Víctima de la machista legislación vigente en El Salvador en materia de inflexible prohibición de abortar -aunque sea por causas naturales-, la joven Cindi Erazo obtuvo, esta semana, libertad condicional.
Inicialmente condenada, en 2015, a 30 años de prisión, pena que tras apelación en 2016 fue reducida a 10 años, Erazo obtuvo, en 2019, el beneficio de visitar, un día por semana, a su familia, incluido su hijo de menor.
Con la irrupción, en el país centroamericano, de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, en marzo de este año, el beneficio le fue retirado, lo que dio oportunidad, a su defensa legal, de gestionar la libertad condicional.
La iniciativa fue exitosa, y Erazo obtuvo, el 22 de este mes, esa medida, luego de cinco años de encierro -en pésimas condiciones-.
La joven “es la primera que logramos que salga en este contexto de pandemia”, dijo, en diálogo con la radioemisora British Broadcasting Corporation (BBC), Morena Herrera, abogada de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la organización representante de Erazo.
“La resolución de Cindy abre posibilidades de que la revisión de medidas de beneficios de otras mujeres se agilice”, aseguró Herrera, en las declaraciones reproducidas, el 23 de setiembre, por la emisora británica.
Al indicar que son 18 las mujeres en prisión a causa de la injusta legislación, la jurista precisó que “varias de ellas tienen ya posibilidades de salir libres, si se cumplieran las medidas de beneficios penitenciarios”.
Por su parte, en declaraciones que formuló al diario español elPeriódico, la gerenta regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, Carmen Martínez, condenó la brutal legislación antiaborto salvadoreña, vigente hace algo más de dos décadas.
“Hoy, El Salvador tiene un terrible círculo de vulneración, pues por un lado prohíbe y niega servicios de salud reproductiva a mujeres que vienen de contextos rurales y de pobreza, y por otro lado, decide judicializarlas cuando sufren emergencias obstétricas debido a esa falta de acceso a servicios de salud”, denunció Martínez.
Al respecto, señaló que “El Salvador ha recibido innumerables recomendaciones, por parte de órganos internacionales de derechos humanos, para garantizar, a mujeres y niñas, sus derechos sexuales y reproductivos, sin discriminación ni persecución”.
«Hoy El Salvador tiene un terrible círculo de vulneración, pues por un lado prohíbe y niega servicios de salud reproductiva a mujeres que vienen de contextos rurales y de pobreza, y por otro lado, decide judicializarlas cuando sufren emergencias obstétricas debido a esa falta de acceso a servicios de salud», añadió Martínez.
El de Erazo -al igual que los de las mujeres quienes permanecen encarceladas en el marco de esa legislación- es un caso que responde a la negativa de sucesivos gobiernos -lo mismo de la ultraderechista y escuadronera Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que del izquierdista y ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)- de dejar sin efecto la cuestionada legislación.
En El Salvador, el aborto estaba autorizado para casos de embarazo por violación, o cuando la salud, del bebé o de la madre, corría algún riesgo, pero esa posibilidad fue eliminada cuando la presente ley fue puesta en vigencia en 1998, durante el segundo de los cuatro gobiernos consecutivos de Arena -presidido (1994-1999) por armando Calderón Sol-.
En el contexto actual, cualquier aborto suele considerarse como homicidio agravado, delito que implica condena mínima de 30 años en prisión.
A Erazo le fue tipificado ese crimen a raíz de que, en agosto de 2014, y con embarazo de ocho meses y una semana, la joven experimentó una emergencia obstétrica, mientras se hallaba en un centro comercial capitalino.
En ese contexto, dio a luz a un bebé sin vida, por lo que fue detenida en el lugar.
Un día después de la excarcelación de la joven, un grupo de defensoras de los derechos humanos emitió un comunicado, en el cual denunciaron que la legislación antiaborto salvadoreña “es de las más extremas del mundo”.
“El Salvador es uno de los únicos países conocidos por enjuiciar y encarcelar a mujeres después de sufrir abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas”, agregaron, para precisar que, “actualmente, más de 18 están detenidas en condiciones inhumanas”.
En el caso específico de Erazo, “no hay evidencia que demuestre que Cindy alguna vez haya intentado interrumpir el embarazo o dañar al feto”, aseguraron, en el texto difundido por el Centro de Derechos Reproductivos, organización estadounidense de cobertura internacional.
La excarcelación de Erazo ocurrió poco más de un año después de que, en un hecho sin precedente en El Salvador, Evelyn Hernández fue absuelta, del mismo cargo, tras haber pasado 33 meses en prisión.
En declaraciones reproducidas el 21 de agosto del año pasado, a BBC, la abogada Teresa Delgado, jurista de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, denunció que, sumada a la injusticia de las condenas, las víctimas suelen ser, además, socialmente estigmatizadas.
“Con la absolución de Evelyn, esperamos que se siente un precedente para el caso de estas mujeres que son criminalizadas y, muchas veces, estigmatizadas por la sociedad, los administradores de justicia y la Fiscalía”, planteó Delgado.
“Creemos que la Fiscalía de El Salvador tiene que buscar un ordenamiento de las políticas para establecer el debido proceso sin violentar las garantías constitucionales de estas mujeres”, indicó, para advertir que, “este, fue un paso muy importante, pero queda mucho por hacer”.
Por su parte, y en declaraciones por separado a BBC, Hernández reflexionó entonces sobre su caso y en cuanto a la situación de las mujeres injustamente encarceladas.
“Ojalá que esto sirva para que se vayan dando cuenta de que hay muchas muchachas que todavía están presas por haber pasado por algo parecido a mí”, expresó, para agregar: “mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchachas inocentes allí. Hay muchas muchachas, allá adentro, que son inocentes”.
