A nivel de cámaras empresariales, de los 96 cargos en juntas directivas, tan solo once son ocupados por mujeres, lo cual, a pesar de significar un avance con respecto años anteriores, aún está lejos de la paridad
Las desigualdades de género constituyen un rasgo estructural del Uruguay, así como de otros países de la región de América Latina y el Caribe. Se reconocen, aún hoy, al menos cuatro nudos estructurales constitutivos de las relaciones desiguales de género: los patrones culturales, la desigualdad económica, la división sexual del trabajo y la concentración del poder, según la conclusión del informe “El lugar de las mujeres uruguayas en la toma de decisión”, de ONU Mujeres, INMujeres.
Aunque la proporción de mujeres en cargos directivos (directores/as, gerentes/as) aumentó levemente entre 2015 y 2019, pasando de 32,8% a 35,7%, según datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH-INE, 2019), continúa siendo desproporcionada en igualdad de género. Cuando se analiza esta proporción por sector, se observa que en el sector público hay un 53,7% de presencia femenina, mientras que en el sector privado el valor desciende a 33,6%.
El informe publicado en el 2021, abordó uno de esos aspectos, impostergables para consolidar igualdad de género: la concentración del poder y, en particular, la baja representación de las mujeres en los cargos de decisión y en espacios de conducción, relevantes para el desarrollo de la democracia; por ejemplo, la academia, la conducción política, el diseño y la ejecución de políticas públicas y la conducción de organizaciones sociales, entre otras.
El informe hace mención a varios estudios que han analizado la situación de las mujeres en las instituciones de tipo social, por los valores que estas promueven, y han encontrado que, en estos ámbitos, la desigualdad entre hombres y mujeres que ocupan cargos de dirección es mayor que en el ámbito privado (Quartiers du Monde, 2017, y Varela, 2015).
Uno de estos estudios es el análisis realizado en 2019 por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP), que da cuenta de las múltiples barreras que se les presentan a las mujeres para acceder a ellos: desde la estructura de las organizaciones, donde muchas veces se requiere un alto número de horas presenciales por parte de ellas, hasta la distribución desigual de las tareas domésticas en los hogares, lo que les impide dedicar más tiempo a la actividad cooperativa.
De acuerdo a un relevamiento realizado por la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP) que tuvo por cometido sistematizar la información relativa a diferentes organizaciones que nuclean cooperativas, el lugar que ocupan las mujeres en la toma de decisión alcanza al 25% de los lugares de dirección. De las 10 entidades analizadas solo una – la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) – cuenta con un directorio en el que la mayoría son mujeres (57%). Adicionalmente, 7 de las 10 entidades cuentan con directorios en los que las mujeres representan menos de un tercio del total.
A nivel de cámaras empresariales, la situación es peor, ya que, de los 96 cargos, once son ocupados por mujeres, lo cual, a pesar de significar un avance con respecto al informe anterior, aún está lejos de la paridad.
Como conclusión general, el documento deja en evidencia la persistente segregación vertical en el acceso al poder por parte de las mujeres y también da cuenta de la existencia de segregación horizontal, ya sea porque las mujeres acceden en menor medida a puestos de conducción como por las temáticas que conducen.
De las institucionalidades analizadas, ninguna escapa a este tipo de discriminación hacia las mujeres —y a favor de los hombres— en los lugares de toma de decisiones. Las mujeres tienen menos posibilidad de ser electas, designadas, e incluso de llegar a altos cargos por concurso, a pesar de tener más años de estudio. Aunque forman parte de la planilla laboral en igual porcentaje (o a veces mayor) que los hombres, se comprueba que al ascender en el nivel jerárquico la presencia de mujeres disminuye considerablemente o incluso desaparece.
Como consecuencia, en diferentes estructuras se han desarrollado mecanismos de discriminación positiva para favorecer la representación de las mujeres, como la Ley N° 18.476, también conocida como Ley de cuotas, que garantiza la participación de mujeres en las listas partidarias.
Si bien son reglas que favorecen y mejoran la situación de las mujeres, lo cierto es que en muchos casos se cumple en un grado mínimo y eso dificulta que se supere el piso imprescindible del 30% de mujeres en cargos de decisión.
Los datos mostrados dejan claro que Uruguay tiene una deuda pendiente con la igualdad en todos los ámbitos de decisión.
Foto: Sora Shimazaki