La decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador, en cuanto a archivar un proyecto de ley para la despenalización del aborto, fue severamente criticada por organizaciones feministas locales.
Las agrupaciones coincidieron en condenar la medida que el parlamento unicameral del país centroamericano acordó el 19 de mayo, ya que consideran que es violatoria de los derechos de las mujeres, según declaraciones reproducidas por medios de comunicación lo mismo locales que internacionales.
La iniciativa de ley es impulsada desde 2016, a nivel legislativo, por varias de esos organismos de la sociedad civil local.
Entre sus objetivos centrales, el proyecto apunta a que el aborto sea despenalizado en los casos en que la vida de la mujer esté en riesgo, cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida, lo mismo que si el embarazo es resultado de violación.
La brutalmente machista legislación vigente en El Salvador, en materia de inflexible prohibición de abortar -aunque sea por causas naturales-, ha significado la condena -con penas de por lo menos 30 años de prisión- de decenas de mujeres.
El sistema judicial considera que el aborto, en cualquier contexto, constituye el delito de homicidio, a causa de lo cual, a diciembre del año pasado, por lo menos 17 salvadoreñas cumplían condena.
Según lo indicado en nota informativa que publicó el 19 de mayo de este año, el diario español El País estimó que, “entre 2000 y 2014 al menos 49 mujeres han sido condenadas por delitos relacionados con la penalización del aborto y las autoridades han denunciado a otras 250 mujeres por abortar”.
Algunas detenidas han logrado, a raíz de complejos trámites legales, su puesta en libertad, dos de los casos más recientes habiéndose registrado en 2020.
Controlada por el cuestionado presidente salvadoreño, Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa asestó un severo golpe a la lucha por los derechos de las salvadoreñas, de acuerdo con lo evaluado por las agrupaciones defensoras, en declaraciones reproducidas por el periódico europeo.
En ese sentido, la dirigente feminista Morena Herrera -quien integró la guerrilla (1980-1992) del ahora ex gobernante (2009-2014, 2014-2019)- evaluó como errónea la decisión mayoritaria del parlamento, y advirtió que “las mujeres se movilizarán para exigir, a la Asamblea, que tome en cuenta sus derechos, y aprueben una legislación a favor del aborto”.
“En El Salvador sigue siendo urgente la modificación de la legislación penal sobre aborto porque hay evidencia de niñas de 10 años embarazadas, que deberían tener posibilidad de interrumpir su embarazo”, denunció Herrera, cofundadora de las organizaciones Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, y Las Dignas, además de, actualmente, desempeñarse, asimismo, como presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto.
“También siguen muriendo mujeres, lo que refleja que el personal médico tiene inseguridad jurídica para proceder y salvar la vida de ellas”, dijo, a continuación.
La activista hizo, así, alusión al hecho de que, por imposición establecida en la legislación vigente, los profesionales deben denunciar, a las autoridades correspondientes, cualquier caso en que alguna paciente sufre un aborto, ya que, no informar, acarrea severas sanciones.
Herrera advirtió, asimismo, respecto a la reciente decisión de la mayoría parlamentaria, que las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, “vamos a exigir que corrijan el error y aprueben la despenalización, porque es un problema de salud de las mujeres”.
Por su parte, la también dirigente feminista Sara García, planteó, en la red social Twitter, que, “en el país se criminaliza a las mujeres injustamente, se les persigue y estigmatiza”.
“Se imponen embarazos a niñas”, expresó, a continuación, en un video que difundió por ese medio.
“Esta es la realidad concreta que tenemos las salvadoreñas”, contexto en el cual, la decisión parlamentaria, “es lamentable, porque no puede ser que esta Asamblea haga acciones que van en detrimento de nuestros derechos humanos”, precisó.
Al denunciar que la medida no fue abordada que las organizaciones que cinco años impulsan el proyecto, García indicó que “ni siquiera escucharon a las mujeres que hemos acuerpado estos proceso”.
“Exigimos que nos expliquen los motivos por los que están archivando una propuesta que tiene que ver con la dignidad de las mujeres salvadoreñas”, planteó, además de definir la acción como “una grave violación de derechos humanos y una vergüenza internacional para El Salvador”.
Fruto de complejas gestiones legales y de presión internacional, dos salvadoreñas injustamente detenidas en el marco de la severa legislación antiaborto, obtuvieron, el año pasado, la libertad.
Se trata de Cindy Erazo y Evelyn Hernández.
Erazo, quien fue condenada, en 2015, a 30 años de prisión, apeló la pena logrando, al año siguiente, se redujera a 10 años.
Entre las gestiones llevadas a cabo por su defensa, la salvadoreña obtuvo, en 2019, el beneficio de visitar, un día por semana, a su familia, incluido su hijo de menor, lo que le fue retirado en 2020.
No obstante lo cruel, esa prohibición permitió que sus abogados gestionasen, exitosamente, la libertad condicional, lo que se concretó el año pasado.
Por su parte, Hernández fue detenida, en 2016, a raíz de que, en el contexto de parto en el baño de su vivienda, su bebé nación sin vida.
Esta mujer fue acusada de haber cometido homicidio agravado, cargo por el cual fue condenada a 30 años de prisión.
Sin embargo, como resultado de intensa presión internacional, fue absuelta, cuatro años después.
Junto con el proyecto de despenalización del aborto, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa salvadoreña también archivó dos iniciativas de ley que apuntan a combatir la discriminación de la cual son objeto, en el país centroamericano, las personas sexualmente diversas.
