La militarizada policía chilena vigila a organizaciones de la sociedad civil local, incluida una agrupación de defensa de los derechos de las mujeres.
La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres denunció que es objeto de vigilancia por parte del sector de inteligencia de Carabineros -la militarizada fuerza policial de Chile-, en el marco de la masiva protesta popular antigubernamental que se mantiene hace más de dos semanas contra el gobierno del derechista presidente Sebastián Piñera.
La vigilancia también se enfoca en otras organizaciones de la sociedad civil, lo que recuerda a similar seguimiento llevado a cabo por la dictadura militar que, encabezada por el general Augusto Pinochet, gobernó, desde 1973 hasta 1990, al andino país sudamericano, precisó la red, en una declaración que emitió el 4 de noviembre.
“Repudiamos la vigilancia de los servicios de inteligencia de Carabineros de Chile a dirigentas/es de organizaciones sociales, defensoras/es de la tierra, gremios y sindicatos, en una práctica que nos remite a las tenebrosas horas de la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet”, señaló, en el texto de seis párrafos.
“Los documentos filtrados dan cuenta que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres es una de las organizaciones ‘vigiladas’, de acuerdo con lo indicado en la denuncia, que hizo alusión a una información difundida por el medio de comunicación alternativo local PacoLeaks.
El nombre del medio –especializado en la difusión de información sobre la militarizada fuerza policial chilena-, combina la expresión popular local “paco” -que significa “policía”- y, parcialmente, la denominación de la red WikiLeaks –dedicada a la difusión de documentación clasificada, en general comprometedora, de diferentes gobiernos-.
A su vez, WikiLeaks combina las palabras que, en hawaiano y en inglés significan, respectivamente, “rápido” y “filtración”.
La red planteó, asimismo, que “cabe preguntarse si el actual gobierno considera la lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres una amenaza a la seguridad del Estado”.
La organización no gubernamental explicó, asimismo, que, a lo largo de años, ha denunciado la ausencia de iniciativas gubernamentales para combatir la violencia hacia las mujeres, ha denunciado que las medidas cautelares que el sistema judicial otorga a mujeres agredidas o en riesgo resultan insuficientes, lo que se tradujo, el año pasado, en que las víctimas de femicidio, en un 42 por ciento de los casos, habían formulado denuncia y solicitado protección.
También señaló que las autoridades “se demoran años en investigar los crímenes contra mujeres teniendo femicidios aún en completa impunidad”, y que, en todos los casos, “la respuesta estatal ha sido que no hay recursos humanos ni económicos suficientes para abordar la violencia contra mujeres”.
“Sin embargo, constatamos con indignación que sí existen recursos humanos y económicos para vigilar a organizaciones sociales que contribuyen al mejoramiento de la vida y cuyas actividades son absolutamente públicas”, planteó la organización, en el texto que tituló “Declaración de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres frente a la vigilancia por parte de Carabineros”.
Al respecto, agregó que “instamos a las organizaciones feministas y a las diversas organizaciones sociales a no dejarse amedrentar por estas deleznables prácticas que tienen como propósito desmovilizarnos y mantener su normalidad abusiva”.
Asimismo, exigió, a los ministros Gonzalo Blumel (del Interior) e Isabel Plá (de la Mujer), y al director de Carabineros, general Mario Rozas, que expliquen la represión antipopular, y advirtió que la organización evalúa la posibilidad de iniciar acciones legales contra el gobierno, por las violaciones a los derechos humanos cometidas, por las fuerzas re´presivas, en el contexto de las multitudinarias manifestaciones opositoras.
En referencia a la vigilancia policial, en declaraciones que formuló, un día antes, al Diario Cooperativa, la portavoz de la red, Lorena Astudillo, expresó que “nunca imaginamos que los 30 años que llevamos en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres, este Gobierno los iba a considerar como un peligro para la sociedad», señaló Astudillo en conversación con el Diario de Cooperativa.
“Cada vez que las mujeres nos manifestamos en marchas, y que damos nuestra opinión, las fuerzas policiales usan la violencia sexual como una forma de represión”, denunció, para agregar que, al haberse abstenido de pronunciarse al respecto, Plá “ha sido cómplice con su silencio”.
Respecto a la violencia sexual contra las mujeres detenidas en el contexto de la crisis política chilena, la local Agencia de Noticias de Comunicación Alternativa y Popular (Ancap) denunció, el 22 de octubre, esa práctica.
“Las mujeres Chilenas están siendo violadas y torturadas por los Carabineros. Como es de público conocimiento, Chile se encuentra Estado de represión hace varios días y sus medios de comunicación estarían ocultando los desmanes provocados por los infiltrados Carabineros”, señaló Ancap, en su página en Internet.
La agencia citó, como fuente de la información, a una psicóloga residente en Santiago, a la que identificó, únicamente, como Patricia, quien comparó la represión del gobierno de Piñera con la implementada por el régimen pinochetista.
“A las mujeres detenidas en Santiago de Chile las han desnudado delante del personal masculino, y todas fueron manoseadas en sus genitales”, indicó Ancap, y agregó que “les han metido la punta del fusil en la vagina y las han amenazado con violarlas y luego a asesinarlas”.
Al “igual que en la dictadura, hay madres desesperadas que buscan a sus hijos y a sus hijas por los tribunales de justicia”, además de que “hay varios menores de edad” cuyo paradero se desconoce, informó Ancap y agregó que, en “el Chile de Piñera se está secuestrando gente, que están siendo trasladados en camiones y que muchos de sus familiares desconocen su paradero”.
El presidente es objeto de masivo repudio por haber promovido medidas económicas antipopulares –incluidos aumentos de tarifas de servicios tales como el eléctrico, lo mismo que del transporte subterráneo de pasajeros-, que se vio obligado a dejar sin efecto.
Las demandas de los manifestantes se centran, ahora, en la renuncia de Piñera, así como en la redacción de una nueva Constitución, ya que la actual es herencia de la dictadura.
