La modificación penal aprobada recientemente, dejó sin efecto el límite de 15 años que regía para la judicialización de la más brutal forma de machismo
El femicidio es en El Salvador. un delito imprescriptible, de acuerdo con la reforma recientemente aplicada al Código Procesal Penal, lo que permite a la autoridad judicial, tramitar los propcedimiento correspondientes, sin perjuicio del tiempo que haya transcurrido desde el momento cuando el crimen fue perpetrado.
La modificación, aprobada el 21 de febrero por 76 de los 84 integrantes de la Asamblea Legislativa -el unicameral parlamento del territorialmente más pequeño país centroamericano-, dejó sin efecto el límite de 15 años que regía para la judicialización de la más brutal forma de machismo agresor.
La reforma -que fue respaldada por representantes de los ocho partidos con presencia legislativa- conservó las penas de prisión, ubicadas en el rango de 20 a 35 años, además de que mantuvo la definición del femicidio como crimen cometido contra una mujer, sobre motivaciones tales como el odio o el menosprecio a su condición de tal.
El femicidio estaba tipificado como delito, y, mediante el cambio de ahora, se incorporó a los crímenes sin caducidad en el tiempo para procesar a quienes los cometen.
Según la línea de tiempo legislativa, los crímenes -algunos, de lesa humanidad- en esa categoría son, desde 2008, los de guerra, además de desaparición, genocidio, secuestro, terrorismo, tortura, y, desde 2021, los delitos de corrupción, a las que, ahora, se suma el femicidio.
Respecto a la acción del organismo legislativo, en declaraciones citadas por medios de comunicación lo mismo locales que internacionales, algunos parlamentarios opositores indicaron que la reforma no es del todo suficiente para combatir el femicidio.
Entre esas opiniones, John Wright, único diputado por el opositor y centroizquierdista partido Nuestro Tiempo, subrayó que “es alarmante el número de feminicidios que han venido ocurriendo este año”.
Si bien votó a favor de la reforma, advirtió que, “quedarnos en lo punitivo, es insuficiente”.
Wright también planteó la necesidad de que los hijos de las víctimas de femicidio sean protegidos.
En el bando oficialista, Marcela Pineda, legisladora por el gobernante y centroderechista partido Nuevas Ideas -que, con 56 integrantes, tiene la mayor bancada parlamentaria-, relató que, en 2018, “225 mujeres fueron asesinadas por odio, por ser mujer, por su vestimenta”.
Al poner en evidencia el machismo imperante en la patriarcal sociedad salvadoreña, Pineda agregó que, no obstante la magnitud de ese contexto, “la única acción concreta que brindó la vieja Asamblea Legislativa fue decretar un duelo por tres días”.
De acuerdo con los más recientes datos revelados por la no gubernamental Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), durante los dos primeros meses de 2023, los femicidios registrados fueron 12, algo menos de los 20 contabilizados para igual periodo de 2022.
Desglosados por mes, el mayor número, este año, ocurrió en febrero (siete), lo que dejó a enero (cinco), en segundo lugar, según cifras procesadas por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, uno de los seis espacios de análisis temático, de Ormusa, sobre la situación de la población femenina salvadoreña -algo más de la mitad de los 6.5 millones de habitantes a nivel nacional-.
Las cifras para el año pasado indicaron lo inverso, con enero (12) como el de mayor incidencia, frente a febrero (ocho).
De acuerdo con cálculos difundidos, el 21 de febrero, por agencia informativa estadounidense The Associated Press (AP),”los femicidios disminuyeron levemente entre 2021 y 2022, de 80 a 53 casos, según las estadísticas fiscales”.
“También bajó la cantidad de personas condenadas por este delito de 49 a 23 en el mismo periodo, así como de personas procesadas penalmente, de 69 a 27”, precisó.
Citada por medios de comunicación, el día en que la reforma fue aprobada, Silvia Juárez, dirigente de Ormusa, cuestionó la eficacia del sistema judicial de El Salvador en materia de castigo a los femicidios.
En tal sentido, denunció que “los delitos de feminicidio, y su impunidad, persisten, en El Salvador, no sólo porque las condenas por muertes violentas de mujeres se concretan en 39 por ciento de los crímenes reportados sino porque el sistema es incapaz de prevenir las muertes”.
“Cuántos hechos han tenido como alertas tempranas, amenazas, lesiones, desacuerdos en la autoridad parental?”, preguntó, a manera de ejemplo.
Se trata de incidentes de agresión machista “que no fueron atendidos de manera diligente”, razón por la cual, “sencillamente, se convirtieron en feminicidios”, planteó, a continuación.
En tal contexto, es necesario, además del componente represivo judicial y policial, poner énfasis en el trabajo preventivo, planteó, además, a manera de recomendación.
Por otra parte, en cuanto a la reciente acción legislativa salvadoreña, advirtió que la medida no constituye una iniciativa de vanguardia, sino que se trata de una acción que se enmarca en el contexto internacional en esta materia.
Respecto a ello, la defensora de derechos humanos precisó que la magnitud del problema no se reduce.
“La imprescriptibilidad del feminicidio es un estándar internacional, que debe cumplirse ante las graves violaciones de derechos humanos”, aclaró Juárez, en cuya opinión, si bien “puede ser buena”, la reforma a la normativa penal nacional “es simplista, ante un problema profundo”.
Foto: RODNAE Productions
