Una campaña exhorta, en Costa Rica, a las mujeres, a denunciar situaciones de acoso sexual, en espacios tanto públicos como privados, informaron las entidades promotoras de la iniciativa.
Titulado “Movámonos seguras”, el emprendimiento apunta a generar conciencia, en la población femenina, respecto a la importancia de dar a conocer incidentes enmarcados en esa modalidad de violencia machista, de acuerdo con lo que indicaron, en un comunicado que, conjuntamente, emitieron el 27 de agosto.
Se trata, asimismo, de que las víctimas tengan claro que es necesario combatir tal conducta, señalando a los agresores, agregaron.
Lanzada, ese día, bajo el lema “Porque tu seguridad es un derecho, si vivís una situación de acoso sexual: denuncia”, la campaña es iniciativa, entre otros actores, de los costarricenses Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), y ministerios de Obras Públicas y Transportes (Mopt), Seguridad Pública (MSP), Ambiente y Energía (Minae).
Lo mismo, de los consejos de Seguridad Vial (Cosevi) y de Transporte Público (CTP), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Además, la privada Fundación Costa Rica-Estados Unidos para la Cooperación (Costa Rica-United States Foundation for Cooperation, Crusa), así como el proyecto MiTransporte, de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (Deutsche Geselshaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ).
La campaña se apoya en la Ley Contra el Acoso Sexual Callejero, vigente desde el 10 de agosto, cuando recibió firma presidencial.
Citados en el comunicado, representantes de las entidades promotoras de la iniciativa coincidieron en subrayar la necesidad de que cualquier caso de acoso sexual sea denunciado.
“Con la aprobación de la Ley de Acoso Sexual Callejero, las mujeres -y la ciudadanía- cuentan con los instrumentos para detener y sancionar, en el espacio y transporte públicos, conductas de exhibicionismo, persecución, acorralamiento, y producción de material audiovisual sin consentimiento de la mujer”, expresó la ministra de la Condici´on de la Mujer y presidenta ejecutiva del Inamu, Marcela Guerrero.
“La ley reconoce que existen prácticas machistas que son delito, y que limitan el derecho de las mujeres a moverse y acceder, de manera libre y segura, a todos los espacios públicos, y vino a reafirmar que los espacios públicos también son nuestros”, agregó.
“Desde la entrada en vigencia, los tribunales de justicia han condenado, al menos, a 11 sujetos, con penas entre los seis meses y hasta los tres años”, precisó la ministra, una ex parlamentaria (2014-2018) por el gobernante Partido Acción Ciudadana..
En este sentido, el viceministro de Seguridad, Carlos Torres, informó que, a partir de la puesta en implementación de la ley, se ha capacitado, en esta materia, a más de 12 mil policías, “para que sepan acompañar a las víctimas, en el proceso de denuncia”.
También indicó que las detenciones por la comisión de ese delito han llegado a 102.
“Las mujeres merecen caminar seguras en los espacios públicos, y, en caso de que se produzca una situación de acoso, la Fuerza Pública (policía) debe acudir, de inmediato, en auxilio de la víctima”, señaló.
Por su parte, la delegada Ejecutiva de CRUSA, Flora Montealegre, planteó que “las mujeres, como mayores usuarias del transporte público y otros espacios públicos, se enfrentan a problemas como el acoso, violencia, y peligro, durante sus desplazamientos”.
“Por ello, desde la Fundación CRUSA, hemos apoyado, junto con otras instituciones de gobierno y de la sociedad civil, este proyecto de movilidad y género, mediante el cual promovemos acciones para mejorar la seguridad de las mujeres, y luchar contra el acoso”, agregó.
“Estamos convencidos de la necesidad de ampliar el uso del transporte público, y generar espacios públicos más seguros, para avanzar hacia una economía cada vez más verde e inclusiva, y, para lograrlo, debemos mejorar la seguridad de las mujeres, en sus desplazamientos”, dijo.
Aprobada el 14 de julio de 2020, en el segundo de los dos obligatorios debates parlamentarios, la nueva ley convirtió, de contravención, en delito, el acoso a mujeres, en vía pública, en otros espacios de acceso público, y en unidades de transporte remunerado de personas.
El documento apunta, como objetivo central, a garantizar el derecho, a todas las personas, de transitar, libres de acoso sexual, por los espacios públicos, así como por los sitios privados que sean de acceso público, o permanecer en ellos, lo mismo que desplazarse en vehículos de transporte remunerado de personas, ya sean públicos o privados.
Además, la nueva herramienta define el acoso sexual callejero, en cuanto variante de agresión machista, como “toda conducta o conductas con connotación sexual y con carácter unidireccional, sin que medie el consentimiento ni la aceptación de la persona o las personas a las que está dirigida”.
Ello, “con potencial de causar molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo y ofensa, que proviene generalmente de una persona desconocida para quien la recibe y que tiene lugar en espacios públicos o de acceso público”, precisa.
La legislación determina, asimismo, medidas de prevención, así como de sanción a quienes incurran en esta costumbre machista, arraigada en la estructura patriarcal de las sociedades nacionales, a nivel mundial, que implica, asimismo, discriminación sexual.
Las penas van desde 10 meses hasta un año de cárcel, para quien grabe un video, de otra persona, con connotación sexual.
En el caso de que las imágenes sean compartidas con otras personas, el castigo se extiende hasta tres años de prisión.
Además, acciones tales como acorralamiento o persecución de la víctima, en espacios públicos, sin su consentimiento, implica pena de ocho meses a un año de cárcel.
Por otra parte, cuando el hostigamiento consista en exhibicionismo o masturbación, palabras, silbidos, gemidos, jadeos, gestos, o ademanes ofensivos, será sancionado con multa o con prisión hasta por un año.
Se considera como elemento agravante el hecho de que la víctima sea menor de edad, o anciana, o padezca alguna discapacidad, lo mismo que el hecho de que quien cometa el delito sea reincidente.
