Las refugiadas venezolanas en Colombia y Perú enfrentan violencia de género, y son discriminadas, denunció en un informe, la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI)
El contexto menospreciante incluye un componente de xenofobia, planteó, además la oenegé internacional, en un comunicado que emitió el 12 de julio, fecha de emisión del estudio.
Mujeres constituyen la mitad o más del total de personas quienes, huyendo del régimen encabezado por el dictador venezolano Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, por millones -desde 2014- están abandonando el caribeño país sudamericano hacia otras naciones latinoamericanas -la limítrofe Colombia, y, más al sur Perú, entre los principales destinos de exilio-, indicó AI.
La oenegé internacional señaló que “el nuevo informe muestra cómo las mujeres venezolanas refugiadas, que representan el 50% y el 58% de la población venezolana en Colombia y Perú respectivamente, enfrentan violencia y discriminación en todos los espacios de sus vidas por su género y nacionalidad”.
“En el espacio público, las agresiones ocurren tanto en las rutas migratorias como en sus lugares de residencia”, puntualizó, además de explicar que, “en el ámbito familiar, enfrentan violencia económica, patrimonial, física y sexual, predominantemente de sus parejas o exparejas”.
“En cuanto al entorno laboral, sufren diversas formas de violencia y explotación laboral, incluida la cooptación para trabajo con fines de explotación sexual”, agregó, en el estudio de 59 páginas, que tituló “Desprotegidas: violencia basada en Género contra Mujeres Venezolanas Refugiadas en Colombia y Perú”.
“Más de seis millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos (ocho) años debido a masivas violaciones de derechos humanos”, informó, además.
“Colombia y Perú son los países que más personas venezolanas han acogido, sumando más del 50% de todas las personas que han huido de Venezuela -1,84 millones y 1,29 millones respectivamente-“, precisó.
“Amnistía Internacional considera que las personas venezolanas cuentan con necesidades de protección internacional y tienen derecho a solicitar el reconocimiento de su condición de personas refugiadas”, señaló, a continuación, en calidad de recomendación, específica, a ambos gobiernos -en el caso de Colombia, respecto a la administración que, presidida por el izquierdista Rodolfo Petro, está programada para instalarse el 7 de agosto-.
“Ante esta violencia omnipresente, Amnistía Internacional concluye que los Estados colombiano y peruano claramente no cumplen con su obligación de garantizar una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres refugiadas venezolanas, ni de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género”, de acuerdo con lo que se señaló en el comunicado.
Citada en el texto, la directora de AI para las Américas, Erika Guevara, dijo que “la protección contra la violencia de género debería ser una prioridad de todos los Estados en las Américas, así como la protección de quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países de origen”.
“En el caso de las mujeres refugiadas venezolanas, éstas, más bien, enfrentan una doble y brutal desprotección, como lo revela nuestro informe”, agregó, en alusión a la violencia de género y a la xenofobia que esas migrantes enfrentan.
Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, explicó que, “muchas mujeres venezolanas, víctimas de violencia machista -y cuyas vidas están en riesgo-, prefieren no denunciar por temor a ser expulsadas del país, debido a su estatus de documentación”,
“La situación de violencia y vulnerabilidad que enfrentan se agrava por la ausencia de protocolos especializados para atenderlas y protegerlas”, señaló, a continuación.
“La regularización migratoria es un paso fundamental para que puedan denunciar las violencias que enfrentan”, subrayó.
En el sétimo y último capítulo del informe -sección referida a “Conclusiones y Recomendaciones”, AI planteó, en términos generales, que “las mujeres en América Latina y el Caribe son víctimas de múltiples y sistemáticas violencias”.
Puntualmente, indicó que, “en el caso de las mujeres venezolanas, que han tenido que salir de su país debido a la grave crisis de derechos humanos o por persecuciones, para resguardar sus vidas en otros países de la región, como Colombia o Perú, su nacionalidad y su estatus migratorio, muchas veces irregular, son motivos adicionales de discriminación y violencia”.
La orientación sexual, particularmente para un sector de la comunidad diversa, empeora esa situación, de acuerdo con lo señalado en el informe.
Al respecto, la oenegé internacional precisó que, “para las mujeres trans, su orientación sexual o identidad de género diversa son otros elementos adicionales”.
En cuanto al desplazamiento en el exilio, detalló que, “durante todo su proceso de movilidad y en estos países de acogida, las mujeres venezolanas enfrentan múltiples formas de violencia de género en los diferentes espacios que habitan y atraviesan: en el ámbito público, el doméstico y el laboral”.
Por lo tanto, “la falta de acceso a la protección internacional y otros procesos de regularización migratoria es uno de los primeros obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres refugiadas venezolanas sobrevivientes de violencia basada en género”, denunció.
“Si bien Colombia y Perú cuentan con normas para prevenir y sancionar la violencia de género contra las mujeres y protocolos de actuación y/o de rutas de atención especializadas para las víctimas sobrevivientes de violencia de género, Amnistía Internacional considera que existen serios retos para lograr su implementación efectiva”, indicó, entre las conclusiones.
AI señaló, además, que constató, “con preocupación, que los estereotipos relacionados con el género y la nacionalidad de las mujeres refugiadas venezolanas están siendo usados por personas funcionarias para justificar la denegación de acceso a la justicia cuando intentan presentar una denuncia o buscan medidas de protección y perpetuar la violencia y discriminación en su contra”.
“Aunado a ello, se identificó que personas funcionarias desconocen las normas aplicables y exigen, por ejemplo, que las mujeres presenten cierta documentación de identidad para recibir su denuncia, a pesar de que las normas no lo requieren”, siguió revelando.
“Por otro lado, no existen suficientes albergues temporales de protección para las sobrevivientes de violencia basada en género, a pesar de que estas medidas de protección son fundamentales para las mujeres venezolanas que no cuentan con redes de apoyo en Colombia y Perú”, señaló.
Ante ese dramático cuadro de situación, AI recomendó, “para los Estados de Colombia y Perú”, entre otras numerosas acciones “reforzar y ampliar la difusión de información para personas venezolanas sobre el acceso a la protección internacional y otras formas de regularización migratoria”.
“Esta información debe estar acompañada de estrategias y mensajes destinados a atacar y evitar el miedo de acercarse a las instituciones para iniciar estos procedimientos ante el riesgo de detenciones y deportaciones a Venezuela”, sugirió.
En ambos países, resulta necesario “implementar, o reforzar aquellos programas de información a personas funcionarias, en particular quienes trabajan en los servicios de policía, fiscalía, migración y salud, sobre acceso a protección internacional y otras formas de regularización migratoria, y derechos de las personas refugiadas y migrantes”, siguió explicando.
Todo lo anterior, “con un enfoque de derechos humanos”, aseguró la organización con sede en Londres, la capital británica, donde fue fundada en 1961.
Ello, sin dejar de “garantizar el acceso efectivo a los procedimientos de asilo, sin discriminación para todas las personas con necesidad de protección internacional”.
Foto: Hans Takiwātanga
