La eliminación de la violencia política de género es necesaria, en Costa Rica, como requisito para progresar en la ruta hacia el establecimiento de la democracia paritaria, planteó la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero.
En ese sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) impulsa la aprobación de un proyecto de ley que apunta a la prevención de este tipo de agresión machista discriminatoria, de acuerdo con lo expresado por Guerrero, quien, simultáneamente, se desempeña como presidenta ejecutiva de esta entidad.
La iniciativa ampara la participación femenina en actividades de naturaleza política lo mismo que en estructuras de toma de decisiones en ámbitos tales como el cooperativo, el municipal, o el sindical, precisó, en un comunicado, el Inamu.
Se trata del proyecto que en el trámite parlamentario lleva el número 20.308, y se denomina “Ley Contra el Acoso y/o la Violencia Política Contra Las Mujeres”.
En apoyo a las declaraciones de Guerrero, el organismo gubernamental especializado también citó, en el texto de 11 párrafos, denuncias de mujeres víctimas de discriminación, en el contexto político, por causa de género.
Según esos testimonios, “a mí, me dijeron que cómo iba yo a ejercer un puesto de presidenta, siendo mujer”, “hay dirigentes que dicen: ‘esta compañera maneja un perfil, y no le gusta ni la fiesta ni nada, entonces, la verdad es que no me interesa tomarla en cuenta’ -refiriéndose a apoyo político a cambio de contacto íntimo/sexual-”, “cuando yo digo algo, no me pone atención, y, si un hombre dice lo mismo, con otras palabras, a él sí lo apoya”.
De acuerdo con otros testimonios reunido por el Inamu, “me dice que no estoy en capacidad de enfrentarme a otros dirigentes, por ser mujer”, “no tenemos las mismas oportunidades, los hombres se han adueñado de esas oportunidades”, “a mí, me dijo que prefería renunciar antes que estar en un Concejo (Municipal) dirigido por una mujer”.
En otros casos, “me dijo: ‘las mujeres juegan de astutas, y no saben ni usar un correo’”, “dice: ‘yo soy el que tengo el conocimiento, usted no’”, “hace gestos para que me calle, a los hombres no les hace eso”.
En otro incidente, “mientras hablaba, el presidente se levantó, y me tiró un limpión sobre la mesa, como diciéndome que me fuera a hacer oficio (tareas domésticas)”.
Al respecto, Guerrero, una exparlamentaria (2014-2018) por el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), subrayó la necesidad de que el proyecto de ley pronta aprobación en la unicameral Asamblea Legislativa.
Esas denuncias constituyen “prueba inequívoca de la urgencia de aprobar esta iniciativa, y de brindar protección a las mujeres que participan en la política local o nacional, para que lo hagan plenamente y en igualdad de condiciones y oportunidades”, planteó.
“Debemos promover la prevención, eliminar la impunidad, y aplicar las sanciones correspondientes, para lograr erradicar la violencia y discriminación que, de manera diferenciada, se expresa contra las mujeres en la política”, agregó.
“Costa Rica requiere eliminar, también, esa violencia contra las mujeres, y avanzar, ahora sí, hacia una democracia paritaria”, reflexionó Guerrero.
“Algunas personas recurren al uso de estereotipos de género, generalmente ligados a la condición sexual, a la maternidad, o al estado civil, para tratar de desacreditar a una mujer en el ejercicio de un puesto, o en el momento de aspirar a algún cargo de elección popular”, subrayó.
La ministra destacó la complejidad implícita en la denuncia de actos de violencia política de género, debido a que “los estereotipos hacen que esa labor esté cuesta arriba”.
No obstante, formuló una exhortación a “que las lideresas y mujeres vinculadas con la política, rompan el silencio, y denuncien la violencia que sufren dentro de los espacios de toma de decisión”.
El Inamu planteó, en el extenso comunicado, que el proyecto se basa sobre la realidad de décadas de historia recogida por expertas en materia de discriminación de género.
“Esta iniciativa de ley es el resultado de la experiencia de veinte años de mujeres vinculadas, al derecho electoral, al derecho penal, al derecho parlamentario y en materia de especialización de violencia”, aclaró.
Además, “tiene por objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, como práctica discriminadora por razón de género, que es contraria al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres”, explicó.
Asimismo, “determina qué se entiende por violencia política, establece los procedimientos así como las sanciones políticas, éticas, administrativas y penales”, indicó, sin proporcionar detalles al respecto.
En el contexto político discriminatorio, para el desempeño de los cargo de elección popular en los más altos niveles, Costa Rica ha tenido solamente una presidenta de la República, y apenas cuatro mujeres en la presidencia de la Asamblea Legislativa.
En el primer caso, se trata de Laura Chinchilla, una politóloga quien ejerció la primera magistratura durante el cuatrienio 2010-2014, luego de haberse desempeñado como viceministra de Seguridad, parlamentaria por el ex gobernante y socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), vicepresidenta de la República y, simultáneamente, ministra de Justicia.
Chinchilla fue la tercera presidenta en Centroamérica, luego de la nicaragüense Violeta Chamorro (1990-1997) y la panameña Mireya Moscoso (1999-2004).
En materia parlamentaria, en Costa Rica, las sucesivas titulares del Directorio de la Asamblea Legislativa han sido Rosemary Karpinsky (1989-1990) -por el PLN-, Rina Contreras (2000-2001) -por el ex gobernante Partido Unidad Social cristiana (PUSC)-, Carolina Hidalgo (2018-2019), y la actual presidenta, la liberacionista Silvia Hernández (2021-2022).
El esfuerzo de las costarricenses por superar la marginación política de género dio inicio en 1923, con la lucha sufragista, iniciativa que fue liderada por la Liga Feminista de Costa Rica.
El complejo proceso de igualdad en política resultó incipientemente exitoso en 1949
-casi tres décadas después-, cuando, en la Constitución entrada entonces en vigencia, fue incorporado el derecho de las mujeres a votar.
Las elecciones llevadas a cabo al año siguiente, se constituyeron en el marco para el histórico primer sufragio emitido por una costarricense.
Bernarda Vásquez (1918-2013), habitante de la comunidad de La Tigra, en el norteña ciudad de San Carlos, se convirtió, el 30 de julio de 1950, en la mujer quien inauguró el ejercicio de ese derecho en el país centroamericano, al emitir sufragio en un plebiscito municipal local.
En materia parlamentaria, los comicios llevados a cabo tres años después -para el quinquenio 1953-1958- determinaron la presencia, en la Asamblea Legislativa, de las dos primeras diputadas -en el total de 57 integrantes-.
Desde entonces, todos los ciclos parlamentarios -que han sido cuatrienales- han contado con legisladoras, según registro de la Biblioteca del congreso.
Al igual que el primero, los dos períodos siguientes tuvieron baja presencia femenina
-1958-1962 (dos legisladoras), 1962-1966 (una)-.
Entre los cuatrienios con mayor proporción de diputadas, figuran, más recientemente, el actual -2018-2022-, con 26, además de los correspondientes a, respectivamente, 2006-2010 (25 parlamentarias), 2010-2014 (23), 2002-2006 (22), y 2014-2018 (20).
