Los femicidios crecieron más de treinta por ciento, durante los primeros cinco meses de este año, en El Salvador, denunció Silvia Juárez, activista local de derechos de las mujeres.
La tendencia alcista plantea la urgente necesidad de que el país centroamericano cuente con sistemas de alerta temprana, que permitan evitar la recurrencia de esos crímenes, agregó Juárez, dirigente de la no gubernamental Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
Se debe, asimismo, abordar el análisis de la situación, que responde a factores tales ausencia de protección para las afectadas, lo mismo que a la normalización de la violencia de género, aseguró, además, la experta, en declaraciones reproducidas, el 6 de julio, por el diario local El Salvador.com.
La impunidad que suele proteger a los femicidas es uno de los principales elementos que tienen fuerte incidencia en la reiteración de la más brutal manifestación de machismo, de acuerdo con lo señalado por Juárez.
“Vemos un aumento en un promedio del 34 %, con respecto a los datos del año pasado”, informó.
En su sitio en Internet, Ormusa reveló, en el espacio de su Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que de enero a mayo de 2021, El Salvador fue escenario de 71 femicidios, frente a 53 que registró en igual período de 2020.
En ese lapso, marzo fue, este año, el mes con el más alto número (19), más del doble que igual momento del año pasado (ocho).
“La violencia feminicida no sólo está mostrado una tendencia a la alza -después que alrededor de tres años venía con una tendencia a la baja-, pero en realidad lo que muestra es que hay una variación precipitante cuando se bajan todas las alerta sobre todos los hechos predelictivos del feminicidio”, comenzó a explicar.
En ese contexto, “el Estado salvadoreño necesita abordar, con urgencia, los sistemas de alerta temprana que eviten poner en riesgo a las mujeres en riesgo feminicida”, recomendó.
“Esto, a través de los mecanismos de intervención sobre violencia intrafamiliar, delitos como las lesiones, las amenazas que suelen ser minimizadas en sedes policiales, en sedes fiscales, y que son antesala del feminicidio”, precisó, a continuación.
“También tiene que ver cómo analizamos el problema de un aumento, frente no sólo a la desprotección sino a la tolerancia de otras formas de violencia en los entornos”, continuó aclarando.
Lo mismo se aplica a “los niveles (en) que puede estar ocurriendo, a partir de mayores mecanismos que favorecen la impunidad: por ejemplo, el crimen organizado”, indicó.
En cuanto a la espiral ascendente que muestran estos asesinatos, planteó que “puede ser entendible en razón de que, el año pasado, a este punto del año, habíamos estado en una situación de pandemia, donde presuponía una parálisis de cualquier actividad fuera de los hogares”.
“Pero sabemos que, también, fue un período en el que se puso en evidencia que, a pesar (de) que todo mundo (fue) confinando en sus casas, el lugar de mayor protección para la mujeres, también ocurrieron alrededor de 44 feminicidios en todo el período de la cuarentena y el confinamiento domiciliar”, puntualizó.
Juárez hizo, así, alusión a algunas consecuencias socioeconómicas y de seguridad
-principalmente para la población femenina- de las medidas adoptadas por diferentes gobiernos -en varios casos, de cumplimiento obligatorio, como en el contexto salvadoreño- para reducir la incidencia de la pandemia mundial del nuevo coronavirus.
Entre esas acciones -impuestas, en algunos países, mediante toque de queda- figura el aislamiento social (cuarentena), que obliga, a víctimas de violencia machista -lo mismo adultas que menores de edad-, al encienrro con sus atacantes, lo que no solamente amplía el riesgo personal de las agredidas sino que reduce sus posibilidades de buscar protección.
“Sin embargo, este aumento (de número de femicidios) también, repetimos, puede deberse a que no se están considerando todos los mecanismos de protección necesarios, y que también puedan haber como ciertas prácticas donde hay una tolerancia a diversas formas de violencia”, reafirmó la dirigente de Ormusa.
La base sobre la que se erige el riesgoso cuadro de situación descrito, consiste en varios componentes, de acuerdo con el análisis que formuló.
“Son al menos tres elementos”, especificó la experta.
“Uno, el tener mecanismos de favorecimiento a la impunidad”, inició a enumerarlos.
“Es decir, cuantas mujeres que denuncian y que pueden decir su situación se ha resuelto, y que se sienten en una condición de absoluta protección tras sus denuncia”, agregó.
“Segundo, los mecanismos de alerta temprana, (tales) como un sistema de justicia que dicta medidas de protección necesita articularse, con el seguimiento desde la Policía (Nacional Civil, PNC) y la Fiscalía (General de la República, FGR), para el seguimiento de las medidas de protección”, planteó, de inmediato.
Se trata de, “por ejemplo, el seguimiento contra un agresor que es reincidente, o agresores múltiples, es decir, un agresor que aun cuando un juez le ha ordenado la protección de una mujer, o evitar seguir ejerciendo la violencia, lo hace”, dijo.
“Sabemos que es un agresor dispuesto a todo”, aseguró.
“También, el no advertir riesgos de peligrosidad que tienen que ver no solo con el agresor (…) sino con las condiciones de mayor precarización o vulnerabilidad de la víctima”, señaló.
Ello, “cuando son niñas, cuando son mujeres en situación de embarazo, cuando son mujeres con discapacidad, cuando son mujeres a las que socialmente se les considera con un minus valor” puntualizó.
En el último caso, se trata de “a una mujer en situación de prostitución, una mujer de la diversidad sexual, que se les considera que pueden ser vidas que no merecen ser lloradas, y, por lo tanto, sus vidas pueden ser cegadas, sencillamente”, reflexionó.
Juárez mencionó, asimismo, las desapariciones, fenómeno que, igualmente, se enmarca en el contexto de agresión de género en El Salvador -país que, junto con Guatemala y Honduras, integra el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más violentas a nivel mundial-.
“La desaparición tiene una conexión directa -esa sería una tercera causa (del alza de femicidios), donde se pone en riesgo la situación de las mujeres”, indicó.
Esto, “porque no existe una línea de intervención que advierta que toda desaparición puede estar asociada, o puede derivar en, un feminicidio”, puntualizó.
“Por lo tanto, todos estos riesgos feminicidas son mecanismos que pueden evitar la muerte, y son los que no vemos que estén activados” en el país, señaló.
En declaraciones sobre ese problema, difundidas el 30 de junio, por el periódico digital Informa TVX, la periodista salvadoreña Carmen Rodríguez denunció que las desapariciones, principalmente de mujeres, “en El Salvador, han ido en aumento, en los últimos dos años”.
Rodríguez hizo, así, referencia al mandato del cuestionado presidente salvadoreño, Nayib Bukele, período quinquenal iniciado el 1 de junio de 2019.
La periodista fue crítica de la gestión de Bukele, específicamente en lo que tiene que ver con las situaciones de agresión machista.
Al respecto, Rodríguez explicó que “la violencia de género, son esas acciones que causan daño físico, (tales) como los golpes, empujones, patadas, fracturas, disparos, torturas”, lo mismo que “las agresiones psicológicas e insultos, que buscan denigrar a la mujer”.
También denunció que “tenemos a un gobierno con funcionarios denunciados por violencia, que han amenazado a sus parejas, y muchas mujeres”.
“Existe una FGR dirigida por un hombre que tiene procesos por violencia doméstica, porque agredió a su esposa”, precisó, para señalar que, “el Estado, ha dado la espalda a mujeres”.
“Qué podemos esperar de funcionarios públicos a los que no les interesa combatir la violencia?”, preguntó, a continuación.
“Qué podemos esperar de un presidente que su único interés es él, y su imagen de niño cool (simpático)?”, agregó, en alusión a la proyección de mandatario juvenil, que Bukele se esfuerza en mantener -lo que, entre otros componentes, incluye vestimenta informal, y frecuente uso de gorra con la visera hacia atrás-.
