Las mujeres migrantes indocumentadas, quienes permanecen encerradas –al igual que niños y hombres–, en hacinados sitios de detención, cuyas condiciones sanitarias suelen ser pésimas, temen contraer el nuevo coronavirus, causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-19).
Tal es el caso de las reclusas en un centro de detención de Immigration and Customs Enforcement (Control Migratorio y Aduanero, ICE) en el estado de Louisiana, en el “sur profundo” de Estados Unidos, de acuerdo con lo denunciado, por varias prisioneras, al periódico estadounidense The Intercept.
Cinco de las más de 400 migrantes encarceladas en el Centro de Procesamiento de Louisiana Sur, quienes se comunicaron con el medio, mediante un programa electrónico de “visita virtual”, y por la vía telefónica, describieron la agudizada situación dramática a la que están enfrentadas -ante la indiferencia de las autoridades y el personal de seguridad del lugar-, desde la irrupción del virus en Estados Unidos.
Las denunciantes –todas de nacionalidad cubana- mostraron, en un video que hicieron llegar a The Intercept, pancartas de cartulina, con inscripciones denunciando las precarias condiciones sanitarias en las que están.
Esa modalidad de denuncia fue abruptamente finalizada cuando los carteles fueron arrebatados por personal de seguridad del centro de detención, en una acción de represión contra las mujeres, de acuerdo con la versión periodística.
“Las mujeres encerradas en un centro de detención de Control Migratorio y Aduanero en Louisiana están aterrorizadas porque fueron expuestas a una persona enferma con el coronavirus, y temen que ellas, también, enfermarán”, señaló la publicación, en una extensa y documentada nota informativa.
“Las mujeres han tratado de comunicarse con el mundo, sobre su drama, y se las ha castigado por intentarlo”, según la misma fuente.
“Los inmigrantes en detención por ICE a nivel nacional están intensamente temerosos de contraer Covid-19”, según la versión periodística, de acuerdo con la cual “más de 37,000 persona están detenidas en instalaciones descritas por inspectores gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, y los mismo prisioneros, como hacinadas y sucias”.
En ese sentido, “dos médicos del Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Interna, DHS) advirtieron, al Congreso, que las instalaciones presentan ‘un riesgo inminente a la salud y a la seguridad de inmigrantes detenidos’, y también del público”, agregó The Intercept.
Tras informar que las pruebas por coronavirus realizadas a cuatro empleados de tres instalaciones de detención usadas por ICE resultaron positivas, y que la agencia ha confirmado dos casos entre los detenidos, The Intercept indicó que, en el caso de las instalaciones en Louisiana Sur –administradas por la privada corporación de prisiones Grupo GEO- han expresado preocupación por una reclusa enferma.
De acuerdo con lo informado, al periódico, por Rosa Pino, una de las detenidas quien se desempeña en la cocina del lugar, otra de las reclusas asignadas a la cocina –una joven ecuatoriana- presentó síntomas consistentes con COVID-19.
“Ella servía alimentos y limpiaba después de las comidas”, indicó Pino, quien agregó que la mujer “enfermó, con ardor de garganta, fiebre alta, y diarrea”, y “y pasó tres días en cama”.
“Ha habido muchos resfríos por aquí, y el personal médico le hizo una prueba de resfrío. Resultó negativo. Después, un médico y una enfermera entraron al área de dormitorio de ella, vistiendo batas médicas, máscaras, guantes, y anteojos protectores”, siguió narrando Pino, para indicar, a continuación, que “nunca hemos visto eso cuando la gente se resfría.
“Se llevaron a la mujer, en una camilla con ruedas”, además de que “su cuerpo estaba en equipo protector, y recibía oxígeno”, precisó.
La reclusa cubana indicó, asimismo, que el área de dormitorio donde se alojaba la mujer, donde están 72 mujeres, fue puesto en cuarentena, tras lo cual, “pasan la comida por debajo dela puerta”, además de que “los guardas usan batas médicas y otra protección”.
“Están diciendo que es cuarentena por resfrío”, pero “no les creemos”, planteó.
Pino informó, además, que, tras dos semanas, la mujer enferma fue enviada, la semana pasada, a la unidad médica del lugar.
Por su parte, la también detenida cubana Yadira Labrada, aseguró que ”estuve ahí, y está en un cuatro con un cartel, en la ventana, que dice: ‘confirmada o sospechosa de Covid-19’”.
Tras la protesta llevada a cabo el fin de semana pasado, vía la “video visita” del centro de detención, durante varias horas las tabletas de las reclusas fueron confiscadas, los televisores fueron desconectados, y las llamadas telefónicas fueron prohibidas, según denunciaron varias reclusas.
Respecto al estado de salud de la mujer enferma, The Intercept intentó dialogar con el director de Asuntos Públicos de la Región Sur de ICE, Bryan Cox, quien, solamente por la vía de correo electrónico, indicó, al periódico, que se ha formulado, recientemente, “múltiples acusaciones falsas” sobre detenidos infectados por el virus.
También afirmó que ninguna de las pruebas aplicadas a los detenidos en Louisiana resultó positiva.
“ICE aísla, juntos, a los detenidos, si tienen fiebre o síntomas respiratorios, y si tienen síntomas moderados a severos de COVID-19”, precisó, para indicar que, en esos casos, “son enviados a hospitales, y allí pueden someterse a pruebas”.
También citada por The Intercept, la migrante encarcelada Maybis Ranzola Lamas denunció que las medidas de distanciamiento social son, al igual que otras, ignoradas par las autoridades y el personal del centro de detención.
Además de que duermen en literas separadas por menos de un metro de distancia, el hacinamiento hace que las reclusas “vivan casi unas encima de otras”, a lo que se suma el hecho de que “los guardas entran, del exterior, y no usan máscaras.
La situación general persiste, no obstante el hecho de que, según lo informado por el periódico, dos jueces de la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York ordenaron, la semana pasada, la liberación de 14 presos de ICE, porque presentaban problemas de salud.
Al respecto, uno de los jueces, indicó que las medidas del ICE para evitar un brote de COVID-19 son, “evidentemente, insuficientes”.
El componente principal de la migración irregular hacia Estados Unidos está constituido por decenas de miles de ciudadanos de los países integrantes del Triángulo Norte de Centroamérica –El Salvador, Guatemala, Honduras-, una de las regiones más violentas a nivel mundial.
El actual presidente estadounidense, el empresario derechista Donald Trump, es un tenaz enemigo de la inmigración indocumentada, específicamente, del masivo movimiento humano originado en el Triángulo Norte, con rumbo a Estados Unidos, recorriendo unos cuatro mil kilómetros, principalmente por territorio del limítrofe México.
Se trata de personas –incluidos niños y mujeres, algunas de ellas embarazadas- quienes huyen de la inseguridad ciudadana –generada por violencia de pandillas y organizaciones de crimen organizado internacional-, de la falta de oportunidades, y de la masiva pobreza que caracterizan a esos tres países.
Estos migrantes son rechazados, por fuerzas militares estadounidenses, cuando intentan cruzar, desde el lado mexicano, la Frontera Sur de Estados Unidos, y aquellos quienes logran pasar la frontera, son detenidos por efectivos de ICE.
Las detenciones implican, en el caso de grupos familiares, la separación, violentamente forzada, de niños y padres o acompañantes adultos, quienes, por lo general, son encerrados en jaulas, mientras se determina si se aceptará su solicitud de ingreso a Estados Unidos, o si se ordenará su expulsión.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han condenado esa política del gobierno de Trump, por considerarla cruel, particularmente en lo que tiene que ver con las mujeres y los niños.
