Un fiscal provincial argentino redujo la magnitud de los cargos formulados contra los acusados en un caso de violación grupal de una adolescente -lo que podría determinar la liberación de los detenidos-, acción que ha generado masivo repudio lo mismo gubernamental que de la sociedad civil.
En alusión al caso, la psicóloga y trabajadora social Eva Giberti, aseguró, al diario argentino La Nación, que la conducta del fiscal no constituye un caso aislado, y denunció que, en el Poder Judicial del país sudamericano, imperan el machismo y el odio hacia las mujeres víctimas de violencia sexual, con visos de sadismo y de perversidad.
Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez, aseguró, en el marco de una actividad oficial en la sureña provincia argentina de Chubut -donde ocurrió la violación de la menor-, que la conducta del fiscal refleja una manera de trabajo del Poder Judicial.
El crimen ocurrió en setiembre de 2012, en el marco de una fiesta en la costera localidad balnearia de Playa Unión, próxima a la ciudad de Rawson, la capital provincial-.
La menor fue violada por un grupo de hombres conocido como “La Manada de Chubut”, según lo identificaron, en redes sociales, organizaciones participantes en el movimiento mundial feminista contra la violencia de género denominado #NiUnaMenos.
Ante la fuerte presión social, la Fiscalía de Rawson involucró en el caso, a mediados del año pasado, a cino hombres, a quienes tipificó el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, que, según el Código Penal argentino, implica pena de seis a quince años de prisión, la que, en el caso de participación de dos o más agresores, se eleva al rango de ocho a 20 años.
Los acusados son Luciano Mallemaci, Leandro del Villar, Marcelo Ezequiel Quintana, Tomás Soriano, Robertino Viglione.
De acuerdo con lo informado, el 4 de junio, por La Nación, los acusados tienen vínculos con el establishment empresarial-político provincial.
Mallemaci, “es hijo del dueño de una inmobiliaria reconocida en Puerto Madryn”, una localidad de Chubut, y su más reciente empleo “fue en una empresa cordobesa que se dedica a elaborar piezas de hormigón”, informó el diario.
En cuanto a Del Villar “su actividad en la ciudad costera estuvo vinculada a las carreras de karting, como aficionado, y a los deportes en general”, mientras “su actividad comercial está vinculada hoy al transporte de pasajeros”, agregó.
Por su parte, Quintana “está registrado en los rubros de servicios jurídicos de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)”, e “integra, junto a miembros de su familia, la firma Antequino S.A., dedicada a la construcción”, precisó.
En cuanto a Soriano, indicó que “pertenece a una reconocida familia de empresarios que tiene campos y emprendimientos turísticos en la costa de Chubut”, además de que, “en los Estados Unidos manejaba la compañía Patagonian Sea”.
Viglione es “familiar directo de quien se desempeñó como gobernador de Chubut desde 1983 a 1987 (…) Atilio Oscar Viglione”, agregó.
El fiscal del caso, Fernando Rivarola, desvinculó, a Soriano y a Viglione, del delito.
Los otros tres -Mallemaci, Del Villar, Quintana- admitieron participación en el crimen, por lo cual Rivarola planteó la realización de un juicio abreviado, para lo cual recalificó el delito a “accionar doloso de desahogo sexual”, equivalente a “abuso sexual simple”, castigado, según el Código Penal, con penas que van de seis meses a cuatro años de prisión, las que suben a tres a 10 años de prisión cuando los atacantes son dos o más.
La conducta de Rivarola desencadenó masivo repudio, con fuertes críticas formuladas por sectores que van desde el gobierno nacional hasta organizaciones de la sociedad civil, pasando por el gobierno provincial y el Poder Legislativo nacional.
Un de las más fuertes condenas contra la conducta del fiscal -y en cuanto al Podxer Judicial argentino, en general- fue formulada por Giberti, de 91 años, quien durante aproximadamente seis décadas viene proporcionando acompañamiento a víctimas de abuso sexual.
La del Poder judicial argentino, “es una estructura patriarcal, verticalista, machista, segregacionista y prejuiciosa”, que “tiene todas las idiosincrasias habidas y por haber que marcan a quienes tienen en sus manos la administración de la Justicia como personas peligrosas”, comenzó a plantear, a La Nación.
“Cuando caen en su órbita mujeres que son víctimas de delitos sexuales, corren serios peligros, porque (los administradores de justicia) son personas en las que se pueden mezclar el sadismo, el odio hacia la mujer y sus propios problemas personales en una especie de caduceo donde distintas perversiones los lleven a tener conclusiones que son a su vez perversas”, agregó.
De modo que “el caso del fiscal (Rivarola) no me extraña nada”, porque “hemos visto conclusiones semejantes”, explicó.
No obstante la crítica situación descrita, Giberti aseguró que “ha habido cambios en la Justicia con gente joven, fiscales, jueces y juezas que desde la perspectiva de género introdujeron nuevas miradas para la lectura de los delitos de integridad sexual”.
Por lo tanto, “soy optimista porque soy psicoterapeuta y tengo que serlo, porque creo en las posibilidades de reparación de la víctima y modificación de las conductas violentas”, indicó la experta, quien, además de haber impulsado diversas iniciativas en el campo del abuso sexual es coordinadora del programa del Ministerio de Justicia y derechos humanos, denominado Las Víctimas Contra las Violencias, cargo que desempeña desde 2006, cuando el programa fue creado.
“Pero al mismo tiempo tengo muy claro que a la gente perversa no se la puede modificar y goza haciendo perversidades, diciéndolas y comprometiéndose con ellas, porque forman parte de su vida”, reafirmó, para denunciar que, “todas esas perversidades han sido inoculadas a lo largo de los años en la cabeza de quienes administran Justicia”.
“Lo doloroso es pensar en las víctimas y lo esperanzador en la lucha permanente que llevamos las mujeres adelante y en la que las jóvenes están tomando el partido con mucha energía y ganas”, reflexionó, además de expresar que “hemos aprendido a denunciar, a no callarnos la boca y a empoderarnos”.
Otra de las voces de condena a la conducta de Rivarola es la de Gómez, quien, en declaraciones a periodistas, en el marco de una actividad oficial en Chubut, dos días después de publicadas las declaraciones de Giberti, planteó la necesidad de que la visión de género sea parte de la gestión del poder Judicial.
“El dictamen del fiscal Fernando Rivarola es emblemático, y esperamos que este caso sirva para impulsar una verdadera transformación del Poder Judicial -en Chubut y en todas las provincias-“, para llegar a “contar con un Poder Judicial con perspectivas de género”, y saldar, así, “una de las mayores deudas que tiene aún la Argentina”, reflexionó la ministra.
A partir del caso de Rivarola, “trabajamos (…) para poner en agenda una deuda histórica que es cómo pensar un Poder Judicial con perspectiva de género”, y “hablamos sobre cómo poner en la agenda política y judicial las transformaciones que necesitamos para que no tengamos que seguir alarmándonos frente a cada uno de estos hechos, como el que nos trajo hasta acá”, dijo, luego de una reunión con autoridades provinciales en el área de desarrollo social.
Lo actuado por el fiscal, “no es un caso aislado, ni una situación particular, sino que es un modo, centralmente, en el cual trabaja el Poder Judicial, por una cantidad de efectos, de problemas estructurales, que intentamos listar o poner en agenda”, precisó.
Esos problemas estructurales incluyen “a falta de mujeres en los cargos jerárquicos del Poder Judicial”, así como “la ausencia de estándares probatorios diferenciados para los distintos tipos de delitos contra la integridad sexual, sobre todo vinculados a violencia por motivos de género”, puntualizó, a manera de ejemplo.
La ministra advirtió, además, que “hay que entender que esto no es optativo” sino que se trata de “una obligación estatal, por los compromisos internacionales que asumimos”.
Por su parte, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anuncio, el 4 de junio, que solicitará la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación -conocido como jury-, en el caso del fiscal.
Además, rcioni expres+o, en la red social Twitter, su “repudio absoluto a las declaraciones del fiscal Rivarola”, y aseguró que “son aberrantes sus expresiones, en una sociedad que queremos sea más justa”.
“Estamos analizando los planteos correspondientes para no dejar esta causa impune”, advirtió.
La conducta de Rivarola fue también repudiada a nivel del bicameral parlamento argentino.
Roxana Reyes, parlamentaria por la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), quien preside la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, impulsa una declaración en la que se solicita, en fuertes términos, al Poder Judicial de Chubut, que “se articulen los mecanismos necesarios para el proceso de remoción del fiscal Fernando Rivarola fundado en su desconocimiento supino del derecho y por la falta de perspectiva de género en su accionar”.
El proyecto de declaración incluye el “enérgico repudio a las manifestaciones del fiscal Fernando Rivarola de la Provincia de Chubut, quien justificó como ‘un accionar doloso de desahogo sexual’ lo que se caratulara como abuso sexual agravado por tratarse de un hecho de violación en manada”.
Al referirse a lo actuado por el cuestionado fiscal, la legisladora expresó que “es inadmisible que un funcionario público califique, de esta manera, un hecho de semejante salvajismo”, lo que “evidencia la falta absoluta de perspectiva de género, y el desconocimiento absoluto de los derechos humanos de quienes ejercen funciones importantísimas en nuestro Estado».
Y agregó que “la minimización de estos hechos, y el accionar del fiscal, refuerzan patrones culturales que intentamos, a diario, desterrar, sobre la cosificación de las mujeres, y la cultura de la violación”.
En ese sentido, reflexionó que “estamos ante una doble violencia físico-sexual: una, por parte de los violadores que llevaron a cabo el hecho, y otro tipo de violencia institucional, por parte del fiscal que minimiza los hechos y dice cosas aberrantes”.