La prevención del femicidio, la más brutal manifestación del machismo agresor, constituye una responsabilidad de los estados, y lograrla es, al mismo tiempo, un desafío en la región de América Latina y el Caribe
Las cifras que muestran ese dramático cuadro de situación indican que, solamente en 2022, alrededor ese crimen cobró la vida a aproximadamente cuatro mil mujeres.
Al presentar la radiografía del fenómeno social, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) -una de las cinco comisiones regionales de Naciones Unidas-, indicó que, entre los países con las más altas tasas -por cada 100,000 mujeres-, figura Honduras -que, junto con El Salvador y Guatemala, constituyen el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más violentas a nivel mundial-.
En la zona, en términos generales, los registros se mantienen, básicamente incambiados, hace algunos años, planteó la Cepal, en el informe “Violencia Feminicida en Cifras América Latina y el Caribe La prevención de los femicidios: obligación de los Estados y reto persistente en la región”, que dio a conocer en noviembre.
En calidad de ejemplo, indicó que, “en 2022, al menos 4.050 mujeres -4.004 de América Latina y 46 del Caribe- de 26 países de la región fueron víctimas”, indicando que se trata de los más recientes datos obtenidos por Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
“Esto muestra la persistencia y gravedad del feminicidio en la región”, precisó.
“De los 19 países y territorios de América Latina que informaron el número de femicidios, feminicidios o muertes violentas de mujeres por razón de género en 2022, las tasas más altas se registraron en Honduras (6,0), la República Dominicana (2,9), El Salvador y el Uruguay (1,6 en ambos países)”, informó.
“Las tasas más bajas -es decir, menos de 1 víctima de femicidio o feminicidio por cada 100.000 mujeres- se presentaron en Puerto Rico, el Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Chile y Cuba”, puntualizó, a continuación.
“Este último país es el que presenta la tasa más baja -0,3 casos de homicidios por razón de género por cada 100.000 mujeres-, a la vez que es el primer año que da cuenta de esta información tras la aprobación del nuevo Código Penal, en septiembre de 2022, que tipifica el delito de homicidio agravado por razón de género”, indicó.
“Al analizar las tasas de femicidio informadas por 18 países y territorios de América Latina para el período 2019-2022, se observa que hay 12 países -Uruguay, Paraguay, Colombia,
Nicaragua, Perú, Brasil, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Chile, México y Argentina- que han mantenido las cifras de este indicador, con leves variaciones en los últimos cuatro años”, agregó la comisión.
“Otro grupo de países y territorios -Honduras, Puerto Rico y República Dominicana- exhibe un aumento del indicador en los últimos cuatro años”, señaló, para puntualizar que, “de ellos, Honduras es el que presenta un mayor incremento en la tasa, que es un 30% más alta en 2022 que en el año anterior”.
“Sin embargo, es relevante señalar que en la República Dominicana y Honduras se dio una reducción significativa de los casos entre 2019 y 2020, de manera que el aumento se evidencia en los siguientes dos períodos”, aclaró.
Simultáneamente, “solo tres países -Bolivia (…) Guatemala y El Salvador- han disminuido las tasas de femicidio”, reveló la Cepal.
De acuerdo con lo indicado en el estudio regional de ocho secciones contenidas en 16 páginas, la desigual distribución de tareas -que asigna, a la población femenina, lo mismo adulta que menor de edad, el peso del trabajo doméstico-, es un factor en la perpetuación de la agresión contra las mujeres.
“La injusta división sexual del trabajo, nudo estructural que reproduce las desigualdades de género a través de una organización social que asigna a las mujeres el trabajo doméstico y de cuidados remunerado y no remunerado, se refuerza con el nudo de patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos”, planteó el grupo de trabajo de Naciones Unidas.
“Estos nudos producen prácticas y discursos que asignan mandatos y entornos que limitan el pleno ejercicio de los derechos humanos de mujeres y niñas”, agregó.
“Estos patrones sexistas y discriminatorios, que conforman una cultura del privilegio, sostienen la persistencia de la violencia de género y socavan los esfuerzos de las propias mujeres y niñas por alcanzar su autonomía”, siguió explicando.
En tal contexto, las menores de edad son adicionalmente vulnerables, a causa de los vínculos de pareja a los que se ven, frecuentemente, sometidas, advirtió la entidad.
“Las prácticas nocivas como el matrimonio y las uniones infantiles tempranos y forzados que afectan a 1 de cada 5 niñas en la región, y sus efectos en las limitaciones del desarrollo integral de niñas y adolescentes casadas o que viven en unión, dan cuenta de que estas desigualdades se reproducen muy tempranamente”, señaló, a manera de denuncia.
La Cepal indicó que, ente ello, es necesario que “los Estados avancen con políticas robustas que apunten a cambiar la cultura discriminatoria y violenta, por una que reconozca y respete la dignidad de las mujeres, las niñas y todas las personas, como un piso básico en la construcción de un estilo de desarrollo centrado en la sostenibilidad de la vida”.
Ello “implica fortalecer el papel de los Estados para cumplir sus obligaciones de prevenir, sancionar, reparar y erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas, en tanto la sostenibilidad de la vida exige garantizar la integridad y dignidad de todas las personas”, precisó, a continuación.
La comisión reconoció lo que describió como “importantes avances en términos de las normativas que tipifican y sancionan este delito”, en varios países.
Pero condenó el hecho de que, “al mismo tiempo (…) se observa la persistencia de las cifras de violencia por razón de género contra mujeres y niñas en la región, aun cuando esta vulneración de derechos es prevenible e inaceptable”.
Foto: Anete Lusina
