Los estados mexicanos de Oaxaca y Jalisco acordaron proteger los derechos de las jornaleras agrícolas migrantes internas, para ayudar a reducir los riesgos a los cuales están enfrentadas, informó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El pacto se enfoca en las mujeres rurales quienes se desplazan desde Oaxaca -en el suroeste- hacia Jalisco -en el oeste-, y apunta a la eliminación de la violencia y la discriminación de género, indicó la FAO, en un comunicado que fue difundido, el 22 de octubre, en el sitio en Internet, de la representación de Naciones Unidas en México.

Menos de un tercio de esa fuerza laboral, percibe remuneración, de acuerdo con lo indicado por la organización.

La colaboración entre los gobiernos de ambas entidades -como en ese país se denomina a los 31 estados- también procura coordinar acciones con sus contrapartes cuyas respectivas jurisdicciones incluyan este tipo de población, agregó la agencia especializada, en la extensa nota informativa.

Los propósitos del acuerdo -firmado en presencia de autoridades de la FAO y otros organismos internacionales- son afines a los objetivos del proyecto “Cerrando brechas: Protección social para las mujeres en México”.

Esta iniciativa es financiada por Naciones Unidas, e impulsada por diferentes agencias de la organización mundial conjuntamente con el gobierno mexicano.

De acuerdo con la definición oficial que aparece en el sitio, en Internet, de la representación de la FAO en México, el proyecto procura a contribuir, entre otros propósitos, a la implementación de políticas multisectoriales, para el acceso de las mujeres a la protección social.

También, al establecimiento de un sistema nacional de cuidados, lo mismo que a la elaboración de estrategias de formalización y extensión de cobertura en protección social para las trabajadoras temporales del campo.

La FAO precisó, en el comunicado, que “el pacto se firmó a favor de los derechos humanos de las jornaleras agrícolas migrantes originarias de Oaxaca que transitan y arriban al estado de Jalisco”.

También apunta a “promover la coordinación con otros estados con presencia de población jornalera agrícola, para apoyar en reducir las vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres, garantizando una vida libre de violencia y discriminación por razones de género y promoviendo el empleo rural decente, salud y educación de calidad”, señaló.

La agencia especializada de Naciones Unidas informó que, en el país latinoamericano, “existen aproximadamente dos millones 407 mil 701 personas jornaleras agrícolas”, quienes, “con sus familias suman 8.5 millones de personas”.

También señaló que “entre el 30% y 40% son migrantes que viajan a diferentes estados del país en busca de trabajo”, y que, de esa proporción, “323 mil son mujeres jornaleras agrícolas”.

Por otra parte, la FAO denunció que, “de cada 10 jornaleras agrícolas que se encuentran trabajando solo 3 perciben una remuneración económica”, y que, a esa labor, se suma, cotidianamente, “el trabajo de cuidado de niñas y niños, la preparación de alimento y limpieza del hogar, entre otras más actividades que repercuten en su bienestar físico y mental”.

Al enumerar algunos de los factores de riesgo de género a los que se enfrenta ese segmento de la fuerza laboral mexicana, puntualizó que, “en México, las jornaleras agrícolas, junto con sus familias, están expuestas a múltiples abusos y violaciones a sus derechos humanos”.

Sobre ese tema, indicó que, iniciativas como el acuerdo Oaxaca-Jalisco, “visibilizan y permiten el diálogo y trabajo en conjunto para que las jornaleras agrícolas conozcan, exijan y ejerzan sus derechos laborales, de salud y educación”.

Ello, “además de abrir el camino para que los gobiernos (de los estados) forjen alianzas con actores internacionales para promover los derechos de este sector”.

Respecto a lo pactado, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (Sisemh) del gobierno jalisciense, Paola Lazo, dijo, durante la ceremonia de firma del acuerdo, que “la atención de un fenómeno de esta magnitud requiere, obligatoriamente, la coordinación interinstitucional e intersectorial”.

Por lo tanto, “es necesario priorizar esfuerzos hacia las jornaleras agrícolas migrantes”, ya que “cargan con la responsabilidad de dedicarse a uno de los empleos más peligrosos del mundo”, subrayó.

Esto, además de sobrellevar “todas aquellas responsabilidades de trabajo no remunerado, y demás demandas, por el simple hecho de ser mujeres”, expresó.

Al hablar en la actividad, la representante de FAO en México, Lina Pohl, aseguró que la cooperación técnica de la agencia, en el país, “impulsa el mejoramiento de esquemas de protección social para las jornaleras agrícolas”.

De modo que, “este pacto de colaboración, promueve mecanismos de coordinación con instancias de gobierno, sector privado, y sociedad civil organizada, para consolidar una agenda de protección social que atienda las necesidades específicas de las jornaleras, en las rutas de migración del trabajo agrícola entre los estados de Jalisco y Oaxaca”.

En opinión de la representante de ONU Mujeres México, Belén Sanz, la importancia de lo acordado radica en que permite “avanzar en el acceso a la protección social de las mujeres jornaleras agrícolas, incluyendo el acceso a servicios de cuidado gratuitos y de calidad”.

Según el director de la OIT para México y Cuba, Pedro Américo Furtado, “el trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas”.

En tal contexto, “es una prioridad para la OIT acompañar a los esfuerzos para hacer de este trabajo una realidad para todas las personas en el sector agrícola”, subrayó.

También aseguró que, para lograr ese objetivo, la entidad “pondrá a disposición de todas las partes herramientas para fortalecer la contratación equitativa de personas trabajadoras en este esencial sector”.

Entretanto, el titular de la Secretaría de Bienestar (Sebien) del gobierno oaxaqueño, Rubén Vasconcelos, dijo que “el estado de Oaxaca se ha caracterizado por su factor migratorio”,

“Las familias migran (…) para buscar oportunidades laborales, siendo el empleo agrícola la opción más cercana a ellas”, explicó.

“Por ello, es vital sumar esfuerzos para garantizar el acceso a servicios fundamentales -como salud, educación, vivienda digna-, y fomentar el trabajo decente, a través de mejores políticas laborales”, reflexionó.

En declaraciones reproducidas el 30 de agosto, por la agencia informativa española Efe, la directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, María Noel Vaeza expresó que el acceso femenino a oportunidades, beneficia, en términos generales, a las sociedades.

Por lo tanto, la mayor o menor inversión que se efectúe en ese sector poblacional, puede, entre otros efectos, determinar el grado de recuperación económica luego de la presente pandemia mundial del nuevo coronavirus, señaló la experta, a manera de ejemplo.

De modo que el desarrollo de políticas en ese sentido, con enfoque de género, debe constituir un componente clave en la superación de la crisis sanitaria, aseguró.

“Cuando las mujeres tienen más oportunidades, ganan más, las finanzas públicas mejoran”, lo que resulta en que “todos nos beneficiamos de una verdadera igualdad”, aseguró Vaeza, una abogada y socióloga.

En ese sentido, aseguró que “una recuperación económica sostenible e inclusiva dependerá, en buena medida, de cuánto invirtamos en ellas, y hacerlo es un buen negocio”, además de aclarar que “no sólo se trata de un eslogan”.