Múltiples estudios demuestran que la participación femenina en los tribunales de justicia ha contribuido significativamente a crear confianza en la justicia
Liderada por Elizabeth Odio Benito, expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más de 50 distinguidas mujeres de diferentes áreas sociales y productivas de Costa Rica, endosaron una carta dirigida a las diputadas, para que apoyen el nombramiento de una mujer como magistrada. A continuación la carta enviada el 6 de junio.
La toma de decisiones en el mundo, a todo nivel, afecta de forma distinta a hombres y a mujeres.
Asimismo, quién toma esas decisiones tiene impactos diversos. Por ende, la participación de mujeres en la toma de decisiones, en la fuerza de trabajo y en la educación, generan políticas públicas más inclusivas y equitativas que favorecen no solo a las mujeres, sino a la sociedad en general.
Las sociedades en que predomina una cultura de igualdad de género proporcionan el clima necesario para que los derechos reconocidos en el papel se traduzcan en derechos reales en la práctica. Se amplían los derechos humanos, mejora la inversión en áreas sociales como salud, educación y redes de cuido, entre otros beneficios. Las niñas y jóvenes tienden a mejorar el rendimiento académico y a elevar sus aspiraciones cuando tienen referentes femeninos visibles.
Ustedes, como tomadoras de decisiones desde el Primer Poder de la República, tienen en sus manos la oportunidad histórica de preservar y acrecentar un logro fundamental que tomó más de un siglo en concretarse: la presencia de mujeres magistradas del Poder Judicial.
Esta Asamblea Legislativa está a las puertas de nombrar a la persona que sustituirá a la distinguida ex magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández López, recientemente nombrada Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión de Nombramientos definió 6 finalistas, entre los cuales hay 3 mujeres.
La aspirante mejor calificada es una mujer, Ingrid Hess Araya. Otras dos juristas quedaron en 3er y 5to lugar, respectivamente. Es imperativo que quien ocupe esa silla posea los más sólidos atributos profesionales y personales. Y también que sea una mujer.
Por muchas razones es lógico y necesario que el nombramiento recaiga en una mujer. No se trata simplemente de llenar una cuota de poder. Es esencial preservar la perspectiva femenina -que es la de la mitad de la población- en los cuerpos colegiados de toma de decisiones. Debemos, incluso, aspirar a un mejor balance en futuros nombramientos. En este caso se estaría sustituyendo a una de las únicas 2 mujeres, de los 7 miembros que componen la Sala. De no hacerse así, la representación femenina quedaría reducida a 1 sola magistrada.
Diversos convenios y declaraciones internacionales reconocen la importancia del empoderamiento femenino en las vertientes cultural, cívica, y de toma de decisiones de política pública, así como en la equidad de los resultados que generan las políticas públicas -lo que incluye las sentencias judiciales-. Esto depende en gran parte de eliminar los desbalances derivados de 4 elementos clave, medidos por el Índice de Igualdad de Género: participación en política, participación en la fuerza laboral, educación, y legislación y políticas de Estado.
Múltiples estudios demuestran que la participación femenina en los tribunales de justicia ha contribuido significativamente a crear confianza en la justicia. Con su sola presencia, las juezas elevan la legitimidad de los tribunales y envían un fuerte mensaje de apertura y accesibilidad de la justicia. También está demostrado que más juezas mejora la calidad de las sentencias y, por lo tanto, de la justicia misma, pues no solo aportan su conocimiento técnico, sino sus propias vivencias y su percepción de cómo la justicia afecta la calidad de vida de la gente. Más juezas emitiendo sentencias ha contribuido a identificar los sesgos estructurales de género y a producir una interpretación y aplicación de las leyes menos sesgada y más inclusiva. Las mujeres en la magistratura y en la judicatura traen a la mesa una perspectiva que, sin ellas, no existe.
Lograr la elección casi totalmente equitativa en la Asamblea Legislativa ha tomado muchos años de lucha para romper paradigmas hondamente enraizados en la sociedad costarricense.
Ahora, esa Asamblea Legislativa paritaria tiene la responsabilidad de que la silla vacante en la Sala Constitucional la ocupe otra mujer. Lograrlo depende directamente de ustedes. Está en sus manos.
