El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que está en trámite en el bicameral parlamento de Argentina, es una demanda del movimiento femenino, aseguró la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez.
También lo ha exigido la población trans del país centroamericano, indicó la ministra, en declaraciones al periódico chileno La tercera.
Se trata de una promesa de campaña electoral que el centroizquierdista presidente argentino, Alberto Fernández, está cumpliendo, señaló Gómez, quien indicó que la población nacional está dividida entre quienes apoyan totalmente, respaldan parcialmente, y se oponen al proyecto de ley.
La iniciativa fue aprobada el 11 de este mes, con 131 votos a favor -frente a 117 en contra, y seis abstenciones-, en la Cámara de Diputados -con 257 integrantes-, mientras su debate y votación están programados para el 29, entre los72 senadores, en el contexto de polarización social que el tema viene generando desde el inicio, hace alrededor de dos años, de su continuo debate.
“Esta, es una demanda del movimiento de mujeres (…) es una demanda centralmente del movimiento de mujeres y de la diversidad”, expresó la ministra.
“Es una demanda que la política toma o recoge, justamente, de un actor que, en Argentina, es un actor clave, es un actor muy dinámico, que en los últimos cuatro años ha sido un actor colectivo de enorme resistencia”, agregó, en alusión al movimiento femenino del país sudamericano.
“Fue una promesa de campaña”, y el Poder Ejecutivo, “efectivamente, ha tomado esa demanda”, reflexionó.
En cuanto a la polarización de la sociedad argentina -desde que el tema comenzó a debatirse, en 2018, a nivel parlamentario lo mismo que de población-, Gómez indicó que “creo que es muy grande la parte de la población que está de acuerdo con no penalizar las interrupciones del embarazo”.
Asimismo, “creo que hay una parte muy importante que entiende que es correcto legalizarla, además de no penalizar, y creo que hay otra parte de la población que está a favor de la penalización y en contra de la despenalización”, planteó.
“Lo que hay que tener en cuenta es que el Poder Ejecutivo Nacional envió el proyecto de ley con una clara mirada de salud pública”, aclaró la primera titular que tiene el ministerio, que funciona desde el 10 de diciembre de 2019, fecha de la asunción presidencial de Fernández para el período 2019-2023.
La ministra mencionó algunas cifras que apoyan, dramáticamente, la promoción presidencial de la propuesta de ley.
“Tenemos una estimación de entre 370 mil y 520 mil abortos clandestinos por año, pero eso es una estimación”, comenzó a informar.
“Sí, tenemos datos estadísticos sobre la cantidad de egresos hospitalarios vinculados a abortos inseguros, que, para el 2019, fueron cerca de 39 mil, es decir, 39 mil mujeres que corrieron riesgo su salud o su vida producto de abortos clandestinos”, continuó explicando.
“Y tenemos un número de más de 3.000 mujeres muertas por los abortos clandestinos e inseguros desde el regreso a la vida democrática”, denunció, a continuación.
Gómez se refirió al fin del más reciente período dictatorial militar argentino (1976-1983).
“Nosotros, lo que entendemos es que, de sancionarse la ley, nadie va a ser obligada a llevar adelante una interrupción de su embarazo”, y “lo que tenemos que asegurar son condiciones de seguridad”, agregó.
“También hay una cuestión de justicia social, que es asegurar que aquellas que están decididas a llevar adelante su interrupción lo puedan hacer en condiciones seguras, tanto las que pueden pagar como las que no”, subrayó.
El proyecto es necesario por el precario contexto social que, en esta materia, presenta elk ámbito sanitario, según lo expresado por la funcionaria, una abogada, socióloga, defensora de los derechos de las mujeres.
“Justamente, por eso es necesario: (…) la cantidad de egresos hospitalarios, de mujeres muertas producto de los abortos clandestinos, las dificultades para llegar con la educación sexual integral en algunos lugares de nuestro país”, dijo.
Ante ello, “es la primera vez en la historia de nuestro país que un Poder Ejecutivo (…) envía el proyecto”, expresó.
“Lo hace junto con otro proyecto más, que es un proyecto que se lo conoce como Mil Días, que es un proyecto de acompañamiento y de cuidado integral de la salud de las mujeres embarazadas, de los primeros tres años de vida de las niñas y los niños”, puntualizó, en mención de la iniciativa denominada Programa de los Mil Días.
“Ese proyecto, busca asegurar que ninguna mujer que se encuentra en situación de vulnerabilidad social o económica se vea obligada o coaccionada o compelida a interrumpir su embarazo, producto de esa vulnerabilidad”, siguió precisando.
Fernández anunció, a sus compatriotas, la mañana del 17 de noviembre -a menos de un mes de cumplir el primer año de su mandato-, la presentación, al parlamento, de ambas propuestas de ley.
“Estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública, y que, con ello, estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda”, dijo, entonces, el mandatario.
Al detallarlos proyectos, indicó que, uno de ellos, apunta a legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren la salud y la vida de las mujeres.
Mediante la otra iniciativa, se procura crear el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de las mujeres, durante el embarazo, y de sus hijos e hijas, durante los primeros años de vida, señaló.
Respecto a la penalización del aborto, Fernández planteó que se trata de una medida no sólo carente de utilidad sino causante de riesgo para la salud de numerosas mujeres.
“La criminalización del aborto, de nada ha servido: solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes”, subrayó.
“La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros”, puntualizó, al refutar planteamientos formulados por sectores opuestos al proyecto de ley.
En su diálogo con La Tercera, Gómez se refirió a otras iniciativas gubernamentales, que muestran que, en la administración de Fernández, “hay una enorme decisión política de transversalizar la perspectiva de género”.
“Y hay que decir que, además, en Argentina el movimiento de mujeres logró imponer una agenda política (…) eso es clave”, expresó, para reafirmar que “hay una agenda política a la cual, quien gobierne, tiene que poder dar respuestas, porque se impuso esa agenda”.