La violencia de género aumentó más de 30%, a nivel nacional, durante el período 2020-2021, disparándose en casi 50 por ciento en las áreas rurales, vinculadas a la defensa de recursos naturales
Más de la mitad de las personas afectadas, en Honduras, por el cambio climático, está constituida por mujeres habitantes en zonas rurales y pertenecientes a comunidades étnicas, de acuerdo con los hallazgos de un estudio llevado a cabo por la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Otros factores, de naturaleza socioeconómica y de seguridad, se suman al deterioro ambiental, para mantener, a ese sector de la población, en situación de extrema vulnerabilidad, indicó el Conadeh, en el documento que fue dado a conocer el 27 de agosto.
La violencia de género aumentó más de 30 porciento, a nivel nacional, durante el período 2020-2021, disparándose en casi 50 por ciento en las áreas rurales, según el análisis llevado a cabo en el marco del Proyecto ProDefensoras Honduras-iniciativa impulsada por el Conadeh, conjuntamente con la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), entre otras entidades especializadas-.
Entre la población nacional -estimada en algo más de nueve millones de habitantes, alrededor de 3.2 millones están en precariedad socioeconómica, según datos contenidos en el estudio.
En ese sentido, el análisis expuso que “la crisis de seguridad alimentaria, la violencia por la presencia y accionar de grupos de narcotráfico, maras y pandillas, el cambio climático y desastres -inundaciones y sequías- han hecho que, actualmente, existan cerca de 3.2 millones de personas con necesidades humanitarias en el país”
Del segundo total, “el 60 por ciento son mujeres, en su mayoría de las zonas rurales y pertenecientes a grupos étnicos que enfrentan mayor pobreza, así como limitaciones de acceso a los servicios básicos y de salud”, reveló.
“Ante el cambio climático, las mujeres se han vuelto desproporcionadamente más vulnerables y expuestas a violaciones a sus derechos”, denunció, para agregar, de inmediato, que ese contexto “contribuye a profundizar la estructural marginación y exclusión de ellas en procesos económicos, sociales, políticos y de construcción de paz”.
Se trata de una situación que “se agrava por la baja titulación de tierras para las mujeres”, a lo que se suman “las dificultades que tienen para acceder a los créditos agrícolas, en comparación con los hombres”, señaló.
“Aunado a ello, los cambios en los patrones de lluvia y los extensos períodos de sequía”, planteó.
Según el estudio de Conadeh, las mujeres rurales “están perdiendo el control tradicional sobre sus cultivos y fuentes hídricas”, escenario que la obliga a “desplazarse en precarias condiciones, y aumentando su exposición a la trata y al abuso sexual”.
Aumento de violencia
Al citar datos de otras investigaciones, en su estudio, Conadeh señaló, asimismo, que durante el bienio 2020-2021, “hubo un incremento del 35 por ciento en las agresiones, siendo el 45 por ciento en zonas rurales y vinculadas a la defensa de recursos naturales”.
En tal cuadro de situación, y en virtud de que las habitantes de esas zonas presentan “alta dependencia de los recursos forestales para su sustento, y (por) su aguda vulnerabilidad a los shocks climáticos, las mujeres defensoras de los derechos humanos han estado impulsando las luchas para proteger estos recursos”, informó.
Pero, como reacción del dominante patriarcado, ha “aumentando los hechos violentos contra ellas, en los últimos años, en un esfuerzo por acallar sus voces y su participación en la vida pública”.
En ese dramático cuadro de situación, un caso emblemático, precisamente, en Honduras, es el de Berta Cáceres, la tenaz líder indígena lenca, defensora de los derechos humanos, y ambientalista quien fue asesinada a causa de la inclaudicable lucha que, durante algo más de dos décadas, llevó a cabo.
El asesinato de Cáceres fue perpetrado poco después de la medianoche del 3 de marzo de 2016 –el día antes de que cumpliera 45 años-, cuando sicarios irrumpieron en la casa de la dirigente, en la ciudad de La Esperanza, la capital del occidental departamento (provincia) de Intibucá –a unos 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital nacional-, la golpearon, y la balearon.
La activista protagonizó múltiples luchas, incluida, en marzo de 1993 –cuando tenía 22 años-, la fundación –conjuntamente con su entonces pareja, el también dirigente indígena Salvador Zúniga- del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
La organización se convirtió, rápidamente, en uno de los principales instrumentos de movilización de la base social hondureña, y se ha constituido en referente local e internacional de lucha popular.
Los frentes de acción de la agrupación incluyen como ejes centrales, la promoción del respeto a los derechos humanos –en particular los de las mujeres-, la reivindicación de la cultura indígena, la defensa de los recursos naturales.
Cáceres fue asesinada mientras se desempeñaba como coordinadora del Copinh, y en el marco de la exitosa lucha que encabezó contra un proyecto hidroeléctrico que, de haberse llevado a cabo, habría generado severo daño a la cuenca del Río Gualcarque.
Ese cuerpo de agua, que es sagrado para el pueblo indígena Lenca -al que pertenecía Cáceres-, cruza los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara.
En su estudio con enfoque de género, Conadeh también destacó que, “en Honduras, la capacidad de resiliencia de las mujeres rurales, frente a los choques climáticos, se ha visto obstaculizada aún más por las normas de género y las prácticas discriminatorias”.
Se trata barreras “que han llevado a que ellas tengan un acceso desigual a la tierra y a la asistencia técnica agropecuaria”, precisó.
Asimismo, y en estrecha correlación con ese dramático panorama, “los altos niveles de violencia doméstica y sexual que ellas experimentan, en periodos de precariedad económica, durante y después de los fenómenos meteorológicos extremos, han creado un círculo vicioso negativo de seguridad”, denunció, además.
Ello “socava sus capacidades de adaptación, restringe sus opciones de medios de vida y reduce, ya de por sí, su baja capacidad de incidencia”, agregó.
Según la misma fuente, “las mujeres, en Honduras, representan el 53.3 por ciento de los 9.5 millones de habitantes con que cuenta el país, sin embargo, son mayormente excluidas y discriminadas”.
“Sus tasas de analfabetismo son más altas, especialmente en las zonas rurales, y tienen más dificultades para acceder a educación terciaria y (a) programas de formación técnica y profesional”, señaló.
En ese contexto de desigualdad de género se enmarca el precario acceso femenino a la fuerza productiva del país centroamericano, lo que resulta, entre otros críticos índices socioeconómicos y laborales, que un 76 por ciento de las trabajadoras se desempeña en el sector informal, de acuerdo con lo señalado en el estudio.
Por tal razón, se ven privadas de acceso a seguridad social, a beneficios establecidos por la legislación laboral nacional, a la protección a sus derechos como trabajadoras, según los datos revelados en el documento.
El cuadro precedente se agudiza al tomarse en cuenta el hecho de que alrededor de 37.2 por ciento de los hogares hondureños es jefeado por mujeres, agregó Conadeh.
En cuanto al componente de género en lo que tiene que ver con el cambio climático, a nivel mundial, el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, formuló, el 17 de junio, la advertencia de que la población femenina es la más golpeada por los fenómenos de sequía y desertificación.
Al mismo tiempo, y, como suele ocurrir en casos de emergencia humanitaria, las mujeres tienen un papel potencialmente clave a desempeñar en el combate a tales situaciones, pero carecen del reconocimiento y el respaldo para ello.
Afectación por la degradación del suelo
En una reciente exposición del cuadro de situación, el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, denunció que, no obstante el hecho de que las mujeres y las niñas son el sector poblacional más afectado por la degradación del suelo, al igual que en otras situaciones, no se les permite aportar a la solución.
“Las prácticas agrícolas insostenibles están erosionando los suelos 100 veces más rápido de lo que la naturaleza puede restaurarlos”, advirtió Guterres, al participar, el 17 de junio, en la actividad llevada a cabo en la sede de la organización mundial, en la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York, para marcar el anual Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
“Hasta el 40 por ciento de las tierras nuestro planeta está ya degradadas, lo que pone en peligro la producción de alimentos, amenaza la biodiversidad, y agrava la crisis climática”, precisó el funcionario, durante la presentación que, en esa fecha, realizó respecto al tema.
Se trata de “una situación que afecta, sobre todo, a las mujeres y las niñas”, precisó.
Ellas “sufren, de forma desproporcionada, la falta de alimentos, la escasez de agua, y la migración forzosa que provoca el maltrato de la tierra”, y, “a pesar de ello, son las que menos control tienen sobre la situación”, dijo, a continuación.
En carácter de exhortación, planteó que, por lo tanto, es necesario contar con “ayuda para que las mujeres y las niñas desempeñen su papel en la protección de nuestro recurso más preciado, para acabar con la degradación de la tierra”.
Foto: Ron Lach
