
La abogada Bertha María Deleón, fuertemente crítica del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y de figuras políticas allegadas al cuestionado mandatario, se encuentra bajo protección de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo del sistema continental señaló, mediante un comunicado que emitió el 21 de setiembre, que la decisión obedeció a que Deleón se encuentra en situación de alto riesgo personal.
En declaraciones publicadas el 14 de mayo, por el periódico salvadoreño El Faro, la abogada relató el contexto de agresión -vía redes sociales, mediante seguimiento por personas desplazándose en automóviles y motocicletas sin placas de circulación, y con el uso de drones para monitorearla-.
Deleón señaló, asimismo, que uno de los instrumentos de asedio es el Poder Judicial, controlado por Bukele, a raíz de la mayoría que su partido -Nuevas Ideas- logró en la Asamblea Legislativa -parlamento unicameral- en las elecciones parlamentarias de febrero de este año.
La jurista aludió así al hecho de que, mediante esa correlación de fuerzas en el congreso, Bukele hizo destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para reemplazarlos con jueces afines al gobierno.
Lo mismo ocurrió con el fiscal general de la República, Raúl melara, sustituido por Rodolfo Delgado, también operador político de Bukele.
La CIDH informó que optó por ordenar protección para la abogada y activista de derechos humanos, luego de “considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en El Salvador”.
En el texto que contiene la decisión, y que la comisión difundió el 21 de setiembre, el organismo del Sistema Interamericano planteó, al Estado salvadoreño, que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de la víctima.
La CIDH indicó, en el texto de una docena de páginas, que recibió pruebas de que existe “una situación de animadversión” contra la profesional, entre las que figuran textos viralizados en redes sociales, cuyo contenido incluye incitación a violarla sexualmente y a asesinarla.
Se trata de una campaña enfocada, principalmente, en intimidar a Deleón “en el marco de sus labores como defensora de derechos humanos para que las limite o cese completamente”, indicó el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
La comisión precisó, en el documento, que la vulnerabilidad de la abogada, en materia de seguridad personal, aumentó en 2020 -un año después de la asunción presidencial de Bukele, de cuyo equipo legal fue integrante-.
Tal situación empeoró, con la instalación de la nueva mayoría parlamentaria bukelista, y las primeras medidas del bloque oficialista respecto al Poder Judicial del país centroamericano, señaló, asimismo.
La CIDH recibió, en mayo de este año, una solicitud de medidas cautelares para Deleón.
El planteamiento fue formulado por la abogada independiente Ruth López Alfaro, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) -con sede en Washington-.
En una declaración difundida el 28 de mayo, por Cejil, las solicitantes indicaron que la acción legal apuntó a “proteger la vida e integridad de la defensora de derechos humanos Bertha María Deleón Gutiérrez, quien fue citada el miércoles 26 de mayo a las 9:00 horas por la Fiscalía General de la República”.
La petición fue formulada a causa del “riesgo inminente de un daño irreparable a los derechos de vida, integridad y libertad personal de Bertha Deleón, en el marco de una campaña de estigmatización, hostigamiento y un proceso de criminalización que se ha emprendido en su contra, el cual podría derivar en una detención arbitraria”, explicaron.
Se trata de “una abogada penalista con amplia trayectoria en El Salvador que ha participado en diversos procesos que le han acarreado múltiples riesgos (…) así como la defensa de mujeres encarceladas por experimentar emergencias obstétricas en el contexto de penalización absoluta del aborto”, precisaron, a continuación.
La defensora, quien también “participó (este año) como candidata a diputada, ha criticado públicamente actuaciones arbitrarias del actual mandatario, como la toma de la Asamblea Legislativa en febrero de 2020”, y “sus cuestionamientos han suscitado una campaña de estigmatización en su contra, a través de redes sociales y medios de comunicación”, agregaron.
“Por esa razón, Deleón denunció a uno de los principales promotores de dicha campaña, un entonces candidato a diputado del partido oficialista, por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres; esta acusación obtuvo trámite y frustró la candidatura del político”, puntualizaron.
Las solicitantes de las medidas cautelares hicieron, así, referencia a Walter Araujo, otro operador político de Bukele, y uno de los principales colaboradores, de larga data, del presidente.
Las firmantes de la declaración, advirtieron que Deleón está en un “escenario de ‘grave atentado al principio de separación e independencia de poderes y al Estado democrático de derecho’, como lo ha señalado la CIDH”.
Ello, “podría significar en estas circunstancias un uso indebido del derecho penal en contra de personas defensoras de derechos humanos y críticas al partido de gobierno”, plantearon, de inmediato.
“En ánimo de lo anterior, las solicitantes hacen un llamado a la CIDH para que ordene al Estado de El Salvador adoptar todas las medidas pertinentes para la protección” de la abogada, indicaron.
En las declaraciones exclusivas que El Faro reprodujo el 14 de mayo, Deleón denunció, detalladamente, el hostigamiento de que es objeto.
“He tenido seguimientos. En cuestión de minutos, me falsearon la chapa (cerradura) de mi carro, hurtaron la laptop que mi hija usaba para sus clases virtuales. Es parte de esta guerra psicológica, de hacerle sentir inseguro”, expresó.
“Por supuesto que hay miedo. Hay momentos en los que uno se pregunta si se puede seguir aquí, o mañana me van a desaparecer y van a decir que los mareros (pandilleros) me desaparecieron, como es usual, y va a quedar en la impunidad la desaparición, como queda el 90 por ciento de las desapariciones”, agregó, en alusión a unos de los crecientes problemas de seguridad en El Salvador.
“Sin embargo, no soy de evadir, quiero afrontar esto con dignidad”, agregó, para subrayar que, “como toda persona, merezco vivir tranquila, segura, trabajar”, y reafirmó que “eso es todo lo que quiero”.
“Que me siento insegura? Sí. Que sé que no hay garantías judiciales? También”, aclaró.
La abogada reflexionó, al respecto, que la agresión lanzada en su contra “es una amenaza para mí, y creo que para varios”.
En cuanto a la instalación de la nueva mayoría legislativa, Deleón planteó que, “para mí, el 1 de mayo es un antes y un después en el ejercicio profesional”.
“Yo soy litigante particular desde el 2016, estuve en la Fiscalía, en los juzgados, en la misma Sala de lo Constitucional, y creo que esto marca un antes y un después para todos, en el país”, comenzó a explicar.
“Ahora, ya se controla, desde Presidencia, a la Fiscalía y la Sala de lo Constitucional, lo que hace que nadie tenga garantías judiciales, y eso es grave, realmente, es grave, y, para mí, creo que es doblemente grave”, siguió señalando.
Deleón subrayó que “la Fiscalía siempre ha sido usada con fines políticos, de persecución, pero creo que, antes, el hecho de que no tuviera control una sola persona, en la Sala Constitucional ni de la Fiscalía, daba cierto margen de defensa o balance”.
Sin embargo, “ahora, yo que vengo haciendo crítica al Gobierno, participé como candidata buscando una curul en la Asamblea, obviamente estoy expuesta, y ya no es algo que sólo yo me imagino o es una especulación: es una amenaza real del uso, de la Fiscalía, a través del fiscal impuesto por Bukele, Rodolfo Delgado”, señaló.
“Lo tomo como una amenaza latente, del uso del sistema de justicia, para acabarse a alguien que consideran incómodo, que consideran molesto, como una herramienta de venganza política”, reafirmó.
“Nayib, sus allegados, y Walter Araujo se caracterizan por eso: por promover odio, por querer aplastar a sus enemigos, es una amenaza para mí, me pone en riesgo mi libertad”, dijo.
“Es una amenaza sobre mi familia”, denunció, además.
“Soy mamá, tengo dos hijos, mi hijo de 16 años ya está enterado de esta situación, y por supuesto que le trae un daño pensar que puedo ir, en algún momento, detenida”, explicó.
Deleón reflexionó que “es difícil tener que decirle a él: ‘mirá, hijo: puede ser que vengan a tocarnos la puerta, y me vengan a llevar presa’. Es muy duro, y no soy la única”.