Bielorrusia -país del este europeo gobernado, hace casi tres décadas, por el dictador Aleksandr Lukashenko- es uno de los espacios, a nivel mundial, donde, en el marco de brutal represión antiopositora, las defensoras de los derechos humanos son implacablemente perseguidas.
En tal contexto de opresión selectiva -en el cual las mujeres desempeñan un destacado liderazgo en filas antigubernamentales-, el régimen criminaliza la labor que llevan a cabo las defensoras.
Al denunciar la situación bielorrusa, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la irlandesa Mary Lawlor, y otros especialistas en la materia, calificaron de esencial el trabajo de estas activistas.
“En la práctica, Bielorrusia ha criminalizado el trabajo relacionado con las garantías fundamentales cuando éstas son más esenciales que nunca”, indico la docena de expertos y expertas, en un comunicado conjunto sobre el cual Noticias ONU, la agencia informativa de Naciones Unidas, informó el 3 de noviembre.
“En Bielorrusia, como en muchos otros países, las mujeres necesitan una valentía especial para enarbolar los derechos humanos”, precisó el grupo, en alusión a las masivas manifestaciones -con participación de hasta cien mil personas, solamente en Minsk, la capital nacional- que viene realizando la oposición al presidente Aleksandr Lukashenko.
Se trata del único presidente que Bielorrusia -país independiente desde 1991, año en el cual se desmanteló la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas (USSR, 1922-1991)- ha tenido desde que en 1994 fue aprobada la Constitución de la nación europea sin salida al mar.
Lukashenko ha sido, oficialmente, el triunfador en las cinco elecciones presidenciales bielorrusas que han tenido lugar en casi treinta años -respectivamente, en 1994, 2001, 2006, 2010, 2020-, todas, según ha denunciado la oposición, fraudulentamente ganadas por el autoritario gobernante.
La más reciente -realizada el 6 de agosto de este año- fue seguida por impresionantes manifestaciones que, no obstante su condición de protestas pacíficas, han sido brutalmente reprimidas por fuerzas de seguridad.
Además de encarcelar a líderes antigubernamentales -una proporción considerable, integrada por mujeres- o a familiares, obliga, a los dirigentes quienes logran hacerlo, a buscar protección en otros países, mediante el exilio.
“Las defensoras bielorrusas son un blanco de persecución en la respuesta de mano dura de las autoridades contra las manifestaciones de protesta que tienen lugar en el país desde agosto pasado tras la celebración de las elecciones presidenciales”, declararon los firmantes del comunicado.
Al respecto, y citada por Noticias ONU, la relatora especial de Oacnudh denunció que, en el lapso de solamente un mes -del 6 de setiembre al 6 de octubre-, por lo menos tres defensoras fueron detenidas, y puntualizó que, bajo cargos arbitrariamente tipificados, están sometidas a procesos judiciales.
Se trata de Maria Rabkova, Irina Sukhiy, y Marina Dubina, indicó Lawlor.
Rabkova es una voluntaria coordinadora de un centro de derechos humanos que documenta el respeto a la libertad de asamblea y otras garantías fundamentales, dijo la funcionaria.
Esta activista, quien fue detenida en setiembre, enfrenta condena de seis meses a tres años de prisión, acusada – con apoyo en el Código Penal nacional- de haber capacitado, a personas, “para participar en motines”, indicó.
El cargo que le fue tipificado “equivale a la criminalización del trabajo por los derechos humanos”, razón por la cual “las autoridades bielorrusas deben liberarla, de inmediato, y retirar las acusaciones en su contra”, planteó Lawlor.
En cuanto a Sukhiy y Dubina, integrantes de una organización no gubernamental ambientalista, fueron detenidas bajo cargos de violación de los procedimientos para llevar a cabo una protesta, agregó.
La arbitrariedad de estas acusaciones queda evidenciada, por ejemplo, en el hecho de que, “a medida que el caso ha evolucionado, las autoridades han cambiado las fechas de las protestas en cuestión: se dio una fecha cuando se les arrestó, y otra cuando se les sentenció en el tribunal”, señaló la relatora especial, quien indicó que “ambas recibieron condenas cortas detención administrativa”.
Lawlor considera que las irregularidades en el manejo judicial de los tres casos, son “sumamente preocupantes”.
“La falta de consistencia en la acusaciones formales contra ellas suscita preguntas sobre la base legal de su detención, y de la sentencia subsecuente”, advirtió.
La experta reflexionó en el sentido de que, “cuando se incrementa el riesgo de violaciones de las garantías fundamentales, el trabajo de documentación que hacen los activistas es crucial”.
Y agregó que, por lo tanto, “los defensores no deben ser castigados por hacer su labor”.
