Los refugios para víctimas de violencia de género, en Afganistán, eran escasos antes de que el movimiento fundamentalista islámico Talibán asumiera el poder, pero lo son aún más bajo el régimen caracterizado por el irrespeto a los derechos de las mujeres.
La cifra de albergues no llega siquiera a treinta, indicó la Agence France-Presse (AFP), al informar sobre esa dramática situación enmarcada en la crisis socioeconómica y de derechos humanos que golpea al país asiático desde la instalación, en agosto del año pasado, del gobierno de esa agrupación terrorista.
Ante la inminencia de la toma del poder por los talibanes -a causa del retiro de las tropas estadounidenses que ocupaban, desde 2001, Afganistán-, diversas organizaciones administradoras de esos centros de atención a víctimas de maltrato, optaron por cerrar operación, de acuerdo con lo señalado por el medio de comunicación francés, en una nota informativa que difundió el 2 de enero.
Citadas en el artículo, administradoras y trabajadoras de los refugios, proporcionaron detallado contexto de la situación.
En referencia a datos de Naciones Unidas, AFP precisó que 87 por ciento de las afganas ha sufrido alguna variante de agresión de género -lo mismo física, que sexual, o psicológica-.
No obstante esa realidad, “el país de 38 millones de habitantes tenía solo 24 refugios para su atención antes” de la consolidación del régimen, señaló.
La mayoría se mantenía operativa, con financiamiento de “la comunidad internacional”, precisó.
Esos centros de atención son, en general, “vistos con recelo por muchos locales”, de acuerdo con la versión periodística titulada “Mujeres agredidas en Afganistán empiezan a quedarse sin refugios”.
“Algunas organizaciones que manejaban refugios dejaron de hacerlo antes de la llegada de los talibanes”, puntualizó AFP.
La directora de una de esas entidades, quien habló a condición de no ser identificada, explicó que la agrupación a la que pertenece, “comenzó a trasladar mujeres de refugios, en provincias (política y socialmente) inestables, antes del retiro de tropas estadounidenses”.
“Algunas, volvieron a sus familias, con la esperanza de que las protegieran de sus familias políticas”, agregó la experta, en referencia a que las agredidas son, en números considerables, casadas -y una proporción importante, constituida por víctimas de matrimonio infantil, una práctica frecuente en Afganistán-.
“Otras, fueron trasladadas a refugios mayores, en capitales provinciales”, explicó.
AFP informó que, en zonas rurales, “con el avance de los talibanes, la situación se volvió desesperante”, de modo que aproximadamente un centenar de mujeres fueron trasladadas a instalaciones en Kabul -la capital nacional-.
La directora de la organización relató que, al irrumpir las fuerzas fundamentalistas, en la ciudad, “tuvimos que empezar de cero”.
Por su parte, una trabajadora en uno de los resguardos que se mantienen operativos, dijo que “combatientes y funcionarios talibanes han visitado, varias veces”, el lugar.
“Vinieron, miraron las habitaciones”, y, específicamente, “revisaron que no hubiera hombres”, precisó.
Una compañera de labores, agregó que “dijeron que este sitio no es seguro para las mujeres, que su lugar es en casa”.
En cuanto a la situación de indefensión de las víctimas de agresión de género, dos de ellas
-respectivamente identificadas como Zakia y Mina- indicaron que tal contexto existía antes de que los talibanes se hicieran del poder.
Zakia narró que acudió al Ministerio de Asuntos de la Mujer -clausurado por el régimen, y reemplazado por el Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio-.
Indicó que lo hizo en procura de ayuda para alejarse de su suegro, que la había amenazado con matarla.
“Ni siquiera me escucharon”, dijo.
Por su parte, Mina, quien, a la edad de 10 años huyó -con su hermana menor- de un tío abusivo, acudió a la institución.
La ahora adolescente de 17 años, relató que, en lugar de ayudarla, “el ministerio me acusó de mentir”.
Entretanto, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), emitió, sin fecha, al inicio de diciembre, su primera Alerta de Género para Afganistán.
La protección de los derechos y las libertades de la población femenina, en el país, pasa por la reconstrucción del movimiento de mujeres, el apoyo a los servicios para ese sector, y la vigilancia sobre las garantías fundamentales en general, planteó en el texto de 14 secciones contenidas en nueve páginas, con la denominación “Alerta de Género I: los Derechos de las Mujeres en Afganistán: Dónde estamos Ahora?” (“Gender Alert I: Women’s Rights in Afghanistan: Where are We Now?”).
Habiendo incluido ese planteamiento, en la sección Conclusión, ONU Mujeres denunció que, desde la toma de poder, el 15 de agosto, por el movimiento fundamentalista, los derechos de este estrato poblacional afgano han sufrido fuerte retroceso.
“Para salvaguardar los derechos y las libertades de las mujeres, ONU Mujeres propone (…) tres recomendaciones que mutuamente se refuerzan”, según lo señalado en el texto.
Se trata de “Reconstruir el movimiento de las mujeres afganas”, “Apoyar los servicios de las mujeres, por parte de las mujeres”, “Monitorear los derechos humanos”, indicó la entidad.
En primer lugar, planteó la necesidad de “reconocer a las mujeres afganas, no como víctimas sino como socias en igualdad, para informar sobre prioridades de políticas y toma de decisiones”.
“Este reconocimiento debe facilitarse a través de asociaciones con OSC (Organizaciones de Sociedad Civil) en Afganistán, ampliando las oportunidades de promoción que son impulsadas por mujeres afganas, e invirtiendo en maneras innovadoras de proporcionar apoyo financiero directo a estas OSC”, agregó.
En cuanto al segundo punto, señaló que se trata de “invertir, apoyar, y promover la participación de mujeres en asistencia humanitaria, como un imperativo para cubrir las necesidades de mujeres y niñas”.
“Esta acción requiere expansión y protección de espacios seguros convenidos para las mujeres, para que las mujeres tengan acceso a una gama de servicios que salvan vidas”, precisó.
En el tercer caso, se trata de “establecer un mecanismo independiente de monitoreo de los derechos humanos, para llevar a cabo investigaciones, así como reunir pruebas, sobre los derechos de las mujeres, para asegurar responsabilización ante el derecho internacional de los derechos humanos”, recomendó.
Igualmente, “fortalecer el mandato, en materia de derechos humanos, de la Misión de las Naciones Unidas para Asistencia en Afganistán (United Nations Assistance Mission to Afghanistan, UNAMA), con particular enfoque en el monitoreo de los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres”.
Surgido en 1994, en el marco de la guerra civil afgana (1992-1996), el grupo Talibán estuvo, desde 1996 hasta 2001, en control de aproximadamente tres cuartas partes de los algo más de 652 mil kilómetros cuadrados que constituyen el territorio afgano.
La violenta administración talibana -caracterizada por las brutales violaciones a los derechos humanos, en particular de las mujeres y las niñas- fue derrocada en diciembre de 2001, cuando Afganistán fue escenario de una invasión militar, encabezada por Estados Unidos.
No obstante esa derrota, el movimiento se mantuvo, desde entonces, en resistencia armada.
Tras el retiro, este año, de las tropas estadounidenses -las fuerzas extranjeras que mantenían la ocupación en el país asiático-, la ofensiva talibana logró el objetivo de derrocar al gobierno del presidente (2014-2021) Mohammad Ashraf Ghani, cuando tomó, el 15 de agosto, el control de Kabul -por lo tanto, del país-.
