La Corte Constitucional de Ecuador decidió despenalizar el aborto para los casos de violación, modificando una limitada disposición contenida en el código penal del país sudamericano.
El tribunal falló, el 28 de abril, reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), según el cual el aborto se eximía de penalización solamente cuando la víctima era una “persona con discapacidad mental”, de acuerdo con lo informado por medios de comunicación nacionales e internacionales.
La decisión fue aprobada por mayoría -siete a dos- de los nueve magistrados de la Corte, habiendo las juezas Carmen Corral y Teresa Nuques emitido los votos en contra.
El fallo fue recibido, en las afueras de la sede del tribunal, con expresiones divergentes, por integrantes de organizaciones de sociedad civil, respectivamente, partidarias y opuestas a la medida.
Agitando pañuelos verdes -el color con el cual, internacionalmente, se identifican quienes apoyan la despenalización del aborto-, decenas de mujeres corearon, respecto a sus adversarias, consignas tales como “aquí están, estos son, los que quieren la violación!”.
En los pañuelos se leía, en letras blancas: “#DECIDIResmiDERECHO. Despenalización del aborto ¡YA! Ecuador”.
Por su parte, las opositoras expresaban “el aborto no es un derecho!”, además del clásico “no al aborto, sí a la vida!”.
Conocido el fallo, organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos reaccionaron planteando que, si bien es incompleta -porque se limitó a la violación como causa legal para abortar-, la decisión judicial marcó un hito en la lucha ecuatoriana, de casi una década, en procura de la despenalización general del procedimiento médico.
En ese sentido, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador expresó, en un comunicado, que la decisión emitida por el tribunal constitucional marcó “un avance necesario, aunque incompleto”.
“Las mujeres ecuatorianas seguiremos luchando para ejercer el derecho a ser libres de disfrutar, defender, proteger nuestro cuerpo y salud integral”, anunció, además.
En términos coincidentes, la organización Surkuna, por medio de su vocera, Mayra Tirira, declaró que “creemos que el aborto debe ser despenalizado, en su totalidad”.
Sin embargo, el fallo constituye “un gran paso en la reivindicación de los derechos de las mujeres”, agregó, para reafirmar que se trata de “un logro de las mujeres que han luchado, por sus derechos, durante muchos años”.
Entretanto, en el sector antiabortista, organizaciones provida, al igual que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), manifestaron su radical descontento por la decisión.
En un comunicado que emitió el 28 de abril, en ajustado adelanto a la decisión judicial, la CEE informó sobre el envío, dos días antes, de una carta que el presidente de la CEE, Luis Cabrera, el arzobispo de Quito, Alfredo Espinoza, y el obispo auxiliar de Quito, David de la Torre, dirigieron, el 26 de abril, al presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado.
En la carta de dos páginas, los sacerdotes plantearon, que “el aborto voluntario o inducido es un tema muy complejo”.
Al anticiparse a los que el tribunal resolvería 48 horas después, los jerarcas católicos afirmaron, como advertencia, que “el crimen de la violación, por otra parte, no se soluciona con otro crimen: el aborto”.
Los obispos también señalaron límites en cuanto a las atribuciones de la Corte Constitucional, indicando que está “solo reservada a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) la tarea de legislar, y más particularmente tipificar -o destipificar- infracciones y establecer las sanciones correspondientes”.
Igualmente, plantearon, a continuación, que “la despenalización del aborto por violación, por consiguiente, debe ser interpretada en el contexto de todos los derechos humanos, incluido el primero y fundamental: la vida”.
En ese sentido, en la carta de siete extensos párrafos contenidos en dos páginas, exhortaron, a los magistrados, a que “sepan marcar una pauta de acción ética, humana y solidaria, a través de sus decisiones”.
“La ciencia sin ética, se transforma en crueldad; la ley sin ética, en tiranía; la política sin ética, en corrupción; la religión sin ética, en condenación inmisericorde”, afirmaron, como cierre del texto.
Por su parte, en alusión a un dramático aspecto de los embarazos resultantes de violación, en particular en los casos de menores, la directora de la no gubernamental Fundación Desafío, Virginia Gómez, declaró que el fallo de la Corte constituye un instrumento de protección, puntualmente, “de las niñas y de las adolescentes víctimas de violencia sexual”.
Por su parte, al mencionar lo que describió como “cifras que hablan de los niveles de violencia que sufren las niñas”, la psicóloga María Fernanda Pavón, aludió a números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), según los cuales, en el período 2010-2019 nacieron, en Ecuador, casi 68 mil niños cuyas madres se ubicaban en el grupo etario de 10 a 15 años.
Ello, “sin olvidar que los agresores son, principalmente, personas de su círculo familiar íntimo”, puntualizó.
En coincidente alusión a ese punto, en la carta a Salgado, los tres obispos aseguraron que “el violador debe ser tratado con el máximo rigor de la ley, más aún si es alguien cercano a la víctima, como un pariente, un amigo o un conocido”.
Sobre este aspecto, Gómez expresó que, en tal contexto, a partir del fallo judicial, “las niñas abusadas ya no serán obligadas a ser madres”.
La decisión marcó el punto culminante de un complejo proceso de lucha, marcado por reveses y avances, emprendido en 2013, y en el contexto de un movimiento mundial, por organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos ecuatorianas.
