La maternidad suele ser motivo de celebración, aunque la adolescencia no es el momento adecuado para ello, aseguró el Director de la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) para América Latina y el Caribe, el costarricense Harold Robinson.
Cuando ocurre en ese período, o en la infancia, la consecuencias son negativas, y marca la vida de esas nuevas madres, aseguró Robinson, al conmemorar, en un mensaje difundido el 25 de setiembre, el Día Mundial de la Prevención del Embarazo en la Adolescencia.
De acuerdo con datos revelados por la representación del Unfpa en Costa Rica, el país centroamericano registró, el año pasado, cinco nacimientos semanales en niñas de 14 años o menos, lo que significó 264 partos -0,4 por ciento del total general-.
El número significa una drástica reducción respecto a los 12 nacimientos semanales ocurridos en 2000 -que sumaron 611 durante el año-, según la misma fuente.
Para el grupo etario de 15 a 19 años, la proporción anual bajó de 15,999 en 2000, a 7776 el año pasado.
En cuanto a las madres de 14 años o menos, 29 por ciento presentaba enseñanza primaria incompleta o no había recibido educación formal, en 2019, además de que 30 por ciento se dedicaba a labores domésticas en lugar de estudiar.
También el año pasado, 4,9 por ciento de los nacimientos en el grupo de 14 años o menos se concentró en menores de 13 años, lo que, según la legislación costarricense, refleja el delito de violación.
En opinión de Robisnon, “la maternidad es un motivo de celebración y realización para muchas mujeres”.
“Sin embargo, hay un momento para ser madre”, y “la adolescencia no es el momento adecuado”, advirtió.
“La maternidad en la adolescencia, en la mayoría de los casos, trae consecuencias negativas e irreversibles: todo el proyecto de vida de la adolescente cambia, su dependencia económica se incrementa, y sus perspectivas educativas y laborales se evaporan”, precisó.
En ese sentido, Robinson ilustró su mensaje, indicando que la región latinoamericana y caribeña es, a nivel mundial, la segunda en materia de maternidad adolescente, 62 nacimientos por cada mil jóvenes en el rango de edad de 15 a 19 años.
Se trata, en términos generales, de niñas y adolescentes en situación de pobreza, y con acceso limitado a servicios sociales básicos, indicó.
La pandemia mundial de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19) ha agudizado ese crítico cuadro de situación, advirtió el funcionario.
“No debe sorprendernos que la situación se haya agudizado por la interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva causada por la pandemia del COVID-19”, dijo.
“En muchos países los centros de salud cerraron, y la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de programas de salud sexual y reproductiva, para adolescentes y jóvenes, quedó restringida”, explicó.
“Para muchos, la situación es preocupante, no solo por las consecuencias inmediatas que esto trae para las niñas y adolescentes sino por la pérdida de sus oportunidades de desarrollo, así como por los altos costos económicos que tiene, el embarazo temprano, para el Estado y la sociedad”, agregó.
Se trata de un costo que, por embarazo, en la región, representó, en promedio, en 2018, aproximadamente 1,210 dólares, informó.
“Este número considera lo que las mujeres dejan de ganar porque trabajan menos, porque trabajan en empleos peor remunerados, y porque, al ganar menos, también pagan menos impuestos”, puntualizó.
“Multiplicado por el millón y medio de embarazos adolescentes anuales esto equivale a pérdidas de oportunidades, para las madres jóvenes y para los estados, superiores a 1,800 millones de dólares anuales”, precisó, además.
El funcionario elogió las iniciativas de numerosos países de la región, en esa materia, y planteó la necesidad de darles seguimiento.
“Reconocemos los esfuerzos que han hecho los países en la formulación de planes nacionales de salud reproductiva y desarrollo en América Latina y el Caribe”, expresó.
“Sin embargo, es muy importante monitorearlos y evaluarlos, en base a la evidencia disponible”, aconsejó.
“Esto nos permitirá revaluar las intervenciones que no funcionan -incluidas las campañas-, y reforzar aquellas que han arrojado resultados positivos, para llegar, de un modo eficaz, a los adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad, especialmente aquellos pertenecientes a comunidades más pobres, indígenas, afrodescendientes y migrantes”, agregó.
El jerarca regional del Unfpa señaló, asimismo, la necesidad de que los recursos sean asignados racionalmente.
“Es probable que, a partir de esas revaluaciones, podamos asegurar que los recursos sean invertidos en acciones concretas cuya eficacia sea comprobada”, además de que “se formulen programas sostenibles en el tiempo, y a gran escala”, planteó.
“Adicionalmente, es importante darle prioridad a las zonas geográficas y segmentos socioeconómicos de mayor prevalencia, así como a los países que se encuentran en situaciones frágiles y de crisis humanitarias”, siguió recomendando.
“Todo ello permitirá crear un ambiente propicio para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes”, vaticinó.
En opinión de Robinson, “si estos compromisos se aplican con rigurosidad, sin lugar a dudas se contribuirá a la reducción del embarazo adolescente”.
Asimismo, “se brindará un importante apoyo para que las niñas y adolescentes ingresen a la vida adulta como ciudadanas empoderadas, conocedoras de sus derechos y con mejores oportunidades para desarrollar todo su potencial”, reflexionó.
“El llamado es a no quedarnos inmóviles y no dejar a nadie atrás”, contexto en el cual “todos -autoridades, asociados regionales, sociedad civil, sector privado, social, educativo y sanitario, comunidades y padres- debemos sumarnos, de manera urgente, hacia la aceleración del progreso para la reducción del embarazo adolescente”, aseguró.
“Nuestras niñas y adolescentes necesitan que las apoyemos y les ofrezcamos oportunidades reales”, porque “ellas, como todos, merecen gozar del ejercicio pleno de sus derechos y libertades fundamentales”, señaló Robinson.
En el caso de Costa Rica, el Unfpa y el local Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) presentaron, el 10 de julio, en San José, la capital nacional, un sistema estadístico para registrar los nacimientos en ese sector de la población.
Se trata del “Sistema de información estadística sobre nacimientos en niñas y adolescentes en Costa Rica”, cuyo lanzamiento coincidió con la conmemoración del Día Mundial de la Población (DMP).
El sistema, en línea, “toma datos de las Estadísticas Vitales del INEC y del Censo 2011 y que permite dar seguimiento, desde el año 2000 a la actualidad, al número de nacimientos que se dan en Costa Rica, con énfasis en niñas y adolescentes”, explicó, en un comunicado, la agencia especializada de Naciones Unidas.
“Los datos se desagregan por provincia y cantón (municipio) y se dan a conocer datos específicos sobre las niñas y adolescentes madres, como escolaridad, ocupación e incluso las características de los padres como edad y nacionalidad, entre otros”, precisó.
Al respecto, la gerenta del Inec, Floribel Méndez, explicó entonces que el sistema “es una herramienta novedosa y muy amigable, que facilita el análisis de las estadísticas de nacimientos que se producen” en ese instituto.
Además, “evidencia realidades que, bajo el enfoque de derechos, y con la ruta que marca el compromiso del país en la Agenda 2030, es un insumo para la construcción de soluciones conjuntas orientadas a alcanzar el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás”, planteó.
Méndez aludió así a la agenda que, aprobada de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 metas establecidas para cumplirse, a más tardar, para 2030.
El quinto de los ODS aborda, específicamente, el tema de la igualdad de género.
Denominado “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, ese objetivo propone, en el tercero de sus nueve propósitos enumerados en la agenda, “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina”, mientras el sexto apunta a “Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos”.
