Bolivia tiene la doble responsabilidad, como Estado, de proteger, a niñas y adolescentes, contra la violencia sexual, y de garantizarles el derecho a la salud sexual y reproductiva, planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Al cumplir estas obligaciones, debe tomar en consideración la vulnerabilidad en la que ese sector poblacional se encuentra, por razón de género y de estamento etario, agregó la Cidh, en un comunicado que difundió el 2 de noviembre.
Ello, en el contexto, que la entidad señaló, de violencia contra mujeres y menores, que registra el mediterráneo país sudamericano.
En ese sentido, y a manera de ejemplo, citó datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en el sentido de que los niveles bolivianos de embarazos en adolescentes figuran entre los más elevados a nivel latinoamericano.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado de Bolivia a proteger a las niñas y a las adolescentes de la violencia sexual y el embarazo forzado, así como garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos tomando en cuenta la situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por razones de género y edad, en aplicación del marco normativo nacional e internacional”, planteó.
“La violencia sexual contra niñas y adolescentes constituye no solo un tipo particular de agresión basado en género, sino una forma de discriminación que impide el goce de otros derechos humanos, que puede afectar por completo su proyecto de vida”, explicó, en el texto de nueve párrafos.
“La Comisión observa que el embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral”, agregó, en el comunicado que tituló “La CIDH urge al Estado de Bolivia cumplir con su obligación de proteger a las niñas y a las adolescentes de la violencia sexual y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos”.
En ese sentido, y citando un informe de su autoría, la comisión señaló que “el embarazo infantil y adolescente es un serio problema en el hemisferio con cerca de 10 millones de embarazos al año respecto del cual los Estados tienen el deber de atender el interés superior y garantizar la protección especial de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes por la condición de especial vulnerabilidad”.
“En particular, quienes son víctimas de violencia sexual deben acceder pronta y oportunamente a los servicios de salud, y a toda la información científica para que tanto ellas como sus familias puedan tomar las decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento, sin que esto represente un riesgo para sus vidas, o afectación a otros derechos”, precisó, respecto al documento, denominado “Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes”.
“El Estado debe además garantizar la confidencialidad y privacidad, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y o información no científica por parte de personas que se desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o de terceros que pueda interferir en sus decisiones”, aseguró.
En específica referencia a esa nación, informó que “Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región que, según el Fondo de Población de Naciones Unidad, es de 88 por cada 100 habitantes entre 15 y 19 años, en tanto que el promedio regional es de 70”.
Por otra parte, “de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2021 se registraron 22,221 embarazos de adolescentes, con una proyección de aumento para el segundo semestre del año”, puntualizó.
Ello ocurre, sin perjuicio de que, en el país, rige legislación de combate a la agresión de género contra memores, indicó, a continuación.
“Al respecto, se destaca que el Estado de Bolivia cuenta con un marco normativo de protección a las niñas y las adolescentes que son víctimas de violencia sexual y embarazo forzado”, señaló.
Es necesario implementar, “de forma estricta, el interés superior”, planteó, además.
Esto, “entendiendo que la negación de la interrupción voluntaria segura y oportuna del embarazo en determinadas circunstancias puede constituir una vulneración a sus derechos fundamentales, en especial, los derechos a la vida, integridad personal, salud y, en general, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación”, advirtió.
“Lo anterior resulta especialmente relevante en el contexto de Bolivia, donde según información recibida, una de cada tres niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años”, agregó.
“Y según los datos de la Fiscalía especializada en delitos de género y juvenil se reportaron 561 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes, hasta abril de 2021”, indicó, a continuación.
“Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y el Comité Contra la Tortura señalan que la violencia de género vulnera el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, citó la comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
También, “que la continuación forzada del embarazo puede constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante, pudiendo evitar el riesgo de mortalidad materna a la que mujeres, niñas y adolescentes son sometidas en este contexto”, señaló, a manera de reflexión.
En términos generales, el organismo continental recomendó que, “ante el escenario del incremento de la violencia de género contra niñas y adolescentes”, además de estimar que es “fundamental que los Estados desarrollen políticas y programas que faciliten el acceso a una educación sexual de calidad adaptada a la edad y a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles”.
Es necesario que, en ese sentido, se actúe “garantizando su participación y el acceso a la información”, planteó.
Asimismo, puntualizó que, “en particular, insta al Estado de Bolivia a desempeñar su mayor esfuerzo para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, fortaleciendo las instancias de la ruta de atención oportuna y adecuada y garantizando el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud e información, en cumplimiento de su normativa interna y los tratados internacionales”.
