Los defensores de los derechos humanos, en particular las mujeres, son blanco de persecución -que incluye desde hostigamiento hasta asesinato- por parte del gobierno encabezado por el derechista presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, denunciaron varias de esas activistas.
Las defensoras de las garantías fundamentales, del ambiente, de los territorios indígenas, son blanco particular de la represión gubernamental, enmarcada en el contexto general de violencia que afecta a la población hondureña, indicaron, en declaraciones el medio informativo electrónico británico-hondureño Pasos de Animal Grande, del Centre for Applied Human Rights (Centro para Derechos Humanos Aplicados, Cahr) de la británica Universidad de York.
El medio universitario -fundado a iniciativa de la periodista hondureña Dina Meza, quien se refugió algo más de cuatro meses, en 2013, en el Reino Unido, a causa de persecución política- calificó de dictadura, al gobierno de Hernández, el mandatario también conocido, en Honduras, como JOH -sus iniciales-.
Al presentar las breves declaraciones de cada activista, el medio denunció que “las defensoras de derechos humanos en Honduras se enfrentan a lo peor de la dictadura de Juan Orlando Hernández, quien usa todas las estrategias necesarias para obstaculizar el trabajo en pro de los derechos de la población”.
Con altos niveles de machismo, Honduras integra, junto con los limítrofes El Salvador y Guatemala, el Triángulo Norte de Centroamérica, región que figura entre las más violentas a nivel mundial.
“Hablan cuatro mujeres defensoras quienes relatan cuáles son los agujeros negros del autoritarismo contra miles de mujeres que defienden los derechos fundamentales en todo el país”, agregó, para señalar que, además, “plantean su preocupación en cuanto a una estrategia de muerte contra las mujeres, donde se mezcla el patriarcado y el autoritarismo para detenerlas”.
Las activistas indicaron, asimismo, que el contexto general de violencia, en el país centroamericano, se ha agudizado a raíz de la pandemia mundial del coronavirus, emergencia sanitaria que también está golpeando a Honduras.
Ello, a causa, entre otras razones, de la cuarentena impuesta por el gobierno, como medida para tratar de contener la propagación del virus, lo que obliga a las víctimas de violencia de género -o a mujeres y niñas en riesgo de serlo- a convivir 24/7 con sus agresores.
Yessica Trinidad, dirigente de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, denunció que “la situación de las defensoras de los derechos humanos, en el país, es sumamente preocupante”.
“Es que esta dictadura, que ha tenido un tinte muy importante, de despojo de los territorios (indígenas), y de criminalización de la protesta y de la labor de defensa de derechos humanos, ha hecho, durante los últimos años, un uso del derechos penal para perseguir, para criminalizar, para obstaculizar la labor de defensa de derechos humanos”, precisó a continuación.
“Y, esto, lo podemos ver en varios casos que se ven en el país, que están en diferentes organizaciones del movimiento social”, además de que “nosotras mismas, como red de defensoras, hemos visto cómo el uso del derecho penal ha afectado la labor de nuestras compañeras”, agregó.
Trinidad aludió, así, a acciones arbitrarias tales como la detención de defensoras, sin base legal para ello, además de recurrente hostigamiento policial.
Ello “no sólo afecta la labor sino que lo que hace es desgastar al movimiento social y al movimiento de derechos humanos, en procesos legales”, puntualizó.
También la cuarentena se ha aplicado arbitrariamente, ya “que ha habido confinamiento para el pueblo, para la ciudadanía, pero los agresores (de las defensoras) han continuado con la libertad de poderse movilizar libremente, en cualquier horario, en cualquier territorio”, continuó denunciando.
“Entonces, la crisis -esta crisis de pandemia- ha llevado, a niveles cada vez más duros, la defensa de derechos humanos”, reflexionó.
Por su parte, Honorina Rodríguez, quien integra la conducción del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), planteó que el trabajo de las defensoras de derechos humanos “siempre ha sido complicada, porque una tiene que enfrentar (…) los agresores”.
“Y, bueno, yo puedo hablar, específicamente, por defensoras de derechos humanos de las mujeres, y, en ese sentido, decir que, bueno, por un lado, nos enfrentamos a los agresores de las mujeres, a las que acompañamos o asesoramos de alguna manera”, señaló.
“Por otro lado, nos enfrentamos -o nos tenemos que encontrar- con autoridades que predomina más su punto de vista personal que, realmente, el enfoque legal”, indicó, de inmediato.
Rodríguez aseguró, a manera de aclaración, que las defensoras llevan a cabo su trabajo “basado en conciencia y en ley, por supuesto, porque a nadie le pedimos que actúe en contra de la ley”.
Al exponer su visión de la situación, Elizabeth Medina, de la organización Derechos Humanos sin Fronteras, subrayó que, “este año, para las defensoras de derechos humanos, del ambiente, de territorios, ha sido un año bien complicado, ya que muchas de las garantías fueron suspendidas”, a causa de la cuarentena por la pandemia.
“Y han sido, las compañeras, detenidas arbitrariamente, con justificaciones ilógicas, por parte de la Policía Nacional”, además de que otras “han sido, también, asesinadas, en este año de pandemia, donde, todavía, no nos dan una respuesta de quién las asesinó, que cómo va el proceso”, denunció.
Medina reflexionó que, el actual, “ha sido un año violento para las defensoras de los derechos humanos, y de territorios, y del ambiente”, contexto en el cual “vemos cómo este régimen tiene una persecución contra las defensoras de derechos humanos, en especial a las mujeres, que somos víctimas de cualquier atropello por parte de las autoridades, y, sobre todo, las compañeras que han perdido la vida”.
Bety Vásquez del Movimiento Ambientalista Santabarbarense MasVida -con sede en el occidental departamento (provincia) de Santa Bárbara, limítrofe con Guatemala-, aseguró que, en 2020, “se ha incrementado la violencia en los territorios, las desapariciones forzadas, los secuestros, y, sobre todo, esa violencia generalizada que afecta, directamente, a la poblaciones que, históricamente, han sido las más tranquilas, en el sentido de materia de violencia y de seguridad”.
“Pero nos preocupa, enormemente, cómo, también de manera silenciosa, quedan en la impunidad muertes de defensoras como Haydée Torres”, además de “otro femicidio, que se generó en (la ciudad de) Macuelizo, y que no se sabe bajo qué condiciones”, ambos crímenes cometido, “en una semana, en el departamento de Santa Bárbara”.
Un caso emblemático, en materia de persecución de defensoras de los derechos humanos, es el asesinato, hace algo más de cuatro años, de la líder indígena, feminista, y ambientalista Berta Cáceres.
El crimen fue perpetrado poco después de la medianoche del 3 de marzo de 2016 –el día antes de que cumpliera 45 años-, cuando asesinos a sueldo irrumpieron en la casa de la dirigente, en la ciudad de La Esperanza, capital de Intibucá –a unos 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital nacional-, la golpearon, y la balearon.
La activista protagonizó simultáneas luchas, las que comenzaron temprano en su vida, e incluyeron, en marzo de 1993 –cuando tenía 22 años-, la fundación –conjuntamente con su entonces pareja sentimental, el también dirigente indígena Salvador Zúniga- de uno de los principales instrumentos de movilización de la base en el país: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Los frentes de acción de la organización incluyeron la promoción del respeto a los derechos humanos –en particular los de las mujeres-, la reivindicación de la cultura indígena, la defensa de los recursos naturales.
Por su desempeño como líder ecologista, Berta recibió, en 2015, el anual Goldman Environmental Prize (Premio Ambiental Goldman), mediante el cual la estadounidense Goldman Environmental Foundation (Fundación Ambiental Goldman) reconoce el trabajo, a nivel mundial, de los “héroes ambientalistas de base”.
Con el galardón en sus manos, la indígena ambientalista explicó, a los asistentes a la ceremonia, la percepción lenca de la naturaleza: “en nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua, y el maíz”.
“De los ríos, somos custodios ancestrales -el pueblo lenca-, resguardados, además, por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que, dar la vida, de múltiples formas, por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta”, agregó.
A raíz del asesinato, el Copinh ha consolidado la consigna “Berta vive! La lucha sigue!”.
