La publicidad que aliente la violencia de género debe combatirse con medidas que la prevengan y la sancionen, indicó un grupo de expertas en la materia en El Salvador.

Las 11 especialistas, integrantes del Grupo Asesor de Sociedad Civil (Gasc) de la representación de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en El Salvador (ONU Mujeres El Salvador), expresaron, asimismo, rechazo a ese tipo de publicidad.

También manifestaron preocupación por el hecho de que ese tipo de promoción es utilizado por entidades lo mismo públicas que privadas.

Tal situación ocurre no obstante el hecho de que el país centroamericano cuenta con legislación en la materia, señalaron, en un comunicado que titularon “No a la publicidad sexista y degradante”.

“Solicitamos, a las autoridades competentes (…) tomar las acciones necesarias para venir y sancionar todo tipo de publicidad que degrade y promueva la violencia contra las mujeres y las niñas”, plantearon en el texto de seis párrafos, que emitieron el 20 de este mes en San Salvador, la capital nacional.

Las firmantes del comunicado mencionaron, en ese sentido, específicamente, a la Asociación Nacional de -anunciantes de El Salvador (Anaes), la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (Asap), la Asociación de Medios Publicitarios Salvadoreños (Amps), la Fiscalía General de la República (FGR), y al Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (Isdemu).

También indicaron que “expresamos nuestra preocupación y rechazo a todo tipo de publicidad sexista y denigrante que legitime y promueva violencia contra las mujeres y las niñas, tolerada y fomentada por empresas públicas o privadas que causan daño en su afán de venta y promoción de sus productos”.

“Resulta igualmente preocupante la indiferencia de instituciones responsables de velar por que no se produzcan este tipo de hechos, incumpliendo su compromiso y responsabilidad de proteger y resguardar los derechos de las mujeres”, precisaron, a continuación.

En ese sentido, destacaron materiales publicitarios en los cuales se cosifica a las mujeres, en el afán de impulsar actividades.

Recientemente, “hemos observado en los medios de comunicación, publicidad de empresas públicas y privadas que utilizan la imagen de la mujer como vehículo para la promoción de sus actividades y que denigran la imagen de las mujeres e incitan a actos de violencia sexual, amenazando su integridad”, puntualizaron.

En la formulación de su denuncia de la situación, y su exhortación a corregirla, el grupo señaló que esa variante de publicidad es vista, en El Salvador, no obstante el hecho de el país cuenta con legislación para contrarrestarla.

Se trata de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (Leiv), aprobada el 25 de noviembre de 2010, por la Asamblea Legislativa (parlamento unicameral), y puesta en vigencia el 1 de enero de 2012.

En el primero de sus 61 artículos, la Leiv establece que su propósito central es el de “establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres”.

Ello, “a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad”, agrega, a continuación.

El artículo siguiente, determina, con precisión, que “el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia comprende, ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.

“Así mismo, se refiere al goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución y en los Instrumentos Nacionales e Internacionales sobre la materia vigentes”, señala, además.

Lo que implica el respeto a derechos tales como a “que se respete su vida y su integridad física, psíquica y moral”, además de “que se respete la dignidad inherente a su persona y se le brinde protección a su familia”, lo mismo que “no ser sometida a tortura o tratos humillantes”.

No obstante la existencia de ese instrumento legal, El Salvador es considerado por organizaciones internacionales de derechos humanos -incluida Amnistía Internacional (AI)- como uno de los países de mayor riesgo para las mujeres.

En términos de violencia general, el país integra, junto con Guatemala y Honduras, el Triángulo Norte de Centroamérica, a su vez, una de las regiones más violentas, a nivel mundial.

En materia de violencia de género, específicamente en lo que tiene que ver con femicidios, de acuerdo con datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, para 2018, El Salvador se ubicó en el indigno primer lugar, con tasa de 6.8 por cada 100,000 mujeres, seguido por Honduras (5.1), y Guatemala (2.0).