En México, la Primera Sala falló a favor del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva de las mujeres
La máxima autoridad judicial de México despenalizó el aborto, planteó que la legislación que criminaliza el procedimiento es inconstitucional, ya que es contraria a la dignidad humana, y abrió el camino para que el Congreso la derogue.
Al informar, el 6 de agosto, sobre la acción de su Primera Sala -que se encarga de temas civiles y penales-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn) señaló, en un comunicado, que el fallo se apoyó en el recurso de amparo que fue presentado por una organización no gubernamental (ONG) -el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire)-.
Citada, el mismo día, por la agencia informativa española Efe, la coordinadora de Documentación y Litigio de Casos, de la oenegé, Melissa Ayala, indicó que, a partir de la histórica acción de la Scjn, las instituciones del sistema estatal de salud deberán, sin excepción, proporcionar el procedimiento.
“La Primera Sala (…) conoció de un asunto en el que una asociación civil impugnó el sistema jurídico del Código Penal Federal que criminaliza el aborto y al personal médico que lo práctica”, indicó la corte, en alusión a Gire.
Ello, “por atentar (el sistema) contra el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir interrumpir o continuar un embarazo, lo que, a su vez, considera que vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva”, agregó.
Inicialmente, un “Juez de Distrito consideró que la asociación civil carecía de interés legítimo para promover el juicio”, pero “esta decisión fue combatida por la organización civil a través de un recurso de revisión”, siguió relatando.
“El Tribunal Colegiado revocó esa decisión tras reconocer que la quejosa sí contaba con interés para controvertir las normas impugnadas, ya que la defensa de los derechos sexuales y reproductivos formaba parte de su objeto social”, señaló, a continuación.
De modo que “reservó jurisdicción a este Máximo Tribunal para que analizara si el delito de aborto voluntario era acorde a los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, precisó.
“Al resolver el asunto (…) la Primera Sala concluyó que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir”, explicó.
En tal sentido, “la Sala sostuvo que la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razón de género”, de acuerdo con los señalado en la versión oficial.
La corte preció, a continuación, que esto “perpetúa el estereotipo de que las mujeres y las personas gestantes sólo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear, y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio”.
En la visión de la Scjn, la extensión del supuesto delito a presuntos cómplices -lo que ocurre, por ejemplo, en el contexto de la brutal legislación antiaborto vigente en El Salvador-, es, igualmente, violatoria de la Constitución.
Al respecto, la corte determinó que “la norma que impone la suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico, a las comadronas y parteras que practiquen un aborto o proporcionen ayuda para su ejecución también es inconstitucional”.
En este caso específico, “ya que genera un efecto discriminatorio que se traduce en una menor disponibilidad de profesionales capacitados y dispuestos a practicarlo, y esto impacta directamente en el sistema de salud y en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes”, precisó.
“Además, la Primera Sala resolvió que aquellas normas que contemplan que una mujer o persona gestante no debe ser sancionada cuando el aborto se comete por imprudencia, por violación o por grave peligro de muerte, son inconstitucionales, porque siguen concibiendo al aborto como un delito y a la mujer como responsable penalmente, aun cuando no se le castigue”, informó.
Similar enfoque aplicó a la constante revictimización implícita, hasta ahora, en la legislación que está por quedar sin efecto.
Sobre este aspecto, señaló que, en el proceso conducente a la resolución, la Primera Sala “también consideró que el hecho de que una mujer víctima de una violación sexual decida abortar y sea criminalizada por ello, le genera un profundo daño y sufrimiento”.
La razón radica en que “extiende los efectos del delito y las obliga a mantener un embarazo no deseado –producto de un hecho traumático—, lo que constituye una forma de tortura y malos tratos”, explicó.
Personal médico en la práctica del aborto
Por otra parte, puntualizó que “la Sala determinó que el requisito que obliga a que el personal médico que asiste a una mujer o persona gestante en grave peligro de muerte recabe el dictamen de otro médico para autorizar la interrupción del embarazo, atenta contra sus derechos”.
Esto, porque tal arbitraria disposición “obstaculiza, de forma excesiva, el acceso efectivo y sin dilaciones a un aborto por motivos de salud”, puntualizó, a continuación.
La corte dio a conocer, asimismo, que, en virtud de todo lo anterior, “y tomando en cuenta que los derechos humanos a la salud e igualdad y no discriminación también tienen una naturaleza colectiva, la Primera Sala revocó la sentencia impugnada”.
Al hacerlo, “concedió el amparo a la asociación quejosa”, en el sentido de que “el Congreso de la Unión derogue las normas contenidas en el Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario -autoprocurado o consentido-, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en que se le notifique la sentencia de este asunto”, explicó.
En las declaraciones que Efe reprodujo el 7 de agosto, Ayala subrayó que “esto tiene implicaciones muy grandes, dado que instituciones de salud -como el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que atienden a más de la mitad de la población del país, negaban el acceso al aborto”.
Lo hacían, “señalando que se encontraba criminalizado en el Código Penal Federal”, aclaró.
“A partir de que tengamos la sentencia, la versión oficial, y se le notifique al Congreso de la Unión, se tendrá que brindar el servicio de aborto, en todas las instituciones de salud federales”, advirtió.
Triunfo contra el patriarcado
La decisión de la Scjn se constituyó en el segundo triunfo contundente contra el patriarcalismo profundamente enraizado en el ser social mexicano, ya que siguió, en poco más de ocho meses, a la elección de la primera mujer para el ejercicio de la presidencia del máximo tribunal nacional.
La corte dio el trascendental paso hacia la igualdad de género en el la cúpula judicial del latinoamericano país norteamericano, durante la sesión plenaria que llevó a cabo el 2 de enero, cuando apoyó a la ministra (magistrada) Norma Lucía Piña, para desempeñar la titularidad de la institución fundada el 15 de marzo de 1825.
La primera incorporación de una ministra, a la corte, ocurrió en mayo de 1961 -a los 136 años de constituido el máximo tribunal-, cuando María Cristina Salmorán dio presencia femenina a un entorno tradicionalmente masculino.
Lentamente, las mujeres han generado espacio en la cúpula judicial mexicana, habiendo logrado la presente situación de casi equilibrio, contexto en el cual cuatro de los 11 asientos en la Scjn son ocupados por mujeres: Piña, Yasmín Esquivel, Ana Margarita Ríos, Loretta Ortiz.
A ellas, en enero, se sumaron dos ministros, para lograr el 6-5 que definió la elección de la primera presidenta.
Al asumir el cargo, Piña reflexionó en el sentido de que “la representación que se me encomienda, tiene una doble dimensión, una doble responsabilidad”.
Por una parte, “los represento a ustedes ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal”, agregó.
Por la otra, “al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres”, planteó, a continuación.
“Me siento acompañada, respaldada por todas ellas y nosotras”, agregó, para plantear, a manera de consigna, que “me siento muy fuerte, porque sé que estamos todas, aquí, demostrando que sí podemos”.
