CEPAL planteó la urgencia de la consolidación de un cambio social exhaustivo que permita a las mujeres librarse de los ataques, de diversa índole que constantemente reciben
La erradicación de las múltiples manifestaciones de la violencia de género contra mujeres y niñas, para necesariamente, por desestructurar la cultura patriarcal enraizada en las sociedades nacionales.
Un componente del tóxico entorno que fomenta esa diversidad de agresión machista, es el discurso de odio que los grupos ultrarreaccionarios dirigen contra organizaciones y lideres feministas y de defensa de las garantías fundamentales -con particular ensañamiento en el área de los derechos de la población femenina-.
Al presentar el panorama regional en esta materia, la Conferencia Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), mediante su Observatorio de Igualdad de Género (OIG), planteó que urge la consolidación de un cambio social exhaustivo que permita, a ese sector, librarse de los ataques, de diversa índole -desde físicos hasta psicológicos, pasando por morales, patrimoniales, laborales, entre otros-, que constantemente recibe.
“La persistencia inaceptable de las diversas manifestaciones de la violencia, en su carácter complejo y multicausal, hace evidente la dificultad de desatar los nudos estructurales de la desigualdad, específicamente el que se refiere a los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos”, indicó la Cepal, en el informe que dio a conocer el 25 de noviembre.
El 25N marca, desde 1999, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Se homenajea, así, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a María teresa, Minerva y Patria Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del entonces dictador militar dominicano (1942-1952) Rafael Leónidas “El Jefe” Trujillo.
Conocidas como “Las Mariposas”, las hermanas fueron permanentes participantes en la oposición a la dictadura trujillista, actividad por la cual Trujillo ordenó, en mayo de 1960, su detención y tortura –lo mismo que para sus respectivos esposos-, además de su enjuiciamiento, para ponerlas en libertad, tres meses después.
Tras dos fallidos intentos, días antes, Las Mariposas fueron emboscadas cuando, a bordo de un automóvil, regresaban de una visita a sus esposos, quienes permanecían en prisión.
Efectivos del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) interceptaron el vehículo, secuestraron a las mujeres, y en, en el interior de una casa cercana, las ahorcaron, junto al chofer del vehículo.
El 25N el anual punto de largada de 16 días continuos de activismo, que cierran el 10 de
diciembre, en coincidencia con el Día de los Derechos Humanos -que se conmemora desde 1950-.
En el segundo caso, la fecha marca la aprobación, el 10 de diciembre de 1948, por la asamblea General de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Respecto al panorama latinoamericano y caribeño en materia de violencia de género, la Cepal denunció, en su reciente informe, que, “a ello se une el aumento de discursos de odio y grupos que los promueven en toda la región”.
Esto, “ha provocado un incremento de las hostilidades en contra de las organizaciones de mujeres y feministas, y en especial en contra de defensoras de los derechos humanos, activistas LGBTQI+ (la sigla de la diversidad sexual), periodistas, influenciadoras digitales, lideresas indígenas y afrodescendientes, y otras lideresas que actúan en contra de la violencia sexista”, precisó.
“Por ello se hace imprescindible redoblar los esfuerzos para que las mujeres y las niñas puedan ejercer efectivamente su derecho a vivir una vida sin violencia y sin discriminación”, recomendó, en el texto de 12 páginas que tituló “Poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y al femicidio o feminicidio. Reto clave para la construcción de una sociedad del cuidado”.
En tal sentido, el OIG de la Cepal señaló el deber de cada Estado en cuanto a hacer respetar las garantías fundamentales de la población femenina.
“Como parte de su deber de debida diligencia, los Estados tienen la obligación de prevenir la vulneración de los derechos humanos de mujeres y niñas”, planteó.
Ello, “adoptando un amplio conjunto de medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que transformen las normas sociales de género que ocasionan discriminación, convirtiendo la violencia de género en un hecho inaceptable”, puntualizó.
“En particular, es imprescindible avanzar en el mejoramiento del acceso y la administración de justicia, ya que las respuestas a delitos contra mujeres y niñas que no se estructuren desde una perspectiva de género, interseccionalidad y pertinencia cultural contribuyen a perpetuar la violencia”, agregó, como advertencia.
También planteó que “es necesario contar con el financiamiento suficiente para la implementación de políticas que garanticen los derechos y la autonomía de mujeres y niñas en su diversidad”.
“En particular, se requiere asegurar el acceso a servicios accesibles e inclusivos, con personal capacitado, para toda persona que lo necesite, con especial atención en aquellas que sufren múltiples formas de discriminación y violencia”, incluidas niñas, adolescentes y adultas, integrantes de las diferentes comunidades nacionales -por ejemplo, rural, indígena, afrodescendiente, migrante, trans-.
En lo que tiene que ver con los sectores poblacionales femeninos infantil y adolescente, de acuerdo con lo señalado en el documento, “la violencia por razones de género se inicia a temprana edad”, además de que constituye “un fenómeno que se expresa de diferentes formas y afecta a las mujeres de manera transversal”.
El OIG explicó que, “para visibilizar diferentes aspectos de esta grave violación de los derechos humanos”, se enfoca, específicamente, en este grupo vulnerable, “dado que la discriminación de género adquiere particularidades específicas cuando se cruza con la edad y el ciclo de vida, factores que también representan un eje determinante de la distribución del bienestar y el poder en la estructura social”.
“Es sabido que, en relación con sus pares varones, las niñas y adolescentes mujeres experimentan un abanico más amplio de formas de victimización y están más expuestas que cualquier otro grupo a formas específicas de violencia, como la violencia sexual y los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados”, precisó, a manera de ejemplo.
Al respecto, informó que, “considerando los datos de 16 países y territorios de la región entre 2019 y 2021, se observa que adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años componen el tramo etario en que se concentra la mayor proporción de casos de femicidio o feminicidio”.
“Asimismo, más de un 4% del total de esos delitos corresponden a niñas menores de 14 años”, agregó.
En términos generales, “la violencia sexual es una de las formas de violencia en que la desigualdad de género se manifiesta de manera más evidente”, contexto en el cual “se ha constatado que tanto mujeres adultas como niñas y adolescentes mujeres presentan una mayor exposición a este tipo de violencia que los hombres de sus mismos grupos etarios”, planteó.
“Específicamente en el caso de las niñas, esto es concordante con la información disponible de tres países de la región, que muestra que esta es una forma de violencia que las afecta de manera desproporcionada”, especificó.
Al proporcionar cifras en materia de la más brutal manifestación del machismo criminal, la Cepal dijo que la elevada incidencia del feminismo, en América Latina y el Caribe, constituye “una pandemia en la sombra”.
“Desde hace una década y media”, los estados del área, han “reconocido la gravedad de la violencia feminicida y las muertes violentas de mujeres por razón de género, lo que se ha expresado institucionalmente en la aprobación de leyes y protocolos y la construcción de institucionalidad específica”.
No obstante ello, “el feminicidio o femicidio persiste como una realidad y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución”.
En números, el OIG indicó, en su estudio, que, “en 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 29 países y territorios de la región -4.445 en 18 países y territorios de América Latina y 28 en 11 países y territorios del Caribe-, según los últimos datos oficiales informados por los países”, al observatorio.
“Esto representa al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región”, puntualizó.
En el marco del 25N, el secretario ejecutivo de la Cepal, el costarricense José Manuel Salazar, dijo que “las cifras que hoy presentamos, sobre femicidios en América Latina y el Caribe, son inaceptables”.
Ante ello, “nuestra obligación es redoblar esfuerzos, para que las mujeres y niñas de nuestra región puedan ejercer verdaderamente su derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación”.
Salazar subrayó, además, que, “lograr la autonomía de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, y la igualdad de género, es uno de los compromisos asumidos por los países de la región” en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La agenda contiene, entre otros componentes, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -a ser logrados para 2030-, el quinto de los cuales se refiere a “Igualdad de Género”.
En este punto, la idea consiste en poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, lo que no solamente constituye un derecho humano básico sino que es crucial para el desarrollo sostenible.
El mismo objetivo plantea, entre otros aspectos, que “se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial”.
Foto: Tima Miroshnichenko
