La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito decidió sumarse a la masiva oposición popular argentina al recién instalado gobierno de Javier Milei
El movimiento fundado en 2005 -cuya lucha fue decisiva en la aprobación, el 30 de diciembre de 2020, de la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)- planteó que la IVE está en riesgo, ante el drástico cambio que Milei -un extremista quien se autodefine como “liberal libertario”- está imponiendo en el orden político del rioplatense y andino país sudamericano.
Al informar, el 5 de enero, sobre lo resuelto por la campaña, el diario argentino Página 12 -opositor al régimen mileísta- señaló que el legalizado procedimiento médico es uno de los frentes de ataque marcados por la nueva administración.
En ese sentido, citó a referentes del feminismo nacional, quienes coincidieron en denunciar que el gobierno instalado el 10 de diciembre -para el cuatrienio 2023-2027- apunta al desmantelamiento de componentes clave del sistema de salud -prioritariamente, la IVE-.
“El acceso al aborto es una de las principales políticas de salud pública amenazadas por el gobierno de Javier Milei”, indicó el periódico, en la nota informativa titulada “Aborto: ni un paso atrás”.
Ante ello, la campaña “resolvió participar de asambleas multisectoriales en todo el país para sumar activismos”, mientras líderes feministas en “diferentes sectores, tejen estrategias de lucha contra el embate antiderechos”, agregó.
Tres años después de aprobada, la legislación sobre la IVE “se encuentra en riesgo, frente a un nuevo ordenpúblico que tiene, entre sus premisas, la oposición férrea a la autonomía de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes, y un cambio de paradigma anticonstitucional”, señaló.
Ello, por la vía del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la denominada Ley Ómnibus, que Milei presentó al bicameral Congreso de la Nación -cámaras, respectivamente, de Diputados y de Senadores-, proyecto que, de acuerdo con analistas locales, a lo largo de centenares de artículos, son violatorios de los derechos humanos.
De acuerdo con esas evaluaciones, la drástica reforma de la economía nacional -que, según Milei agudizarán la crisis socioeconómica, antes de resolverla-, la limitación del derecho a la protesta pública, los cambios en el sistema de salud, las concesiones territoriales a extranjeros, entre otros objetivos, atentan contra la gobernabilidad del país.
Página 12 indicó, al respecto, que “el embate además se cristaliza en las modificaciones de la Ley 27.113, de promoción de la actividad de los laboratorios de producción pública, que afectaría la producción de anticonceptivos y de drogas como la mifepristona y el misoprostol, necesarias para la realización de abortos”.
“Y de la Ley 27.611 de los Mil Días, donde estipulan el derecho del niño ‘desde la concepción’, y del ‘hijo por nacer’, excluyendo además a las disidencias sexogenéricas al hablar de ‘madre’ y no de persona gestante”, agregó.
En tal contexto, “la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, llamó a seguir defendiendo las leyes conquistadas, y sus regionalesse sumarán a participar de las asambleas (opositoras) que se realizan, en todo el país, para construir espacios multisectoriales y recuperar la participación popular”, informó.
En su sitio en Internet, el movimiento de cobertura nacional se define como “una alianza federal amplia de organizaciones y personas, lanzada, el 28 de mayo de 2005, con el objetivo central de bregar por la legalización del aborto en Argentina y, más ampliamente, por los derechos sexuales y reproductivos”.
Ello, “bajo el triple lema ‘educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir’”, puntualiza.
“La Campaña (…) instaló, en la agenda política, la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto como una cuestión de salud pública, de justicia social, y de derechos humanos”, agrega.
“Fruto de ese enorme esfuerzo militante, el 30 de diciembre de 202, se sancionó, en el Congreso Nacional la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que consagra, para todo el país, el derecho de mujeres, adolescentes, niñas, y toda persona gestante, a interrumpir un embarazo, por su sola voluntad, hasta la semana 14 de gestación inclusive”, relata.
Lo anterior, “manteniendo la no punibilidad del aborto, como ya estaba legislado, más allá de este plazo, cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud integral”, precisa, en referencia a las mujeres.
La campaña se define, asimismo, como, “hoy, la actora política fundamental en la defensa de la ley conquistada y en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos que aún nos faltan”, y reafirma que tiene el cometido central de impulsar “la defensa de la Ley 27610, su difusión, y la exigencia al Estado, en todos sus niveles, para la plena implementación de la misma”.
Citada en la nota informativa de Página 12, Leticia Corral, dirigente del movimiento, dijo que “consideramos importante participar y escuchar qué están tramando otros sectores, para poder aunarnos en (el contexto de) esta embestida del gobierno de Milei, a escasos días de haber asumido”.
En el contexto del represivo protocolo contra manifestaciones públicas impuesto -la primera semana del nuevo gobierno- por la extremista ministra de Seguridad, Patricia Bullrich -en prevención de la ola de protesta que se ha iniciado en Argentina-, Corral subrayó la disposición a “volver a los espacios públicos”, y precisó que “esto quedó claro, el 30 de diciembre, frente al Congreso Nacional”.
La activista hizo, así, referencia a la masiva protesta contra el entonces anunciado DNU.
“Pese al protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, hicimos un llamado a habitar la calle”, para demostrar unidad y voluntad de lucha, “porque no vamos a dar ni un paso atrás”.
Por su parte, Graciela Morgade, docente e investigadora académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expresó que, “tengo dos preocupaciones políticas”.
“Una institucional (…) hasta qué punto estamos a las puertas de una destitución de la democracia”, agregó, para explicar que el hecho de que “un DNU cambie trescientas leyes, es una especie del golpe blando”.
Sobre ese punto, expresó, a continuación, que me preocupa mucho que hayamos llegado a ese punto, que mencionaba Cristina, en 2012, cuando hablaba de la insatisfacción democrática, y que su falta de respuestas podía llevarse puesto a todo el orden institucional”.
Morgade hizo, así, referencia a la ex presidenta (2007-2011, 2011-2015) y ex vicepresidenta (2019-2023) argentina, la peronista centroizquierdista Cristina Fernández.
“La otra preocupación, del orden simbólico y cultural, es el imaginario, las imágenes de lo femenino que rondan al Gobierno”, agregó.
“De alguna manera, son políticas que se orientan en una perspectiva de omisión absoluta a las identidades no binarias (autopercepciones con identidad de género opuesta a su sexo biológico), sea cual fuera la definición”, reflexionó.
“Entiendo que, en este momento tan complejo de la economía, parecen dimensiones que suenan muy abstractas, pero, tanto el orden político democrático como el orden político cultural, son las orientaciones de política que están en la base”, aclaró, de inmediato.
“Entonces, el aborto como derecho, las conquistas vinculadas con los cuerpos sexuados, y las relaciones sexogenéricas, corren el mismo peligro de la destitución democrática, y, en particular, las cuestiones que tienen que ver con la construcción de los cuerpos y la perspectiva de género, que están fuertemente impugnadas (por el nuevo gobierno)”, advirtió.
También citada por Página 12, la directora ejecutivadel Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la abogada feminista Natalia Gherardi, definió los componentes necesarios para la aplicación de la IVE.
“Cumplir con la ley de acceso a la interrupción del embarazo, requiere de la implementación de una política pública de salud que articule acceso a servicios, insumos, y capacitación para la protección de los derechos”, comenzó a explicar, a manera de recomendaciones.
“Esto requiere del compromiso activo de parte del Estado, tal como se ha impulsado en los últimos años”, agregó.
Dado el alarmante contexto actual, “confío en que, a través de distintas estrategias, podremos lograr sostener los estándares que contempla la ley, que están en línea con los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por nuestro país” siguió planteando.
Gherardi aseguró que, “en caso que se concreten las amenazas que han venido planteando desde sectores que hoy están en el Gobierno nacional -y que ya comenzaron a desplegar, a través de los cambios que están proponiendo en algunas instituciones y legislación vinculada, pondremos en marcha estrategias de defensa”.
La activista subrayó, además, que “los derechos se conquistan gracias a los argumentos y el trabajo colectivo”, para, a continuación, advertir que, “con las mismas herramientas se defienden, y eso vamos a hacer”.
Foto: Fred Thomas III
