Los narcodelitos figuran entre las principales causas de más mujeres en prisión, de acuerdo con lo indicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en su primer estudio sobre el tema
La proporción de población reclusa femenina viene creciendo, hace algunos años, habiendo aumentado algo más de 50 por ciento, señaló el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el informe que, titulado “Mujeres Privadas de Libertad en las Américas 2023”, dio a conocer el 26 de junio.
La situación deriva, principalmente, de políticas nacionales antidrogas, que suelen ser inflexibles, además de carecer de enfoque de género, aseguró la Cidh, en el texto de seis capítulos, contenidos en 175 páginas, que, no obstante el día de su difusión, presenta feche del 8 de marzo de 2023.
El caso de los países del Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala, Honduras-, considerado como una de las regiones más violentas a nivel global, es particularmente ilustrativo, indicó el grupo de trabajo especializado de la OEA.
En el sexto capítulo, referido a “Conclusiones y Recomendaciones”, la comisión informó que los “niveles de encarcelamiento (de mujeres) han tenido un aumento del 56.1% (…) con una tasa de 30 por cada 100.000 personas”.
“La tasa de población carcelaria femenina en las Américas es la más alta del mundo”, precisó.
Ello “deriva principalmente del endurecimiento de políticas criminales de drogas y de la falta de perspectiva de género para abordar la problemática”, explicó, además.
“Igualmente, en el Norte de Centroamérica, las políticas de combate contra la criminalidad organizada -caracterizadas por no incorporar un enfoque de género- se presentan como la causa del aumento en el encarcelamiento femenino, especialmente por los delitos de extorción y los vinculados con drogas”, puntualizó.
Al respecto, denunció que, “tanto las políticas de drogas como las adoptadas para combatir el crimen organizado se caracterizan por: i) falta de proporcionalidad en el tratamiento de estos delitos; ii) uso excesivo de la prisión preventiva; y iii) restricciones a beneficios que limitan el uso de la prisión”.
Tal cuadro de situación genera la feminización de los encarcelamientos derivados de sentencias relacionadas con tráfico de drogas.
En lo que tiene que ver con la población reclusa femenina, se trata de una realidad en general injusta, ya que las mujeres, en términos generales, no son líderes en esa actividad ilícita, sino que suelen ser víctimas de narcotraficantes y narcovendedores.
Son frecuentes los casos, entre otros, en los cuales parejas de narcotraficantes sentenciados a prisión son obligados, por los recursos, a proporcionarles drogas, en los horarios de visita.
Una proporción considerable de las visitantes es descubierta introduciendo las sustancias en los establecimientos penitenciarios, por lo que son detenidas, enjuiciadas, y condenadas a cumplir frecuentemente extensas penas de cárcel.
Sobre este aspecto, la Cidh aclaró que, “a pesar de que las mujeres generalmente carecen de liderazgo en la cadena delictiva, se enfrentan a mayores probabilidades de ser sometidas a proceso penal y detenidas por estos delitos que los hombres”.
“Ello, derivado de la falta de consideración, por parte de los operadores judiciales, de las circunstancias que rodean la comisión de delitos y de los factores personales que derivan en su involucramiento con estas actividades principalmente vinculados con discriminación, exclusión, pobreza, violencia y consumo de drogas, entre otras situaciones de preocupación”, denunció, a continuación.
En términos generales, los sistemas penitenciarios americanos carecen de trato diferenciado, según necesidades de género, para las poblaciones carcelarias femenina y masculina
Esto es aún más serio en los casos de reclusas en situación de particular vulnerabilidad, como lo son las privadas de libertad transexuales.
“En el marco de su encarcelamiento (…) el trato que las mujeres reciben es generalmente el mismo que el dado al resto de la población carcelaria, sin consideración de su género y sus necesidades especiales”, aseguró la comisión.
Lo anterior, “derivado de la falta de incorporación de una perspectiva de género en las políticas penitenciarias”, reveló, además.
“En este escenario, las mujeres se enfrentan a afectaciones diferenciadas, causadas principalmente por: i) ausencia de perspectiva de género en la recopilación de datos penitenciarios; ii) inadecuada infraestructura penitenciaria; iii) sometimiento a actos de violencia; y, iv) falta de atención a la salud con enfoque de género”, detalló.
“En adición, algunas mujeres privadas de la libertad pertenecen a grupos en especial situación de riesgo, lo cual se traduce en múltiples necesidades especiales y en mayores obstáculos para acceder a sus derechos”, siguió exponiendo.
“Entre estos grupos, se encuentran las mujeres embarazadas, en período de posparto, lactantes, quienes viven con sus hijas e hijas en prisión, y las mujeres trans”, agregó, a manera de ejemplo.
Para la atención de ese delicado contexto violatorio de derechos humanos, en el marco de los sistemas penitenciarios nacionales, la Cidh hizo particular mención de “la relevancia de priorizar el uso de medidas alternativas a la prisión”.
“Sin perjuicio de que varios Estados han adoptado esfuerzos para incorporar la perspectiva de género en la regulación y aplicación de alternativas, el encarcelamiento continúa presentándose como la respuesta prioritaria frente a determinados delitos”, precisó, a continuación.
“Además, las regulaciones que contemplan alternativas con perspectiva de género no incorporan este enfoque de manera comprehensiva”, señaló.
Eso, “puesto que, en su mayoría, las medidas adoptadas se basan únicamente en la función reproductiva o en el rol tradicional de cuidadoras de las mujeres, dejando fuera a aquellas que no cumplen con dichas condiciones”, continuó planteando.
“En particular, preocupa que en general, si bien se contempla la protección especial que merecen las mujeres embarazadas, madres o responsables de cuidado; los Estados no suelen incluir otros criterios diferenciales”, indicó, en ese sentido.
“Sumado a ello, en el acceso a estas medidas, las mujeres se enfrentan al uso de estereotipos de género sobre el rol de la mujer que limitan el empleo de alternativas, y obstáculos materiales que las excluyen como beneficiarias”, agregó, siempre en calidad de denuncia.
La Cidh reveló, a continuación, que, “asimismo, se presenta una generalizada escasez de mecanismos de supervisión y acompañamiento respetuosos del enfoque de género”.
Al dar a conocer, en junio de 2016, el estudio “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina”, varias entidades de cobertura continental, incluidas la OEA y la estadounidense Washington Office for Latin America (Oficina de Washington para América Latina, Wola) también denunciaron la situación.
El grupo hizo puntual referencia a la feminización de los encarcelamientos por delitos menores relacionados con drogas, y el desmedido impacto de ello en la población femenina en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
“El uso de la cárcel como respuesta frente a las drogas ha afectado desproporcionadamente a las mujeres”, denunciaron, en el texto de 50 páginas.
“En Argentina, Brasil y Costa Rica, más del 60 % de la población carcelaria femenina está privada de libertad por delitos relacionados con drogas”, agregaron, como ejemplo.
“Muchas de ellas tienen poca educación, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de personas dependientes –niños/as, jóvenes, personas de mayor edad o con discapacidad–“, informaron.
“A pesar de que llevan la peor parte de las políticas punitivas, estas mujeres rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad”, aclararon.
“La mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel, pero de alto riesgo -distribución de drogas a pequeña escala o por transportar drogas-, como una manera de enfrentar la pobreza o, a veces, por la coacción de una pareja o familiar”, puntualizaron.
De modo que “su encarcelamiento poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la seguridad pública”, plantearon.
En ese sentido, advirtieron que, “por el contrario, la prisión suele empeorar la situación, dado que reduce la posibilidad de que encuentren un empleo decente y legal cuando recuperan la libertad, lo que perpetúa un círculo vicioso de pobreza, vinculación a mercados de drogas y encarcelamiento”.
Al respecto, aseguraron, en calidad de recomendación, que “todo esto incrementa la demanda de protección social por parte de los Estados que, en general, suele ser desatendida”.
Foto: Jimmy Chan
