Las trabajadoras sexuales de Uruguay están emprendiendo acciones colectivas para hacer frente a la crítica situación socioeconómica a la que enfrentan a causa de las medidas de aislamienyto social que, para controlar la difusión del coronavirus, al igual que otros gobiernos a nivel mundial, está aplicando la administración del recién instalado derechista presidente uruguayo, Luis Alberto Lacalle Pou.
Establecimientos comerciales nocturnos –incluidos bares y otros sitios de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, y de reunión- están cerrados, a nivel nacional, como una de las acciones emprendidas por el gobierno de Lacalle Pou (2020-2025) y las 19 intendencias departamentales (gobiernos provinciales).
De acuerdo con datos del Registro Nacional del Trabajo Sexual, para 2018, en el país sudamericano 12,358 personas se desempeñan en ese campo laboral, la mayoría -11,559- mujeres, incluidas mujeres cis y trans.
Según lo informado el 30 de marzo, al respecto, por el diario uruguayo La Diaria, “la gran mayoría son madres solteras y jefas de hogar”, y, “para ellas, dejar de trabajar significa no poder pagar las facturas y el alquiler del lugar donde viven”.
“Por eso muchas están al borde de quedarse en situación de calle”, advirtió la publicación, que, en la nota informativa titulada “Trabajadoras sexuales y emergencia sanitaria: expuestas, precarizadas y sin posibilidades de trabajar”, reprodujo testimonios que obtuvo de varias de estas mujeres.
La crítica situación que enfrentan las ha conducido a desarrollar acciones colectivas de solidaridad, tales como la organización de ollas populares, para garantizar su alimentación y la de sus hijas e hijos menores, y redes de recolección de alimentos –principalmente, productos no perecederos-.
“La llegada del virus al país hizo que, en la mayoría de los departamentos (provincias), todas sus posibilidades laborales mermaran. Los boliches (centros nocturnos), bares y whiskerías cerraron de manera temporal apenas sintieron los efectos del distanciamiento social. Tampoco pueden estar en la calle sin que las pare la Policía”, informó La Diaria.
“En algunas localidades los boliches siguen abiertos, pero, incluso así, los clientes habituales no los frecuentan porque en general son mayores de 60 años. Como son una de las poblaciones de riesgo, suelen estar en cuarentena voluntaria”, de modo que, para la mayoría de las trabajadoras sexuales uruguayas, “el resultado es la incertidumbre de no saber de dónde rescatar plata para comer y dormir”, agregó el periódico.
Al ofrecer testimonio, a la publicación, la fundadora de la Organización de Trabajadoras Sexuales Organizadas (Otras), Karina Núñez, presentó el contexto dramático que rodea a las mujeres.
“La realidad es que si los negocios no abren y no laburás (trabajás), no tenés de dónde generar ingresos. Eso es lo que nos está pasando a la mayoría”, comenzó a relatar.
“Tenemos compañeras que se han tenido que ir a vivir con sus hijos a las whiskerías, que están cerradas, porque no han podido pagar los alquileres de las pensiones donde se quedan”, siguió planteando.
Sin embargo, un número no determinado de trabajadoras no cuentan con un lugar donde alojarse, indicó.
“Tenemos compañeras que fueron sacadas como perros de los lugares donde trabajaban porque no los habilitaban para abrirlos y las dejaron en la calle para que se manejaran como pudieran, ni siquiera les dieron plata para el pasaje de vuelta a casa”, agregó.
Por su parte, trabajadora en la localidad de Villa del Carmen, en el central departamento (provincia) de Durazno, identificada únicamente como Natalia, narró que “la gente no sale a la calle y no hay trabajo”, por lo que “no tenemos ni para comer”.
Además, “debo 3.000 pesos (casi 70 dólares) a la niñera, que ya no me quiere cuidar a los chicos, debo dos facturas de luz, que no sé si no me la cortan esta semana”, dijo, para agregar que adquirió, a plazos, una vivienda, mediante un plan gubernamental, por la que debe pagar una mensualidad, la que desconoce cómo cubrirá.
En la ciudad de Sarandí del Yí, en el mismo departamento, Mariana, una dirigente de las trabajadoras sexuales locales planteó que, en ese lugar, “los boliches (…) siguen abiertos y las mujeres van a trabajar, corriendo un riesgo tremendo”.
Las dificultades que enfrentan para trabajar, hacen que estas mujeres intenten, de diferentes maneras –ya sea individual o colectivamente-, alimentar a sus hijos menores.
“Trato de conseguirles de un lado y del otro algo para que les hagan de comer a esos niños”, indicó Jaquelin, dirigente en las localidades de localidades de Battle y Ordóñez, Cerro Colorado, y Reboledo, en el sureño departamento de Florida.
“Voy pidiendo el pan en las panaderías y pedí algún litro de leche que nos puedan dar en algún tambo (establecimiento rural de ordeñe de ganado y venta de leche), pero la situación sigue igual: se cerraron toditos los comercios y los bares, y las mujeres están sin trabajar”, precisó.
Ante la dramática situación de sus colegas, Núñez estableció comunicación con el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol.
La fundadora de Otras, relató que Bartol le indicó, el 26 de marzo, que quizá sería posible incorporar, a las trabajadoras sexuales, al programa de “canastas de emergencia” –que contienen alimentos y otros productos de consumo básico- que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) implementa para personas de escasos recursos, sin precisar fecha.
Núñez indicó que proporcionó, al ministro, una lista de 619 trabajadoras, de diferentes lugares del país, incluidas mujeres cis y trans, para que sean incorporadas al programa.
Mientras llega la respuesta gubernamental, las trabajadoras sexuales en situación dde crisis han puesto en marcha algunas iniciativas, tales como redes comunitarias de solidaridad, que procuran reunir alimentos.
En tal contexto, la Red de Mujeres a Contracorriente, recibe donaciones en efectivo para la adquisición de productos alimentarios –principalmente no perecederos-, los que distribuye a nivel nacional, informó Núñez.
En cuanto a la distribución en el interior de uruguay –fuera de Montevideo, la capital nacional-, la red se comunica con almacenes en diversas localidades rurales y les hace llegar transferencias.
Para evitar viajes y traslados que puedan retrasar la llegada de los alimentos al interior del país, el colectivo optó por otra modalidad: contactarse con los almacenes de las localidades y hacerles transferencias monetarias.
A partir de ello, “se está haciendo un voucher de compra, por 600 pesos (casi 14 dólares), en los almacenes”, y “cada una de las compañeras gasta ese dinero en lo que necesite”, informó, para aclarar, de inmediato, que “no puede comprar ni alcohol ni cigarrillos, ni realizar recargas electrónicas: son sólo productos básicos”.
“Después, les pedimos el ticket, la firma, y que nos manden una foto, para certificar”, puntualizó, Núñez, quien agregó que “lo hacemos lo más transparente posible, porque si bien está bueno poder recibir apoyos, una de las premisas es que con las cosas claras llegamos a todos lados”.
La dirigente aseguró que el sistema enfrenta algunas dificultades, desde aspectos técnicos –comercios que no trabajan con transferencias, o no trabajan con el banco seleccionado por la red- hasta de prejuicios –estigmatización, discriminación social contra las trabajadoras sexuales-.
Pero la solidaridad de género que ejercen estas mujeres, también ha dado lugar a iniciativas locales, las que incluyen la organización de ollas populares.
Una de estas iniciativas fue organizada por 25 trabajadoras sexuales en la ciudad de Paysandú –la capital del oriental departamento de igual nombre-.
“Se nos ocurrió poner un poquito cada una, y hacer, entre todas, una olla para que nuestros hijos puedan comer” explicó Cintia, líder a nivel departamental.
“Pero no tengo idea de hasta cuándo lo vamos a poder hacer”, aclaró, ya que “tenemos una situación ya casi extrema de no saber para qué lugar vamos a agarrar, para que a nuestros hijos no les falte la comida, ya que somos el único sustento que tienen, y nosotras no podemos hacer nuestro trabajo”.
“Ya no sabemos qué puertas tocar para tener una ayuda”, aseguró.
No obstante, y tal como lo definió la duraznense Natalia, “todas tenemos situaciones diferentes y muy difíciles, todas tenemos niños chicos, todas tenemos que pagar niñera”, por lo que “está muy complicada la mano”, pero, “unidas, se puede” enfrentar la situación.
Uruguay -país de algo menos de 3.5 millones de habitantes-, registra, de momento, 310 casos de COVID-19, de acuerdo con los datos oficiales más recientes.
