La organización Cristosal denunció que el Régimen de Excepción genera múltiples violencias contra las mujeres y deteriora su calidad de vida
La violencia represiva del Régimen de Excepción impuesto, hace algo más de un año, por el régimen del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, golpea a la población femenina del país centroamericano, sector históricamente afectado por la violencia de género propia de las sociedades dominadas por las tóxicas costumbres patriarcales.
Esa afectación se refiere a las consecuencias que la inflexible política de seguridad tiene, particularmente para mujeres, por las recurrentes situaciones de abuso de autoridad, entre otros factores clave.
Al denunciar la situación, la organización no gubernamental Cristosal precisó que esa política de seguridad agudiza las diversas manifestaciones de violación a los derechos humanos, en términos generales, con particular impacto de género.
Ello se traduce en el evidenciado deterioro de las condiciones de vida de mujeres, aseguró Cristosal, en el informe que, titulado “Un año bajo el régimen de excepción: una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”, dio a conocer el 29 de mayo.
De acuerdo con los más recientes datos oficiales, el total de detenidos en el marco del Régimen de Excepción -sin desagregación por género- era, al 5 de mayo, 68,294 -los cuales son descritos como “terroristas capturados”.
En el tercero de los seis capítulos del estudio -consistente en 98 páginas-, la oenegé
-fundada, en Estados Unidos, por dos obispos anglicanos, y establecida en 2001 en El Salvador- abordó el “impacto en las mujeres, niñas, niños adolescentes y población Lgtbiq+”, generado por la medida de seguridad.
En cuanto al tema específico “Vulneración de los derechos de las mujeres”, denunció que “el régimen de excepción genera múltiples violencias contra las mujeres, quienes además viven en contextos violentos que las hacen más susceptibles, al ser familiares de personas detenidas y cuando son privadas de libertad”.
En tal contexto, señaló que, por ejemplo, “son mujeres las que asumen la localización de sus familiares detenidos, la provisión de alimentos, medicamentos y la búsqueda de justicia”.
“También son responsables del cuidado de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores; y se vuelven proveedoras de los hijos de familiares de otras personas detenidas y de personas adultas mayores de su entorno”, indicó, a continuación.
“Como consecuencia de lo anterior, estas mujeres experimentan un deterioro en sus condiciones de vida”, precisó.
“Cristosal ha documentado casos de niñas, adolescentes y mujeres que son víctimas de acoso y abusos sexuales por parte de policías y soldados”, informó la organización fundada por los obispos Justo Martin Barahona -salvadoreño- y Richard Bower -estadounidense-, como instrumento para que la Iglesia Anglicana salvadoreña recibiese apoyo de sus contrapartes norteamericanas.
“En algunos casos, dicha situación ha obligado a las familias a desplazarse o a enviar a las niñas y adolescentes a otros lugares para evitar que sean abusadas o detenidas por no ceder ante el acoso de los agentes de autoridad”, puntualizó.
Por otra parte, “muchas de las mujeres detenidas estaban embarazadas al momento de la detención y han dado a luz sin que sus familias sepan si su hijo o hija nació y cuál es el estado de salud de ambos”, agregó.
“Otras mujeres fueron detenidas cuando estaban en la etapa posparto, es decir, que sus hijos o hijas quedaron al cuidado de familiares o terceras personas con pocos días de nacidos”, siguió planteando.
Cristosal informó, asimismo, sobre “las principales vulneraciones a los derechos de las mujeres afectadas por el régimen de excepción (…) que han subsistido en el transcurso de la implementación de éste”.
La primera de las seis situaciones se refiere a “la pérdida de recursos para su subsistencia y la de sus familiares dependientes -hijos e hijas y personas adultas mayores- cuando las mujeres son jefas de hogar y las principales responsables de la economía familiar; también cuando la persona detenida era la proveedora”, comenzó a explicar.
También destacó “la desmejora en las condiciones de vida cuando las mujeres dependen económicamente de su familiar capturado”.
A ello, se suma “la asignación adicional de tareas de crianza y de cuidados, particularmente a mujeres adultas mayores, quienes generalmente son madres y abuelas de las personas detenidas, además de quedar sin recursos financieros y a cargo de niños y niñas de corta edad”.
Igualmente, “la disminución de los ingresos y la inversión de tiempo, a fin de investigar el paradero de sus familiares, obtener constancias y solvencias y acudir a diferentes instituciones”, o mismo policiales que penitenciarias, entre otras.
Asimismo, “los impactos en la salud física, emocional y mental”, además de “pérdida del proyecto de vida, principalmente cuando dejan de estudiar o pierden sus emprendimientos o empleos por dedicarse a tareas de cuidados y a la búsqueda de justicia para sus familiares detenidos”.
En lo que tiene que ver con “Violaciones a los derechos de las mujeres privadas de libertad”, la situación descrita en el estudio, reveló un dramático cuadro de situación, lo que incluye fallecimientos de reclusas.
En el principal centro penitenciario femenino, “una de las principales situaciones de riesgo es el tipo de personal penitenciario asignado (…) para la custodia de mujeres, ya que ellas deben ser prioritariamente atendidas también por mujeres”.
“No obstante, la cantidad de personas detenidas y la distribución en otros centros penales puede haber provocado que se designe a hombres y a mujeres que no están debidamente formadas para atender mujeres”, señaló, para agregar que “lo mismo puede estar ocurriendo en los otros centros a los que se trasladó a las mujeres”.
En cuanto a la alimentación que proporciona a la privadas de libertad, la oenegé indicó que “también es precaria”, informó.
Entre los testimonios obtenidos, una proporción considerable de prisioneras denunció “que no recibían paquetes alimenticios” entregados por familiares, mientras que quienes lograron recibirlos, “afirman que no se les entregó todos los alimentos que les llevó su familia”.
En cuanto a víctimas fatales del encarcelamiento, Cristosal informó que, oficialmente, “sólo se contabilizan cuatro mujeres fallecidas durante la privación de libertad por el régimen de excepción”.
Sin embargo, “los testimonios de muchas mujeres que han estado detenidas refieren que vieron morir a varias mujeres al interior de los centros de detención”, además de que “presenciaron abortos provocados por negligencia y abusos de autoridad”.
Las violaciones a las garantías fundamentales de las reclusas agudizan, brutalmente, la precaria situación.
“Los castigos y, por tanto, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como las torturas son recurrentes”, relató la agrupación.
“Las mujeres son rociadas con gas pimienta durante las noches ‘por hacer ruido’, para intimidarlas o por cualquier motivo”, indicó, a manera de ejemplo.
Por otra parte, “es particularmente grave la situación de las mujeres lesbianas quienes sufren discriminación y maltrato, y son sometidas con más frecuencia a castigos físicos y a encierro en celdas de castigo”, reveló, además.
De acuerdo con lo señalado por la oenegé, el encarcelamiento revictimiza a las detenidas, quienes venían siendo víctimas de violencia de género por parte de integrantes de maras -pandillas-.
“La detención de las mujeres por el régimen de excepción se produce, mayoritariamente, por ‘tener vínculos’”, término policial aplicado a “aquellas personas que tienen alguna relación familiar o íntima con pandilleros”, explicó.
“También son detenidas como colaboradoras, en estos casos se trata de madres, hermanas o parejas de hombres a quienes se les acusa de ser miembros de pandillas”, mientras que “un número menor de mujeres son acusadas directamente por pertenecer a estas estructuras”, precisó.
Al respecto, la organización formuló la precisión de que, “en todo caso, son detenciones que tienen un fuerte componente de violencia de género”.
Cristosal precisó, en ese sentido, que “muchas de ellas también fueron víctimas de las pandillas al ser violadas, sometidas a esclavitud sexual y obligadas a trasladar objetos prohibidos bajo amenaza de causar daño a sus familias, sus hijos e hijas o a ellas mismas, y ahora son víctimas del Estado”.
Foto: Anya Juárez Tenorio
