 24 asesinatos de mujeres, víctimas de su esposo o pareja.

La firma del Decreto respondió a la dramática situación de la violencia contra las mujeres que en aquel momento eran de 14 femicidios y que cerró en el 2018 con el registro de 24 asesinatos de mujeres, víctimas de su esposo o pareja.

El decreto incorpora alrededor de 40 acciones y obliga a todas las entidades estatales a que inscriban o fortalezcan programas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el marco de la Política Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades.

Esta Declaratoria de Interés Nacional, según publicación del INAMU,  se enfocará en cinco grandes apuestas:

  1. Prevenir el femicidio.
  2. Mejorar el acceso de las mujeres a servicios de atención.
  3. Fortalecer los mecanismos institucionales para que las mujeres tengan mejor y mayor acceso a la justicia y a la protección.
  4. Impulsar la Ley sobre relaciones impropias.
  5. Trabajar en la promoción de una cultura de igualdad y de no violencia.

En cada uno de estos focos de atención se desarrollarán acciones específicas.  algunas son:

  • Ampliar la capacidad de los Albergues del INAMU (CEAAM) para proteger a mujeres en riesgo de femicidio. El INAMU realizará una inversión para ampliar la infraestructura existente y contar con más espacios para recibir a mujeres en riesgo de muerte.
  • Controlar el acceso a armas de fuego. El Ministerio de Seguridad se comprometió a impulsar la reforma al reglamento de decomiso y destrucción de armas, esto en aquellos casos que fueron utilizadas para cometer violencia intrafamiliar o cualquier forma de violencia contra las mujeres.  El objetivo de la iniciativa es que estas armas nunca se devuelvan a los ofensores.
  • Continuar capacitando a la policía, pero esta vez con especial énfasis a la policía comunitaria de los programas preventivos.  A la fecha se han capacitado a más de 200 oficiales dentro del programa preventivo de violencia intrafamiliar.  En cada una de las 99 delegaciones policiales se cuenta con al menos 3 policías capacitados, sin embargo, se quiere ampliar aún más esta capacitación con especial énfasis en la policía de seguridad comunitaria.
  • Mejorar la aplicación de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. Al día de hoy existe aproximadamente un 87% de desestimaciones de los delitos de la Ley de Penalización de violencia contra las mujeres.   Este año se conformó una comisión de alto nivel en el Poder Judicial que pondrá en marcha un plan de trabajo estratégico para atender los nudos críticos que se han encontrado a lo interno de este sector en relación con la aplicación de la Ley de Penalización lo cual permitiría mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas.  Se pretende que se agilicen procesos internos, que se brinde un mejor acompañamiento a las mujeres para que se atrevan a denunciar, que se apliquen protocolos y se mejoren los mecanismos de investigación y persecución de los delitos.
  • Ampliar a más cantones los Comités Locales de Atención Inmediata y Seguimiento a casos de alto riesgo de femicidio. En la actualidad hay CLAIS funcionando en 15 cantones del país. Esta es una estrategia para dar atención y protección inmediata en el nivel local a mujeres que están en alto riesgo. 
  • Ampliar las Defensorías Sociales. Esta iniciativa garantiza la representación legal a las mujeres.  Se instalarán nuevas defensorías en Puntarenas, Ciudad Quesada, Liberia y Limón.
  • Impulsar la aplicación efectiva de la Ley sobre Relaciones Impropias. Esta ley tiene casi dos años de haber entrado en vigencia y aún existen problemas para que se haga efectiva su aplicación.  Se necesita trabajar más fuerte para ir desmontando todos los prejuicios y la normalización de este tipo de violencia sexual hacia las niñas y adolescentes que impide que esta ley se aplique. 

Prevención primaria y la promoción de una cultura no violenta

Una de las prioridades del Decreto es la prevención y rechazo a los femicidios, a la violencia, a la impunidad y a la discriminación contra las mujeres, por lo que se realizarán algunas acciones puntuales como:

  • Ampliar el proyecto de promoción de cultura de paz e igualdad del Programa de Primera Infancia del MEP. El Ministerio cuenta con un programa para promover la cultura de paz y la igualdad en el Programa de Primera Infancia. Este programa incluye el trabajo con niños y niñas en temas vinculados a la igualdad entre hombres y mujeres, la resolución no violenta de conflictos, el manejo del enojo, las relaciones respetuosas, etc. 
  • Capacitar en la construcción de masculinidades. Se incluirá la formación de funcionarios públicos para que trabajen el tema de las masculinidades para la igualdad y la no violencia con niños, adolescentes y jóvenes.  Esta es una apuesta estratégica para involucrar a los hombres en nuestro trabajo porque confiamos en que las futuras generaciones estarán cada vez más comprometidas con la no violencia.
  • Trabajar con jóvenes la prevención de la violencia contra las mujeres en los Centros Cívicos para la Paz y en el Programa Penal Juvenil. Se trabajará en coordinación con el Ministerio de Justicia para que se capacite a jóvenes que participan en las actividades de los Centros Cívicos en las comunidades y con los jóvenes que están integrados al Programa Penal Juvenil.
  • Crear planes locales municipales de prevención de la violencia contra las mujeres. Desde el nivel local se puede comprometer y movilizar a muchos sectores sociales para prevenir la violencia contra las mujeres.   Las Municipalidades son actores protagónicos y por eso se replicarán acciones de este tipo en los cantones de Los Chiles, Ciudad Quesada, Puntarenas y Limón.

Poner fin a la violencia contra las mujeres es una de las prioridades de la ONU en la que Costa Rica se ha alineado de forma efectiva, trabajando un enfoque integral, como el propuesto en el Decreto, que incluye a diferentes actores y abarca la elaboración y modificación de leyes y políticas y campañas sobre el alcance y el impacto de la violencia.