El gobierno chileno encabezado por la presidenta Michelle Bachelet, aprobó el proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres situaciones específicas.

Chile sale del pequeño grupo de países en donde el aborto es totalmente prohibido. En esta nación el aborto era legal hasta 1989, año en que bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se declaró prohibido. No obstante eso no provocó el cese de la práctica, la que continuó desarrollándose en la clandestinidad mediante algunas clínicas o llevadas a cabo por las mismas mujeres con medicamentos u otros medios.

Además, datos de diferentes fuentes han comprobado que varias de las mujeres que practicaban la interrupción del embarazo en clandestinidad provenían de familias conservadoras y/o religiosas, las mismas que siempre se han opuesto al aborto.

El lunes 21 de agosto, el Tribunal Constitucional aprobó el proyecto de ley con 6 votos a favor y 4 en contra, por lo que después de casi 30 años las mujeres chilenas vuelven a tener derecho de decidir sobre su embarazo pero bajo tres razones específicas:

  • Que peligre la vida de la madre.
  • Malformaciones congénitas o terminales del feto.
  • Violación.

El aborto legal y sin restricción o condición es practicado actualmente en países norteamericanos (México, Estados Unidos, Canadá), en la gran mayoría del continente Europeo, la mayoría del continente asiático y Australia.

Despenalización del aborto

Según la organización Colectiva por el Derecho a decidir, despenalizar el aborto significa dejar de tipificar como delito una conducta (en este caso el aborto) castigada por la legislación penal, usualmente con penas de cárcel. En este caso específico significa que las mujeres que consienten un aborto y el personal de salud que se los realiza, no deban enfrentar un proceso judicial.

Es usual que en ciertos países, especialmente en América Latina, la despenalización del aborto se permita en ciertas causales, es decir, por causas que se consideran una excepción al delito del aborto, por ejemplo cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando el embarazo es resultado de alguna forma de violencia sexual, cuando el feto tiene alguna malformación que no le permitirá sobrevivir más allá del parto o cuando la mujer se encuentra en condiciones de pobreza.

Que el aborto esté penalizado no impide que suceda, lo que sí logra es empujar a las mujeres que lo buscan a la clandestinidad, exponiéndolas a múltiples peligros para su salud, su integridad física y hasta su vida.

ONU y aborto

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando en el en 2001, en Perú, el Gobierno no permitió abortar a una mujer de 17 años de edad después de haberle sido diagnosticada una grave enfermedad a su hijo no nacido, dictó una resolución en la que considera que el aborto es «un derecho humano» y que, por tanto, el Gobierno peruano habría actuado contra los derechos humanos al no permitir que una mujer acabara con la vida de su hijo.

Fue la primera vez que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó a un Estado por no permitir el aborto. Esta decisión implicó la declaración del aborto como un derecho humano. La ONU recomendó al Gobierno peruano que indemnizara a la mujer, recomendación que el país aceptó, al ser signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entre sus artículos acepta el derecho a la indemnización efectiva, la prohibición a la tortura y trato cruel, inhumano y degradante, el derecho a la vida privada y el derecho a medidas de protección del menor.

 

El caso de Chile corresponde una gran oportunidad para sacar a luz pública lo que solía hacerse en las sombras, provocando al mismo tiempo que el tema del aborto y de los derechos de las mujeres sea más difundido y menos estigmatizado en una sociedad mejor informada.

En Costa Rica el aborto es permitido únicamente cuando la vida de la madre peligra.