Instantes después de la medianoche, con la entrada en vigencia de la legalización del matrimonio entre personas de igual sexo, y en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, las costarricenses Dunia Araya y Alexandra Quirós, convirtieron a su país en el primero que, en Centroamérica, acepta el matrimonio igualitario.
La ceremonia -transmitida por la televisión estatal y redes sociales- se llevó a cabo, a partir del primer segundo del 26 de mayo, en la central localidad de San Isidro, en la provincia de Heredia, a unos 14 kilómetros al noroeste de San José, la capital nacional.
Sin celebración presencial por parte de integrantes de la comunidad sexualmente diversa costarricense -a causa del aislamiento social por la pandemia-, la ceremonia tuvo como protagonistas a ambas contrayentes, vestidas de blanco, y una notaria quien cumplió su labor protegida por una mascarilla como popular medida sanitaria preventiva.
El acto estuvo precedido por la presencia virtual, en la transmisión en vivo, entre otras personas, desde diversos países a nivel mundial, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, las cantantes Lila Downs y Mónica Naranjo, y numerosos otros participantes quienes aportaron testimonios así como expresiones de felicitación y solidaridad.
En redes sociales, la transmisión fue organizada por la campaña antidiscriminatoria denominada “Sí Acepto Costa Rica”.
Respecto a la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en el país centroamericano, el presidente costarricense, Carlos Alvarado, expresó, en un mensaje que difundió momentos antes, la necesidad de luchar contra la discriminación, de la naturaleza que sea, y por defender los derechos humanos en su totalidad.
“Nuestro deber es combatir todo tipo de discriminación, sea por discapacidad, etnia, cultura, credo religioso, sexo, identidad y expresión de género, orientación sexual, o cualquier otra”, aseguró Alvarado, quien subrayó que, “desde ese enfoque, que procura la defensa de todos los derechos humanos, es el lugar donde hay que entender este paso”.
El mandatario hizo, así, alusión a los conservadores sectores políticos y sociales tenazmente opuestos al matrimonio igualitario.
Los integrantes de la comunidad sexualmente diversa quienes optan por la unión matrimonial, en medio de contextos discriminatorios que incluyen agresión física, buscan respeto por parte del resto de la sociedad -de la que son parte-, aseguró.
Se trata de personas en procura del “reconocimiento y la dignidad que se merece cualquier ser humano, sin importar quienes sean o a quienes amen”, planteó, para precisar que, al optar por el matrimonio, lo hacen “por amor, por estabilidad, y porque tienen un proyecto de futuro”.
Y en un mensaje que dio a conocer vía la red social Twitter, celebró la democracia costarricense, y exhortó a que la construcción de un país inclusivo se base sobre el amor.
“Costa Rica oficialmente reconoce el matrimonio igualitario”, tuiteó.
“Hoy celebramos la libertad, la igualdad y las instituciones democráticas”, reflexionó, para llamar a “que sean la empatía y el amor la brújula que nos permita salir adelante y construir un país donde quepamos todas las personas”.
En ese sentido, y en declaraciones al Canal 7 de la televisión local, el costarricense Marco Castillo, abogado y activista de los derechos de la comunidad sexualmente diversa, aseguró que, con la oficialización del matrimonio igualitario, esa población reivindicó dignidad.
“Este paso es muy importante, porque representa que ya hemos empezado a dar pasos hacia ser ciudadanos de primera clase, porque hemos venido siendo ciudadanos y ciudadanas de tercera y segunda categoría”, subrayó Castillo, quien formalizó, en la misma jornada la unión con su pareja.
El dirigente aseguró que “es la conquista de nuestra dignidad”.
En ese contexto, el primer matrimonio igualitario en Costa Rica, entre dos mujeres, fue llevado a cabo hace casi cinco años, precisamente, por Castillo.
Así, Jazmín Elizondo y Laura Florez-Estrada se convirtieron en la primera pareja de igual sexo que logró casarse.
Basado sobre un error en el documento de identidad de Elizondo -en el cual se indicaba que la titular era de sexo masculino-, Castillo casó, el 25 de julio de 2015, a la pareja.
El abogado expresó, entonces, que los documentos que tuvo ante sí, indicaban que se trataba de una pareja constituida por una mujer y un hombre.
La argumentación no duró mucho, ya que, en el contexto legal aun imperante en ese momento, el matrimonio fue impugnado judicialmente, y luego anublado, en un proceso que incluyó que la pareja y el abogado fuesen denunciados en el Ministerio público.
La denuncia quedó sin efecto, el matrimonio de Elizondo y Florez-Estrada fue anulado el 12 de este mes, y la pareja mantiene el proceso, iniciado en la Sala Constitucional -Sala IV- de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en procura de que su unión matrimonial sea reconocida.
Entretanto, en el marco de un intenso y socialmente polarizador debate nacional sobre el tema -incluidas manifestaciones callejeras en apoyo o en rechazo del matrimonio igualitario-, la entonces vicepresidenta (2014-2018) costarricense, Ana Helena Chacón, solicitó, en 2016, a la Corte Interamericana de derechos Humanos (Corte IDH), una opinión consultiva.
La solicitud se refirió a dos temas que mantenían, en ese tiempo, profundamente polarizada a la sociedad costarricense: el matrimonio igualitario y la identidad de género -aspecto, el segundo, que era de particular interés de la población transexual (trans), principalmente en lo referido a los datos de nombre y género que aparecen en el documento de identidad-.
Entre los puntos específicos contenidos en la solicitud de Chacón -también ex viceministra de Seguridad (2002-2006), ex legisladora (2006-2010), y actual embajadora de Costa Rica en España-, figuraron los derechos patrimoniales de las parejas de igual sexo, y el derecho a nombre de las personas trans.
En respuesta, el tribunal continental indicó, en resolución tomada en noviembre de 2017, y conocida el 9 de enero de 2018 -cuando Costa Rica cumplía un proceso de elecciones presidencial y legislativa-, que los estados tienen que “reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”.
Ello, para erradicar la discriminación de que, específicamente en materia de derecho al matrimonio, son objeto las parejas de igual sexo, según lo indicado por la Corte IDH, cuya sede está en la capital costarricense.
“Es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas con parejas heterosexuales”, agregó.
El fallo de la CSJ fue emitido 10 meses después, cuando aprobó, la noche del 9 de agosto, el matrimonio de parejas del mismo sexo, estableció plazo de 18 meses para que la Asamblea Legislativa (parlamento unicameral) aprobase la reglamentación del caso.
Para ello, la Sala IV declaró con lugar dos acciones de inconstitucionalidad contra la legislación que impedía el matrimonio igualitario.
Ante la inacción parlamentaria, el matrimonio ansiado por las parejas de igual sexo quedó oficialmente establecido el 26 de este mes.