Bianka Rodríguez, activista de la comunidad trans de El Salvador, es víctima de amenazas por agresores que pertenecen a redes delictivas

Los agresores pertenecen a redes delictivas, de acuerdo con lo revelado, el 30 de junio, en la red social Twitter, por esa oenegé representativa de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, e intersexuales (Lgbti).

“Denunciamos públicamente las amenazas y ataques de muerte, que está recibiendo nuestra Secretaria General @BiankaR_odrguez por parte de estructuras criminales”, de acuerdo con la breve denuncia que fue tuiteada por la Federación Salvadoreña de Personas LGBTI.

“Reafirmamos nuestro acompañamiento y apoyo en estos momentos a nuestra compañera”, agregó la agrupación, respecto a Rodríguez, quien es, además, cofundadora y directora de la no gubernamental Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis Trans).

Asimismo, en alusión a la defensa de las garantías fundamentales de esa comunidad, la federación aseguró que “¡La lucha continua!”.

En el activismo que mantiene, en la defensa de la población Lgbti, Rodríguez hace pública la recurrente agresión de la cual -en diversas manifestaciones- esas personas son víctimas, lo mismo por parte de estructuras delictivas que de efectivos de fuerzas de seguridad.

En el primer caso, la líder trans reveló, al inicio de este año, que, a lo largo de 2021, por lo menos 166 integrantes de esa colectividad fueron víctima de asedio por integrantes locales de las pandillas que, conocidas como maras, operan, hace décadas, en los países del Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala, Honduras-.

También puntualizó que, si esa cifra se suma a las 528 personas sexualmente diversas quienes, por la misma razón, debieron abandonar, durante el período 2015-2020, sus respectivos lugares de residencia, el número asciende a 694.

De acuerdo con datos contenidos en un informe que, sobre el tema, elaboró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), tal es la realidad de casi 60 por ciento de quienes, en calidad de integrantes de esa comunidad, participaron en la encuesta para la elaboración del estudio.

La principal causa de la situación radica en la frecuente imposibilidad de pago del “impuesto” que los mareros cobran a quienes habitan las zonas bajo su control, según la misma fuente.

Se trata, asimismo, de uno de los componentes clave que constituyen el origen del masivo y constante desplazamiento de migrantes, desde los países del Triángulo Norte -mayoritariamente, El Salvador y Honduras- hacia Estados Unidos.

Al respecto, Rodríguez explicó -durante la presentación, el 15 de febrero, del texto de Acnur- que las víctimas se ven “obligadas y forzadas a desplazarse internamente, a causa de la violencia por motivos de discriminación y persecución, basados en su orientación sexual o identidad de género”.

“Las personas Lgbti, en El Salvador, encuentran vacíos en las normativas e instituciones públicas que brindan atención a este desplazamiento forzado”, denunció.

También entre sus más recientes acciones en defensa de los derechos de la constantemente agredida comunidad Lgbti, la dirigente reveló que las trabajadoras sexuales trans son objeto de represión militar y policial, agudizada en el marco del Régimen de Excepción -vigente hace algo más de tres meses, a nivel nacional-.

El objetivo oficial de la medida de fuerza -que viene recibiendo prórrogas mensuales- es el combate a la criminal actividad pandillera en el país centroamericano.

Citada en una nota informativa que, sobre el tema, el diario salvadoreño La Prensa Gráfica publicó, el 16 de mayo -casi dos meses después de impuesta la acción antipandillera-, Rodríguez hizo público que, “bajo el Régimen de Excepción, los cuerpos de seguridad han capturado a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, acusándolas de pertenecer a estructuras delincuenciales”.

Al respecto, informó que -desde el 27 de marzo, cuando la acción antidelictiva recibió la aprobación de la mayoría oficialista en la unicameral Asamblea Legislativa- Comcavis Trans ha registrado por lo menos 15 tales detenciones, aunque aclaró que, debido a un probable subregistro, el número sea considerablemente mayor -en el rango de varias decenas-.

También precisó que, como justificación de esas acciones ilegales, las víctimas son falsamente acusadas, por sus captores, de ser integrantes de organizaciones delictivas.

“Hay varios casos, de las detenciones hacia mujeres trans, en los que se les asocia a estructuras delincuenciales”, comenzó a explicar.

“Sin embargo, no hay una clara visión, en este régimen de excepción, ni siquiera de investigar si estas compañeras son víctimas de delincuentes”, planteó, para agregar que, “muchas veces, a las personas Lgbti, se les utiliza como blanco de estas estructuras”.

En ese sentido, citó un estudio, que sobre la situación, fue llevado a cabo por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (Pddh), y aseguró que “no hay investigación para saber si estas personas lo están siquiera haciendo por voluntad propia”.

La dirigente puntualizó que, también “hay personas hetero (heterosexuales) que son obligadas a cometer delitos”, y subrayó que “creo yo que no deberían ser consideradas culpables (en ningún caso)”.

Al respecto, Rodríguez denunció que, en tal contexto, la población sexualmente diversa es doblemente victimizada.

Igualmente, planteó que, en el caso de las trabajadoras sexuales trans, la represión es prejuiciada, también en materia de identidad de género.

“Hay publicaciones de la PNC (Policía Nacional Civil), que sacan los cuerpos desnudos de mujeres trans, con sus senos expuestos”.

“Eso no lo hacen con una mujer cisgénero (con identidad de género y sexo asignado al nacer, coincidentes), pero sí con una mujer transgénero”, subrayó.

Rodríguez precisó que, “ahí, podemos ver ese mensaje de rechazo, del Estado, hacia las personas trans”.

Foto: https://www.unhcr.org/bianka-rodriguez.html