La situación en materia de derechos humanos se sintetiza en que son violados en general, pero no existen para las mujeres, ni para los hombres que las apoyan en la lucha por el respeto a las garantías individuales
Al presentar, el 5 de julio, una actualización del dramático escenario iraní, la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán (Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran, Ffmi), la bangladeshi Sara Hossain.
La atención mediática internacional no está plenamente enfocada en la crítica situación que registra el país del oeste asiático, de modo que no existe un permanente registro periodístico de las atrocidades que comete la misógina y criminal teocracia musulmana instalada, hace casi medio siglo, en el lugar, de acuerdo con lo expresado por Hossain.
Las detenciones de manifestantes por los derechos humanos, lo mismo que de mujeres quienes se niegan a usar el obligatorio hijab (velo religioso), se cuentan por miles, precisó la especialista, cuando informó, sobre el caso, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo con sede en la occidental ciudad suiza de ginebra.
En tal contexto, la dictadura manipula la información, sin proporcionar datos claros sobre detenciones, cargos tipificados, ni condiciones en las cuales, para lograr su liberación, miles de detenidos -mujeres y hombres- se declararon arrepentidos de haber violado las leyes, además de que juraron que no volverán a cometer tales ofensas.
Las masivas y brutalmente reprimidas protestas de 2022 en Irán, fueron desencadenadas por el asesinato policial de Mahsa (Jina) Amini, de 23 años, quien fue detenida, el 16 de setiembre de ese año, acusada de no llevar debidamente puesto el hijab -el velo religioso femenino que cubre la cabeza, hasta los hombros-
Su uso es obligatorio, para las mujeres -y las niñas, a partir de la edad de siete años-, según la respectiva ley impuesta, en 1983, por la teocracia instalada hace 44 años.
El propósito específico del velo religioso es el de cubrir el cabello -que, de acuerdo con lo establecido por la costumbre musulmana, las mujeres mantienen largo-.
Según lo determinado por la dictadura, esa prenda debe usarse ajustada a la cabeza, de modo que, no hacerlo, implica brutal sanción, ya que, entre otras disposiciones, el código penal vigente en Irán determina que las mujeres cometen un delito si, en público, aparecen sin el hijab -o lo llevan incorrectamente puesto-.
Cualquiera de esas situaciones, implica brutal castigo, como ocurrió en el caso de Amini, detenida, en Teherán, por efectivos de la represora Gasht-e Ershad (Policía Guía, o Policía Orientadora) -fuerza de seguridad de cumplimiento de la fe, popularmente conocida como “policía de la moral”-.
El régimen religioso fue constituido luego de que un proceso denominado Revolución Islámica (1978-1979) derrocó al monarca iraní, el sha (rey) Mohammad Reza Pahlavi -quien gobernó desde 1941 hasta 1979-, para instalar en el poder al fundamentalista ayatola (alto sacerdote) Ruhollah Khomeini -quien estaba exiliado en Francia-.
Durante la presentación en el foro de derechos humanos, Hossain señaló que “las noticias sobre las protestas en Irán ya no dominan las noticias diarias -como fue en noviembre (de 2022), cuando la Sesión Especial de este Consejo ordenó esta investigación-, pero se sigue escuchando y recibiendo denuncias de violaciones a los derechos humanos en este sentido”.
“El Gobierno de Irán ha anunciado que 22,000 personas fueron indultadas en relación con las protestas”, informó, para agregar que “esto sugiere que muchas más fueron detenidas o acusadas”.
“No existe ningún dato oficial y desagregado sobre la naturaleza de las acusaciones, ni sobre las personas enjuiciadas, aun detenidas, o acusadas por su involucramiento con las protestas”, precisó la presidenta de la Ffmi, grupo de trabajo que también integran la paquistaní Shaheen Sardar Ali, y la argentina Viviana Krsticevic.
“Más preocupantes aún, para nosotros, son las condiciones de esos indultos, principalmente, que los manifestantes fueron al parecer obligados a ‘expresar remordimiento’ y a, efectivamente, admitir culpa, mediante la firma de juramentos escritos en los que aseguran que no cometerán ‘delitos similares’, en el futuro”, expresó.
“Entre quienes permanecen en detención, hay por lo menos 17 periodistas, por su presunta cobertura de las protestas, junto con numerosos defensores de los derechos humanos, y abogados defensores de los manifestantes”, agregó.
En ese cuadro de situación, “también siguen surgiendo denuncias de detenciones y encarcelamientos de manifestantes, incluidas mujeres y niñas quienes se niegan a cumplir con la legislación sobre el velo obligatorio”, informó.
La experta independiente se refirió, asimismo, a acciones intimidatorias -contra familiares de víctimas, activistas de las garantías fundamentales, periodistas, entre otras personas-, por parte del régimen, lo que constituye una de las muchas tóxicas características de las dictaduras -cualquiera sea su naturaleza, en cualquier país-.
En ese sentido, transmitió, al consejo, las “serias preocupaciones (de la Ffmi) sobre las continuas denuncias de hostigamiento contra familiares quienes procuran justicia para sus seres queridos -incluidos niños- quienes murieron durante las protestas”.
“También hay denuncias perturbadoras de hostigamiento e intimidación a periodistas, abogados, y defensores de los derechos humanos y sus familias, en el contexto de las protestas”, precisó, a continuación.
Asimismo, “se sigue imponiendo severos castigos a quienes se involucraron en las protestas, inclusive por ejercer derechos protegidos bajo la legislación internacional sobre derechos humanos”, siguió denunciando.
Ello, mediante “trámites judiciales que carecen de transparencia, y no cumplen las garantías de procedimiento justo y debido proceso”, puntualizó.
Hossain informó, igualmente, que por lo menos 26 personas fueron condenadas, desde noviembre -dos meses después de iniciadas las manifestaciones-, a pena capital, o se les ha tipificado delitos que implican esa sentencia.
En ese brutal contexto, “siete hombres fueron ejecutados siguiendo apresurados procesos (judiciales) viciados por serias acusaciones de violación al procedimiento legal justo, incluida la obtención de confesiones bajo tortura”, indicó, a continuación.
Al respecto, señaló que, “el 31 de mayo, en medio un alarmante ascenso en el número de ejecuciones en el país, el jefe del Poder Judicial de Irán anunció que las autoridades continuarán ejecutando a la gente sentenciada a muerte en conexión con las protestas”.
La presidenta de la Ffmi hizo, así, referencia a Gholamhossein Mohseni-Ejei, a quien organizaciones defensoras de los derechos humanos coinciden en considerar como un violador de los derechos humanos, en la imposición de la legislación impuesta por la dictadura.
Ante el dramático cuadro de situación nacional, “exhortamos a las autoridades iraníes a detener las ejecuciones de personas juzgadas y sentenciadas a muerte en conexión con las protestas”, expresó Hossain, quien agregó que “reiteramos nuestra solicitud de que pongan a disposición los archivos judiciales, las pruebas, y los juicios referidos a cada una de esas personas”.
“También exhortamos a las autoridades iraníes a liberar a todos los detenidos por ejercer su legítimo derecho a reunión pacífica y por dar cobertura (periodística) a las protestas”, indicó.
La investigadora independiente formuló puntuales señalamientos respecto a la legislación sobre el obligatorio uso del hijab por parte lo mismo de mujeres que de menores de edad.
“Seriamente preocupante, en un contexto de continua represión contra quienes se oponen al forzado uso del velo, es el denunciado uso de tecnologías para identificar y detener a mujeres y niñas quienes no cumplan con esa fundamentalmente discriminatoria legislación”, planteó.
Al anunciar, el 8 de abril, la instalación de cámaras, en lugares públicos, para detectar y sancionar a aquellas quienes se niegan a usar el velo, la “policía de la moral” afirmó que se trata de un componente innovador en la política de cero tolerancia contra cualquier violación a la Ley del Hijab.
También planteó que la nueva medida constituye un esfuerzo por frenar actos contrarios a la espiritualidad del asiático país musulmán.
Hossain denunció, asimismo, que “dos proyectos de ley fueron puestos a consideración” del parlamento iraní -la Asamblea Consultiva Islámica (Majles-e Showrā-ye Eslāmī), “con miras a incrementa los castigos a las mujeres y las niñas halladas en incumplimiento de las disposiciones sobre el uso obligatorio del velo”.
La experta advirtió que, “si son aprobadas, estas leyes expondrán, a las mujeres y a las niñas, a mayores riesgos de violencia, hostigamiento, y detención arbitraria, fortalecerán la discriminación”.
Ello, “implicando un adicional revés para el número creciente de mujeres y niñas quienes exigen su derecho a la igualdad y a la libertad de expresión, incluida la libertad de elegir si usan, o no, el hijab”.
Foto: Sima Ghaffarzadeh
