La ley que amplía la tipificación el femicidio, en Costa Rica, significa cerrar una deuda histórica con la población femenina del país, planteó la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Marcela Guerrero.
Con el nuevo instrumento legal, se facilita la lucha contra la impunidad, en materia de violencia de género, en la nación centroamericana, agregó la ministra, al participar en la firma presidencial del texto.
De este modo, se apunta a que la más brutal manifestación de machismo agresor no quede impune, de acuerdo con lo expresado por la titular del Inamu, durante la ceremonia llevada a cabo, el 23 de agosto, en la Casa Presidencial.
“Esta ley salda una deuda histórica con las mujeres, hace justicia con las familias víctimas de femicidio, y enfrenta la impunidad, velando para que todo el peso de la ley caiga contra todo aquel que mata a la mujer por el hecho de ser mujer”, indicó Guerrero, una ex parlamentaria.
“Con la firma de la ley de femicidio ampliado en Costa Rica, los operadores de justicia podrán castigar con pena de cárcel hasta por 35 años a los femicidas, sin que medie relación alguna con la víctima”, explicó, en términos generales.
Guerrero firmó la legislación, conjuntamente con el presidente costarricense, Carlos Alvarado, y la ministra de Justicia, Fiorella Salazar.
En la actividad, también estuvieron presentes la primera dama, Claudia Dobles, y las parlamentarias Nielsen Pérez y Paola Vega -ambas por el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC)-, quienes impulsaron el correspondiente proyecto de ley.
Por su parte, el presidente costarricense dijo que “la firma de esta ley amplía y fortalece las herramientas jurídicas para sancionar los distintos tipos y grados de violencia contra las mujeres”.
Ello, “ofreciendo mayor protección a las víctimas, testigos, y denunciantes del flagelo de la violencia de género en nuestro país”, subrayó.
Entre otros componentes, la nueva ley -aprobada el 12 de agosto, por mayoría de la Asambleas Legislativa (parlamento unicameral)- determina el castigo, así como los contextos en los cuales el asesinato de una mujer se tipifica como femicidio.
“Se impondrá pena de prisión de 20 a 35 años cuando la persona autora se haya aprovechado de una relación o vínculo de confianza, amistad, de parentesco, de autoridad o de una relación de poder que tuviera con la mujer víctima o bien, cuando el hecho hubiera ocurrido dentro de las relaciones familiares de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado; sea que vivieran o no bajo el mismo techo”, señala.
También prevé que “las mismas penas de prisión aplican cuando la persona autora tenga antecedentes de violencia contra la mujer víctima, sea en el ámbito familiar, laboral, estudiantil, comunitario o religioso, aun cuando los hechos no se hubieran denunciado”.
Las disposiciones contenidas en el texto serán aplicables, asimismo, “cuando la persona agresora sea cliente explotador sexual, tratante o proxeneta de la mujer víctima; cuando la mujer víctima se haya negado a establecer o restablecer con el agresor una relación o vínculo de pareja permanente o casual, o a tener cualquier tipo de contacto sexual”.
Igualmente, “cuando la persona autora comete el hecho para preparar, facilitar, consumar u ocultar un delito sexual; cuando haya cometido el hecho utilizando a la víctima como un acto de venganza, represalia o cobro de deudas en crímenes organizados de narcotráfico y delitos conexos y cuando el hecho se haya dado debido a la participación, el cargo o la actividad política de la mujer víctima”.
Al informar sobre la actividad, el Ministerio de Comunicación indicó que, “en la actual Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, que rige hasta el año 2032, se subraya que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana y de salud”.
“A esa realidad se suma que una de las movilizaciones más fuertes que enfrenta día a día la Fuerza Pública tiene que ver con violencia contra las mujeres”, precisó el ministerio, en un comunicado.
También citó cifras del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, entidad del Poder Judicial, según las cuales, el período 2007-2019 registró 355 asesinatos de mujeres por parte de esposos o compañeros sentimentales, mientras que durante 2020 ocurrieron 23.
