Tres defensoras de los derechos del afroindígena pueblo garífuna de Honduras fueron detenidas, este año, mientras el Estado persiste en el incumplimiento de las medidas reparatorias impuestas, hace seis años, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a favor de esa comunidad, denunció una relatora de Naciones Unidas.

Dos de las activistas -quienes son hermanas- fueron capturadas en marzo, mientras la tercera fue arrestada en junio, indicó Noticias ONU, la agencia informativa de la organización mundial, en una nota en la que, además, citó, sobre el tema, a la irlandesa Mary Lawlor, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos.

Además, Lawlor y el maya guatemalteco Francisco Cali Tzay -relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas-, exhortaron, al gobierno hondureño, a dar protección a quienes defienden los derechos humanos, en particular las garantías de las mujeres, indicó el medio de comunicación.

“El país centroamericano no ha cumplido con las reparaciones ordenadas en 2015”, por el tribunal continental, pero, “este año detuvo a tres activistas de las garantías de ese pueblo por presuntos delitos de robo”, señaló el medio internacional.

Las defensoras –Jennifer y Marianela Mejía, y Silvia Bonilla- integran, además, la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).

De acuerdo con la agencia informativa, “‘el gobierno debe abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación’, dicen los relatores de la ONU”.

Noticias ONU precisó, asimismo, que “Honduras debió titular, delimitar y demarcar los territorios tradicionales de las (norteñas y costeras) comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz según un veredicto de 2015” de la Corte IDH.

El tribunal “ordenó esas reparaciones tras haber encontrado que se habían violado las garantías fundamentales de ese colectivo”, continuó denunciando, en el artículo que difundió, el 9 de julio, en su sitio en Internet.

“Seis años después, los 300.000 integrantes de la comunidad garífuna hondureña, un grupo étnico de herencia africana e indígena, no han recibido esas reparaciones”, aseguró, para reafirmar que, “en cambio, las autoridades del país han privado de la libertad a tres mujeres defensoras del territorio y los derechos del pueblo garífuna”.

En ese sentido, Lawlor, una docente universitaria, expresó “inquietud, tras la detención” de las tres garífunas, al tiempo que indicó que, “el Ministerio Público, acusa, a las defensoras, de los delitos de robo con violencia o intimidación, usurpación, daños, y amenazas”.

Sin embargo, precisó que, según la información en su poder, “los cargos surgieron a raíz del conflicto relacionado con la posesión, uso, y propiedad de ciertos terrenos”, respecto a los cuales existen “varios títulos de propiedad privados, y un título de propiedad ancestral a favor de la comunidad”.

Noticias ONU indicó que Jennifer Mejía fue detenida el 3 de marzo, y que Marianela fue arrestada cuando acudió, a la estación de policía donde la primera se hallaba recluida, con el propósito de obtener información sobre las condiciones de la detención de su hermana.

“Luego, el 7 de marzo, se dictó auto de formal procesamiento para las dos mujeres, con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva”, agregó, antes de aclarar que “las dos podrían ser condenadas a diez años de prisión”.

“La tercera detenida, la activista Silvia Bonilla, fue privada de la libertad el 16 de junio, y el 2 de julio se le dictó sobreseimiento provisional sobre los cargos en su contra”, indicó, asimismo.

Respecto a la detención de las hermanas Mejía, la relatora de Naciones Unidas calificó el hecho, como una acción “particularmente alarmante”, debido a que tuvo lugar poco “antes de la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia” que la Corte IDH emitió en 2015.

Según Noticias ONU, “respaldada por otros expertos de la ONU, Lawlor expresó su preocupación al gobierno hondureño por la detención de las hermanas en un contexto de ‘violencia, ataques y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades indígenas y las mujeres en el país’”.

Un caso emblemático de violencia contra las defensoras de los derechos humanos, en Honduras, es el de la líder indígena Berta Cáceres, una activa feminista y ambientalista quien fue asesinada, apenas pasada la medianoche del 3 de marzo de 2016.

Sicarios irrumpieron en la casa de la dirigente, en la ciudad de La Esperanza, capital del occidental departamento (provincia) de Intibucá, golpearon a la activista, y la balearon.