El Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, tras haber verificado que algunas mujeres visitaban el parque Nacional Band-e Amir sin el hijab, prohibieron el acceso a la población femenina
El espacio público para la población femenina de Afganistán fue restringido aún más, por la dictadura fundamentalista musulmana que gobierna a Afganistán, al prohibir, para las mujeres, el acceso a un parque nacional.
La ilegítima medida fue adoptada, según el represivo Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, tras haberse verificado que mujeres visitantes al parque Nacional Band-e Amir se abstienen de usar el obligatorio hijab -velo religioso femenino que cubre la cabeza y los hombros de quienes lo usan-, de acuerdo con versiones periodísticas conocidas el 28 de agosto.
El parque, creado en 2009, se ubica en la norcentral provincia afgana de Bamiyan, y es un centro atracción para el turismo internacional lo mismo que para visitantes nacionales.
La nueva agresión de género, por parte del régimen de facto impuesto hace algo más de dos años, en el país asiático, por el terrorista movimiento islámico Talibán, ha sido severamente condenada a nivel internacional, principalmente por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Al anunciar, el 26nde agosto, la medida, el titular interino del ministerio, Mohammad Khalid Hanafi, anunció que, a raíz de “la falta de respeto” implícita en la negativa a usar4 el hijab, “tenemos que tomar medidas más serias, desde hoy”.
“Las agencias de seguridad, los ancianos, y los inspectores deberían tomar medidas al respecto”, aseguró.
“Las mujeres y nuestras hermanas no pueden ir a Band-e-Amir, hasta que alcancemos un principio de acuerdo”, planteó, luego de haberse reunido con dirigentes religiosos provinciales.
El funcionario afirmó que “el turismo existe”, pero “hacer turismo no es una obligación para las mujeres”, aseveró.
Las críticas de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, fueron inmediatas.
La directora asociada de Derechos de la Mujer, de Human Rights Watch (HRW), la estadounidense Heather Barr, declaró, en un comunicado reproducido por medios de comunicación, que la nueva acción talibana de represión de género es “cruel y totalmente deliberada”.
También denunció que, “no contentos con privar, a las niñas y mujeres, de la educación, el empleo y la libre circulación, los talibanes también quieren quitarles los parques y el deporte, y, ahora, incluso la naturaleza”.
Barr precisó, asimismo, que, en tal contexto, con el constante accionar misógino de la teocracia afgana, “paso a paso, los muros se cierran, para las mujeres, cada casa se convierte en una cárcel”.
Por su parte, el relator especial de Naciones Unidas para la Situación de los Derechos Humanos en Afganistán, el británico-neozelandés Richard Bennett, preguntó, en la red social X (ex Twitter), en calidad de condena a la medida: “puede alguien explicarme por qué hace falta esta restricción para cumplir con la Sharia (legislación musulmana) y la cultura afgana?”
En relación con la brutal represión dictatorial de género que el régimen talibán recurrentemente agudiza, 32 expertos internacionales denunciaron, el 14 de agosto, que ese segmento de la sociedad nacional es mantenido en situación de discriminación y sometimiento.
Si bien la teocracia afgana viola los derechos humanos en términos generales, la situación es particularmente dramática en el caso de las mujeres, las adolescentes, y las niñas, reafirmaron, en una declaración, los expertos.
“Los talibanes han intensificado sus esfuerzos para someter a las mujeres y niñas a una dominación total, al prohibirles trabajar y acudir a la escuela si tienen más de 10 años, en varias provincias del país”, denunciaron, a manera de ejemplo.
También exhortaron, a la dictadura, a “permitir que todas las mujeres y niñas disfruten de todos los derechos humanos, incluyendo la libertad de circulación y la participación en la vida política y pública, el acceso a la educación y al trabajo”.
Asimismo, plantearon, a la comunidad internacional, que las garantías fundamentales deben estar en el centro de cualquier comunicación con funcionarios del misógino régimen terrorista.
Al respecto, precisaron la necesidad de “garantizar que el compromiso político, con todos los interlocutores afganos, esté centrado en los derechos humanos”.
