La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica advirtió que el asesinato de una mujer constituye una violación a los derechos humanos que afecta a todas las personas.
En tal contexto, es necesario consolidar los instrumentos para combatir la impunidad de esos crímenes, aseguró la dependencia, en un comunicado que tituló “El Estado debe poner un alto al asesinato de mujeres”.
La defensoría emitió la declaración, el 17 de junio, un día después de conocida la información de que la joven, quien había desaparecido una semana antes, fue hallada sin vida.
“La muerte de una mujer constituye una violación flagrante a los derechos humanos, afecta a todas las personas”, aseguró la dependencia encabezada, desde diciembre de 2018, por la psicóloga y socióloga Catalina Crespo.
“Por ello la Defensoría de los Habitantes insta a fortalecer los mecanismos de reacción, protección y una lucha constante contra la impunidad de esas muertes”, de acuerdo con lo indicado en el texto de cuatro párrafos.
“También se requieren medidas orientadas hacia la prevención, de modo que ante el primer signo de violencia, la víctima logre acceder a una ruta de atención y protección”, aseguró la institución encargada de la defensa de los derechos humanos, que depende de la Asamblea Legislativa -el parlamento unicameral costarricense -.
“Hoy sumamos lamentablemente una muerte más, una mujer menos”, señaló, a manera de reflexión, para agregar que “su familia y las mujeres tienen derecho a una respuesta integral del Estado”.
Así “lo establece las obligaciones internacionales derivadas de la Convención de Belem do Pará”, además de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha determinado que “se debe cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres”, precisó, además.
La defensoría aludió, en el primer caso, a la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres -más conocida como Convención Belem do Pará-, aprobada el 9 de junio de 1994, en la norteña ciudad brasileña de Belém do Pará.
Se trata del primer tratado internacional, en materia de derechos humanos, que aborda, específicamente, el tema de la violencia de género, además de que establece el derecho de las mujeres a vivir libres de agresión.
En ese marco, el instrumento obliga, a los estados, a implementar las medidas necesarias para actuar de manera eficaz, de modo de prevenir y sancionar esa violencia, y a reparar a las víctimas.
En el caso de la Corte IDH, la defensoría indicó que el tribunal continental “particularmente apunta que: ‘… surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Esta obligación de medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse privadas de libertad. Deben existir procedimientos adecuados para las denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas’”.
La defensoría coincidió, conceptualmente, con lo declarado, un día antes, por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), respecto al asesinato de la joven Luany Valeria Salazar, de 23 años.
En un comunicado que difundió con el título “El Estado falló”, y que fue redactado en términos considerablemente más severos, el Inamu puntualizó que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de las personas, y advirtió que, en el caso de Salazar, ello no ocurrió,
También informó que tomó la decisión de solicitar que se lleve a cabo una investigación sobre el manejo que las autoridades dieron al caso de la desaparición y el asesinato de la joven costarricense.
En coordinación con otras entidades, “presentaremos instancia ante las autoridades competentes con el fin de solicitar que se investiguen los hechos denunciados y se sienten las responsabilidades del caso, reiterando en la necesidad de que estos hechos no se repitan”, indicó el instituto, en el texto de seis párrafos.
“El INAMU expresa su máxima preocupación por el manejo de este caso por parte de las autoridades correspondientes y exige que se esclarezca si se actuó o no con la debida diligencia, lo que constituye una obligación del Estado costarricense desde que ratificó” la Convención Belem do Pará, expresó.
“Las vidas de las mujeres importan y el Estado tiene el deber de protegerlas”, no obstante lo cual, “hoy lastimosamente se confirma que el Estado no cumplió dicho deber y que nos falta una más”, advirtió, además de expresar que “lamentamos el femicidio de Luany Valeria y nos solidarizamos con su familia”.
De acuerdo con versiones periodísticas locales, la joven desapareció la noche del 9 de junio, y que su hermano y una tía la hallaron sin vida y dentro de una bolsa, en una vivienda, la noche del 15.
La víctima recibió ocho puñaladas, según las informaciones.
Al informar en conferencia de prensa, al día siguiente del hallazgo, sobre lo actuado en el caso, por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el director de esa fuerza policial, Walter Espinoza, informó que la denuncia de desaparición fue recibida el 11 de junio.
“La policía judicial sí estaba tomando el caso con seriedad”, aseguró, para señalar que “hablamos con la progenitora de Luany y con su mejor amiga para recabar más información que ayude con la investigación”.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad informo, el 16 de junio, que agentes policiales detuvieron, ese día, como sospechoso del femicidio, a un hombre de apellido Mejía, quien, de acuerdo con versiones periodísticas, fue señalado por familiares de la joven como posible responsable del crimen.
Según lo informado, un día después, por el Ministerio Público (MP), la autoridad judicial que entiende en el caso planteó que, a Mejía, le sea aplicada la medida cautelar de seis meses de prisión preventiva.
En materia de femicidios -la más seria manifestación de violencia de género-, Costa Rica registró, en 2019, 14 casos de ese delito -en un total de 50 homicidios de mujeres-, mientras que, al 13 de mayo de este año, se contabilizaba cinco femicidios -entre 24 asesinatos de mujeres-.