Bolivia está en modo de guerra al patriarcado, para combatir la indetenible violencia de género, según lo anunciado por el gobierno del izquierdista presidente Luis Arce.
Los 108 femicidios registrados por la Fiscalía General del Estado (FGE), para 2021, marcan un imperceptible descenso respecto a los 213 correspondientes a 2020, de acuerdo con las cifras oficiales.
Esos datos indican, asimismo, que mujeres constituyeron la abrumadora mayoría de las víctima de la violencia doméstica ocurrida el año pasado.
Al declarar 2022 como “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización”, el gobierno se apresta a emprender una serie de acciones preventivas, con miras a lograr el objetivo de que las bolivianas vivan libres de violencia de género, anunció, el 7 de enero, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
La funcionaria señaló que, en el marco de la iniciativa, contenida en el Decreto Supremo 4650, “desde diferentes instituciones se generarán acciones de prevención”, a partir de “un cambio cultural, para evitar la violencia de género, mediante la descolonización y despatriarcalización”.
También informó que, “durante 2021, nueve de cada 10 víctimas de violencia familiar o doméstica fueron mujeres”.
“Estos datos, no sólo deben llamarnos a la reflexión sino a una movilización y acción constante”, planteó.
En ese sentido, números del Ministerio de Justicia, conocidos simultáneamente, revelaron que alrededor de la mitad de las denuncias que esa institución recibió, el año pasado, se refirió a agresión contra mujeres.
En cuanto a los femicidios, la FGE indicó, mediante un comunicado que emitió el 1 de enero, que, de los 108 casos, en 83 fueron identificados los respectivos agresores.
“Los departamentos (provincias) con mayor incidencia son La Paz con 43 casos; la oriental Santa Cruz con 17, seguido de la central Cochabamba con 15”, de acuerdo con la misma fuente oficial.
Por su parte, el Instituto de Investigaciones Forenses (Idif), de la FGE, informó, respecto a los grupos etarios con mayores números de casos, que 44 de las víctimas se ubicaron en el rango de 21 a 30 años, mientras que 24 estaban en el sector de 31 a 40, y otras 13 en el de 41 a 51.
En términos generales, las mujeres fueron asesinadas, principalmente, por asfixia, y, en proporciones descendentes, golpes, intoxicación, mediante uso de arma de fuego.
De acuerdo con lo informado por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a partir de datos de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género, el registro oficial de denuncias por incidentes de ese tipo de violencia, en términos generales, fue de 46.774, la mayoría de los cuales -algo más de 37 mil- se enmarcaron en “violencia familiar o doméstica”.
En segundo lugar, entre las agresiones más señaladas a la fiscalía, se ubicó el abuso sexual (2.638 casos), seguido por violación a adultas (2.249), violación a niñas, niños, o adolescentes (2.078), estupro (1.548), según la fiscalía.
El mayor número de casos se registró en los departamentos de Santa Cruz (17.831), La Paz (9.293), y Cochabamba (6.800), de acuerdo con esa dependencia.
Lanchipa indicó, además, que, en la atención de los hechos de violencia de género, el personal del Ministerio Público (MP) se esfuerza por evitar que las denunciantes se sientan revictimizadas.
También informó, al respecto, que la dependencia judicial implementa medidas protectivas en amparo de las sobrevivientes de agresión.
Respecto al caso del andino y mediterráneo país sudamericano, la representante de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en Bolivia, Nydia Pesántez, dijo, en declaraciones que formuló, hace poco más de un año, a un medio de comunicación local, que el contexto, en materia de violencia machista, es similar al de otros países del área.
Ello, sin perjuicio de que cuenta con legislación eficaz, expresó, en la declaraciones reproducidas, el 30 de noviembre de 2020, por el periódico Página Siete.
“La situación que vive Bolivia es la situación que vive la mayoría de los países de la región”, planteó.
Para combatir el fenómeno social y de seguridad, “el esfuerzo va a tener que ser más grande que el que nos imaginamos”, advirtió.
“Bolivia tiene algunas ventajas en términos de la igualdad formal”, ya que “cuenta con la Ley 348, en la que se tipifican 16 formas de violencia, y en la que se le dice, a la población y al Estado, que la violencia no es un tema privado, que es un delito”, aseguró.
“Sin embargo, y a pesar de la ley, vemos que los feminicidios no han bajado a lo largo de los años”, agregó.
En opinión de Pesántez, “para enfrentar la violencia necesitamos dos elementos básicos”.
Por una parte, “el conocimiento profundo de la norma, de los derechos humanos, de los protocolos, y el otro nivel esencial es la sensibilidad, la empatía, la capacidad de ponernos en los zapatos de la otra persona”.
“Estas dos cosas deben conjugarse en el personal de las instituciones”, recomendó.
“Para tener esta sensibilidad tenemos que entender las causas profundas de la violencia, porque lo que suelen decir los operadores es que las mujeres vuelven con los esposos, o con sus parejas”, agregó.
“Pero, hay que comprender por qué regresan”, lo que “es parte esencial”, reflexionó.
En ese sentido, explicó que “las razones son muchas: la afectividad, el mandato social, les enseñaron que son el pilar de la familia y que tienen que aguantar para garantizar la unidad familiar, y también está el tema económico”.
