La transparencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador fue cuestionada, por varias dirigentes del centrista partido Vamos, en cuanto a combatir la agresión de género en política

Visiblemente molestas, las dirigentes salvadoreñas, se negaron a firmar un acuerdo para evitar la violencia política en la campaña proselitista con miras a las elecciones generales de febrero de 2024 en el país centroamericano.

Las representantes de Vamos, señalaron, en la reunión convocada por el TSE, para que las fuerzas políticas participantes en la contienda cívica suscribiesen el documento, que el pacto propuesto por la autoridad electoral, no obstante su título, no ataca la violencia de género en la política salvadoreña.

Al momento de recibir el texto, para suscribirlo, las representantes de Vamos, en el encuentro -Cesia Rivas, secretaria general; Claudia Ortiz, diputada; Wendy Alfaro, concejal municipal; Xiomara Lazo, candidata a alcaldesa-, se pusieron de pie, en señal de negativa a firmar el “Pacto entre Partidos Políticos para la Buenas Prácticas en el Desarrollo de la Campaña Electoral y la No Violencia Política en las Elecciones 2024”.

La representación de Vamos -el cual no participa, esta vez, en la votación presidencial sino solamente en la legislativa y en la municipal-, fue crítica -al igual que otros cuatro partidos que también se abstuvieron de firmar- respecto a la conducta del TSE, porque avaló la candidatura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a la reelección inmediata, no obstante la específica prohibición constitucional.

La declaración fue suscrita por el gobernante y derechista Nuevas Ideas (NI), y cinco aliados.

“Se habla que este pacto está sobre tres principios: legalidad -es en serio?-, buena fe, y dignidad”, dijo Rivas, la vocera de Vamos, en la reunión.

“Por dignidad de las mujeres que sufrimos violencia política en este país, por dignidad, en donde no hay instituciones que de verdad estén haciendo algo para detener la violencia, en este país, en donde se ha retrocedido en tema de mujeres, es una forma hipócrita, como mujer, firmar esto”, expresó, enérgicamente, la líder política.

Partidos, lo mismo que funcionarios públicos, “denigran, en las redes sociales”, a las mujeres quienes participan en actividades políticas, denunció.

“Por eso decimos: ¡alto a la violencia política. Ya no más!”, exclamó, extendiendo su mano derecha, en señal de freno, al igual que sus tres compañeras de partido.

“Por la dignidad de las mujeres, en este país, no se puede normalizar la violencia”, reafirmó.

De acuerdo con lo que el TSE indicó, en un comunicado que emitió ese día, los firmantes del pacto se comprometieron, entre otros aspectos, a “realizar una campaña electoral que contribuya con el proceso democrático salvadoreño”.

Sumado a ello, convinieron “generar condiciones para el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía”, lo mismo que “respetar los principios de legalidad, la buena fe y la dignidad humana”.

Igualmente, concertaron “prevenir, sancionar y erradicar las violaciones al derecho de las mujeres a la participación política, también cualquier acto de violencia política” de género.

Luego de la agitada reunión para la firma del controversial texto, la presidenta del TSE, Dora Martínez, dijo, a periodistas, que el documento constituye “una muestra de voluntad política democrática”.

“Este pacto se complementa con el compromiso público de los partidos políticos”, lo que debe convertir “el compromiso, en la práctica”, aseguró la titular del TSE, entidad que, como el resto de la red de instituciones del Estado, está bajo el control de Bukele.

“Entre los aspectos fundamentales de este pacto, está transitar en democracia y respeto a la legalidad, cuyo marco reconoce el derecho, de los partidos, a realizar propaganda electoral dentro de los plazos establecidos, y en los términos señalados en la Constitución y en la ley electoral”, subrayó, en referencia, en el segundo caso, al Código Electoral, que data de 1993.

También aseveró que, “hasta el momento, de todas las quejas que he escuchado ahora, yo no he visto una denuncia de violencia política en contra de las mujeres”.

Esa afirmación de Martínez, fue, minutos después, refutada por Marcela Villatoro, diputada por la ultraderechista y escuadronera Alianza Republicana Nacionalista (Arena) -uno de los cuatro partidos que no firmaron el pacto-.

En un mensaje en la red social X -la antigua Twitter-, Villatoro reprodujo pantallazos de ataques que ha recibido en Internet.

“Violencia ejercida por el jefe de bancada de Nuevas Ideas hacia mi persona”, escribió.

A continuación, dirigiéndose a Martínez, preguntó: “Dora esmeralda: ¿sigue creyendo que no existe violencia contra la mujer por parte de diputados del oficialismo?”, y “¿Permitirá la inscripción de personas que descalifican y amedrentan a sus propias colegas?”.

La denuncia formulada por Villatoro tuvo, al día siguiente, el respaldo de un estudio que, sobre el tema de la violencia política de genero en El Salvador, dio a conocer la representación local del estadounidense Instituto Nacional Demócrata (National Democratic Institute, NDI).

El “Informe de Violencia contra las Mujeres en la Política: Investigación en Partidos Políticos”, determinó las variantes de agresión machista que soportan las participantes en actividades en ese campo.

El análisis se enfocó, principalmente, en la agresión machista contra las titulares de cargos públicos, y en la protección con la cuentan las víctimas, indicaron, durante la presentación del documento, el 24 de noviembre, Eduardo Núñez, director de NDI en el Salvador, y María Auxiliadora Rivas, consultora en violencia de género.

“El informe es contundente en afirmar que, sí, existe la violencia política contra las mujeres, en El Salvador”, dijo Rivas.

Respecto a las variantes del tóxico fenómeno sociopolítico, explicó que “las manifestaciones, o los hechos más frecuentes, de violencia política contras las mujeres, son la violencia psicológica y emocional, la violencia sexual, y la violencia física”.

“A las mujeres se les cuestiona su credibilidad e integridad, con base en temas de apariencia física, de estereotipos, la ropa que usa, la vida personal, y haciendo alusión a mensajes que desacreditan la posición de las mujeres en los espacios políticos partidarios”, agregó.

“La violencia contra las mujeres se da en función porque son mujeres, no por su capacidad u otros factores”, precisó.

“Según el informe, los principales agresores son hombres que se esconden en el anonimato de las redes, aunque, también, los ataques son realizados desde el interior de los mismos partidos políticos, en esas luchas de poder que se dan al interior de los partidos”, precisó.

La experta dijo que “el estudio también reveló que la violencia contra la mujer en la política, no se limita a las agresiones psicológicas, emocionales, sexuales, o físicas sino también (se refiere) a las dificultades que éstas encuentran para poder tener financiamiento de cara a eventos electorales”.

“Es más fácil, para un hombre, tener apoyo financiero, para un evento electoral, que para una mujer”, aseguró.

Rivas hizo, asimismo referencia a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (Leiv), aprobada el 14 de diciembre de 2010.

En el primero de sus 61 artículos, establece que “la presente ley tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Ello, “por medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, prevención, atención,

protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad”.

En el segundo, determina que “el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia comprende, ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.

También, que “se refiere al goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución y en los Instrumentos Nacionales e Internacionales sobre la materia vigentes”, lo que incluye, entre otros, los derechos a “que se respete su vida y su integridad física, psíquica y moral”, así como a “no ser sometida a tortura o tratos humillantes”.

Además, el derecho a “participar en los asuntos públicos incluyendo los cargos públicos”.

En alusión a la Leiv, la especialista reflexionó, en calidad de denuncia, que “un punto a destacar es que la violencia política contra las mujeres, no es un delito, en El Salvador”, y reafirmó que, “sí, es una arista, pero no es un delito, como tal”.