Hondureñas afrodescendientes, indígenas, y campesinas denunciaron, durante un reciente encuentro virtual, el aumento en el número de casos de femicidios, además de que condenaron la violencia de género y exigieron, al cuestionado gobierno del derechista presidente Juan Orlando Hernández, que atienda ese fenómeno social.
Representantes de una veintena de organizaciones de mujeres, participantes en el “Campamento de Mujeres Indígenas, Campesinas, Garífunas y Feministas, para la Reflexión, Debate y Lucha”, se manifestaron, además, en contra de la persecución que sistemáticamente padecen los defensores de ,os derechos humanos y de los territorios en los que habitan esos habitualmente marginados y agredidos sectores de la población de Honduras.
El país integra, junto con El Salvados y Guatemala, el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más violentas a nivel mundial, además de que presenta críticos índices socioeconómicos y de agresión de género.
En la declaración emitida al cierre del encuentro en línea, llevado a cabo del 14 al 16 de este mes, las participantes reflexionaron que, “entre todas construimos una visión sobre nuestras luchas, que son todas de justicia, dignidad, libertad y de buena vida para toda la gente, pero especialmente para las mujeres”.
Al hacerlo, “nos dimos cuenta de las carencias de nuestra visión, de los cambios que estamos viviendo y las necesidades de retomar ejes de lucha en común”, señalaron, a continuación.
Al rechazar los diferentes tipos de violencia que padece la población femenina del país centroamericano, denunciaron que la situación se ha agudizado a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), emergencia sanitaria que también golpe a Honduras.
“Nos posicionamos indignadas, rebeldes y dolidas ante la miseria aplastante, la explotación, la entrega impune de los bienes comunes, el racismo neocolonial y la violencia militar, policial, doméstica, sexual, el femicidio (…) que son las únicas propuestas que el neoliberalismo patriarcal nos ofrece a las mujeres y que se ha profundizado con esta pandemia del Covid-19”, escribieron.
En tal contexto, “denunciamos que el 911 ha recibido más de 60 mil llamadas por violencia hacia las mujeres y el femicidio, que pasó de un promedio de 3 semanales en marzo, a un promedio de 7 semanal en mayo, lo cual implica que en la emergencia sanitaria por el Covid-19 las mujeres hemos llevado la peor parte”, aseguraron.
También, “expresamos que este gobierno con características dictatoriales en vez de fortalecer el sistema de salud y educación, ha venido derrochando los recursos del pueblo militarizando la sociedad y acumulando grandes actos de corrupción inclusive en la crisis sanitaria”, señalaron.
Debido a ello, “el Estado no ha podido dar respuesta efectiva ante la pandemia del Covid-19 y han sido las comunidades con sus saberes ancestrales quienes han enfrentado la emergencia sanitaria utilizando la medicina natural, sembrando e implementando el trueque para alimentarse, apoyándose en sus sanadoras y parteras”, precisaron.
Las participantes en el campamento -quienes, en línea, lograron llevar su mensaje a aproximadamente mil mujeres de esos sectores poblacionales-, se manifestaron, igualmente, en contra de proyectos ambientalmente destructores que, además son violadores del patrimonio cultural de comunidades cuyos territorios invaden.
En ese sentido, entre las nueve exigencias que plantearon en la declaración, demandaron “la salida de los megaproyectos extractivistas depredadores de las comunidades que les quitan el agua y la vida a las personas en este país, así como la NO implementación de las ZEDE pues son un proyecto de tercerización de despojo territorial a las comunidades de Honduras”.
Las adherentes al extenso pronunciamiento hicieron, así, referencia a las cuestionadas Zonas de Empleo y Desarrollo (Zede) -coloquialmente denominadas “ciudades modelo”-, proyecto que, cuando fue lanzado, en 2011 -durante el gobierno del ex presidente (2010-2014) Porfirio “Pepe” Lobo-.
El concepto esencial de las Zede consiste en la entrega, a inversionistas privados
-principalmente extranjeros- de áreas del territorio hondureño -sin perjuicio de que sean habitadas por comunidades- para la construcción de ciudades a ser administradas por los respectivos administradores.
La iniciativa ha sido fuertemente cuestionada por las comunidades asentadas en los territorios que serían entregados, así como por organizaciones campesinas e indígenas, cuyos integrantes son objeto de persecución.
Los mismo ha ocurrido con proyectos de producción hidroeléctrica en gran escala, con afectación de ríos vitales -en algunos casos, ancestralmente sagrados- para las poblaciones amenazadas.
Al respecto, las participantes en el campamento declararon que “este campamento se manifiesta con toda su fuerza, belleza y rebeldía en contra de la persecución de nuestras compañeras defensoras de la tierra y el territorio y también de compañeros, que, como el pueblo Garífuna (afrodescendiente), han sufrido la desaparición de sus líderes por defender sus luchas”.
Por lo tanto, “nos manifestamos por la justicia y exigimos el esclarecimiento del vil femicidio territorial de Margarita Murillo y Berta Cáceres y se castiguen a los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes”.
Las dos dirigentes hondureñas fueron asesinadas -en ambos casos, a balazos-, a causa de las campañas por los derechos humanos, y ambientalistas, que, respectivamente, condujeron.
Murillo (1958-2014) fue una activista de derechos fundamentales, ambientalista, y una de las principales líderes de la lucha de los campesinos en defensa de sus tierras.
Mientras trabajaba su tierra, en el costero departamento caribeño de Cortés, la dirigente recibió un impacto de bala, en la frente, causado por un sicario, quien la agredió fatalmente el 27 de agosto de 2014.
Menos de dos meses después -el 10 de octubre de ese año-, las dos fiscalas encargadas de la investigación de ese crimen -Marlene Banegas y Patricia Eufrahio-, fueron también asesinadas.
Cáceres (1971-2016) fue una dirigente indígena lenca, defensora de los derechos humanos, y ambientalista, quien protagonizó simultáneas luchas.
Entre sus diversificadas actividades figura, en marzo de 1993 –cuando tenía 22 años-, la fundación –conjuntamente con su entonces pareja sentimental, el también dirigente lenca Salvador Zúniga- de uno de los principales instrumentos de movilización de base en el país: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Los frentes de acción de la organización incluyeron la promoción del respeto a los derechos humanos –en particular los de las mujeres-, la reivindicación de la cultura indígena, la defensa de los recursos naturales.
Por su desempeño como líder ecologista, Cáceres recibió, en 2015, el anual Goldman Environmental Prize (Premio Ambiental Goldman), mediante el cual la estadounidense Goldman Environmental Foundation (Fundación Ambiental Goldman) reconoce el trabajo, a nivel mundial, de los “héroes ambientalistas de base”.
El crimen de la activista fue perpetrado poco después de la medianoche del 3 de marzo de 2016 –el día antes de que cumpliera 45 años-, cuando asesinos a sueldo irrumpieron en la vivienda de Cáceres, en la ciudad de La Esperanza, capital del departamento (provincia) de Intibucá –a unos 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital nacional-, la golpearon, y la balearon.
Las participantes en el campamento virtual expresaron que “nos declaramos en lucha activa por hacer legítimas y nuestras las acciones de rebeldía que todas las mujeres hacemos en cada espacio político en el que andamos: casa, comunidad, familia, cuerpo y colectivos”.
También advirtieron que “en cada lucha ahí estaremos y seguimos exigiendo”, entre otras demandas, “la investigación y el esclarecimiento de cada femicidio en el país y la creación de las unidades y estructuras necesarias estatales y asignación de los recursos necesarios para este fin”, lo mismo que “la protección inmediata a defensores y defensoras de derechos humanos en el país”.
Además, “la respuesta rápida y efectiva a las denuncias y llamadas de las mujeres y niñas que viven violencia en este país”, así como “el respeto a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y niñas y la derogación del decreto que prohíbe la promoción y uso de las Píldoras de Anticoncepción de Emergencia”.
Igualmente, expresaron que “rechazamos las agresiones misóginas contra las mujeres en los diferentes espacios, ya sea que estos vengan del movimiento social, del gobierno o la comunidad”.
Y en materia de salud, en lo que tiene que ver con la pandemia,”exigimos una respuesta inmediata en la crisis sanitaria del COVID 19 que llegue a todas las comunidades”.
Asimismo, “exigimos el cumplimiento de la ley de medidas especiales de difusión, prevención, y atención de la violencia contra la mujer, y acciones para garantizar la igualdad de género durante la vigencia de la emergencia nacional, declarada a raíz de la pandemia del covid-19 en cada uno de sus artículos”.
El grupo también formuló, a la machista y violenta sociedad hondureña, tres advertencias: “Por la dignidad de las mujeres, defendemos nuestro derecho a la tierra y los viene comunes”, “Ni discriminación capitalista, ni violencia patriarcal”, “Si tocan a una, respóndenos todas”.
