El plazo para denunciar acoso sexual en las áreas laboral en general y docente en particular fue ampliado de dos a ocho años, en Costa Rica, mediante la puesta en vigencia de la reforma introducida, en ese sentido, en la legislación correspondiente.
La modificación cubre los campos público y privado, según lo establecido en el nuevo texto, que recibió firma presidencial y ministerial, en una actividad llevada a cabo, el 6 de octubre, en la capitalina Casa Presidencial.
La casi totalidad de los incidentes afectan al sector femenino, y, de esta proporción, más de la mitad está constituida por menores, según las cifras que fueron reveladas durante la múltiple firma del texto de reforma, que fue, a su vez, aprobado, en agosto, por la unicameral Asamblea Legislativa.
Se trata de la Ley 10.029 de Reforma, que determinó cambios en los artículos 29 y 38 de la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (Ley 7476), “ampliando el plazo de dos a ocho años para interponer una denuncia, en los ámbitos de trabajo y educativo, tanto del sector público como del sector privado”, informó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), en un comunicado que difundió el día de la actividad gubernamental.
La modificación determina que las personas menores de edad tendrán derecho a denunciar, “cuando se trate de acusaciones no judiciales (…) por cualquier medio, sin necesidad de hacerse acompañar de una representación legal”, indicó el instituto.
También podrán hacerlo “sin que se exija ningún requisito de admisibilidad que impida o atrase las investigaciones y las medidas oportunas en resguardo del denunciante”, puntualizó.
Al participar en el trámite, la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Inamu, Marcela Guerrero, informó que “alrededor del 90 por ciento de las víctimas de hostigamiento sexual, en el empleo y la docencia, son mujeres, y más del 50 por ciento son menores de edad”.
“Con este antecedente tan revelador, es evidente que la reforma a esta ley es una mejora significativa del acceso a la justicia”, reflexionó.
Ello, “porque significa que ya no se tendrá únicamente dos años, para denunciar, sino ocho”, subrayó.
“Es decir: se está ampliando el plazo para prescripción de un delito que afecta más a las mujeres”, destacó.
En términos coincidentes, la ministra de Niñez y Adolescencia y presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), Gladys Jiménez, puso de manifiesto que la actualización de la Ley 7476 permite dar protección a grupos sociales en condición de vulnerabilidad, tales como las personas menores de edad.
“Mejorar las condiciones de legitimación de la persona menor de edad, cuando sean denuncias no judiciales, disponiendo de forma expresa que las acusaciones se puedan dar por cualquier medio, demuestra también el interés por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas, y un claro cumplimiento de la obligación estatal de protección con las personas menores de edad”, expresó.
Por su parte, la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, aseguró que, “con esta reforma, Costa Rica, fiel a su estilo y a su esencia, asegura que nadie se quede atrás”.
“Estamos buscando espacios libres, sanos, saludables, donde las personas puedan desarrollar su potencial como seres humanos, pero también como trabajadores y trabajadoras y como estudiantes”, aseguró.
Esto, “para que puedan realizar el aporte al país con lo mejor que tienen de sí”, agregó la ministra cuyo campo de acción es, precisamente, el de prevención de la violencia y promoción de una cultura de paz.
“Esa es la importancia de iniciativas como éstas, que son pasos firmes que damos en la dirección hacia un país en el que todos y todas nos sintamos a gusto, y podamos aportar”, planteó.
En opinión de la titular del Ministerio de Trabajo, Silvia Lara, “los entornos de trabajo saludables, son aquellos en los cuales se fomenta el trabajo decente y el respeto a la normativa laboral, y, muy especialmente el respeto entre las personas trabajadoras en ese entorno laboral”.
“Esta modificación de la ley, le da más herramientas de denuncia, a quienes puedan ser víctimas de situaciones de acoso o violencia en el trabajo”, explicó.
Según el presidente costarricense, Carlos Alvarado, ”el avance en la protección de los derechos y garantías de las mujeres, es un compromiso que nuestra administración ha mantenido, y cumplido, conocedores de las disparidades y desigualdades estructurales en las que viven las mujeres”.
“Para la Costa Rica del Bicentenario, es imperativo que este proceso de protección y reivindicación de las mujeres continúe”, indicó.
El mandatario aludió así a los doscientos años de independencia de Costa Rica -lo mismo que de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua-, respecto a la colonización española, conmemorados el 21 de setiembre.
