En un hecho sin precedente en El Salvador, Bianka Rodríguez logró cambiar su nombre de acuerdo con su identidad de género.
El trámite judicial del caso, fue complejo, colmado de prejuicios en el discriminatorio contexto patriarcal local, caracterizado por la transfobia, aseguró la vanguardista en la lucha por el reconocimiento de ese derecho, en declaraciones reproducidas, el 21 de marzo, por El Diario de Hoy.
No obstante las dificultades que fue necesario enfrentar y superar, los sucesivos pasos legales permitieron visibilizar la situación de ese sector de la población sexualmente diversa en el país centroamericano, reflexionó Rodríguez, quien dirige la asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis Trans).
El esfuerzo culminó en éxito, el 17 de marzo.
“Ha sido un proceso de tristeza, pero sobre todo de alegría, dignidad y emoción”, reflexionó la activista, quien aseguró que “el reconocimiento a nuestro derecho, por fin, va dando fruto”.
“Ha sido un proceso largo, tedioso, donde hemos tenido que hacer mil y una cosas para poder demostrar la realidad que enfrentamos las mujeres trans, al no contar con un reconocimiento a nuestra identidad y expresión de género”, agregó.
“Ha sido muy duro enfrentar a un sistema machista, patriarcal, homofóbico, transfóbico”, sintetizó.
Rodríguez explicó, al medio de comunicación salvadoreño, que la esta judicial es “fruto del trabajo articulado de la Mesa por una Ley de Identidad de Género”.
En ese ámbito, “hemos tratado de hacer acciones de incidencia a nivel nacional, en aras de acceder a los mecanismos nacionales y a otros mecanismos internacionales, ante la negativa de los legisladores y las legisladoras, tanto de la anterior como la nueva asamblea, de legislar sobre la necesidad de contar con una ley”, relató.
La dirigente hizo así referencia a la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, instancia que reúne a seis organizaciones de sociedad civil -Comcavis Trans, Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh) Arcoíris, Colectivo Alejandría, Centro DIKÉ de personas Transgénero y LGBTI (DIKÉ), Generación Hombres Trans, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespadh)-.
La mesa, creada en 2014, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), trabaja con el objetivo de lograr que el Estado salvadoreño reconozca el derecho, de las personas trans, a la identidad de género.
Ello, promoviendo la puesta en vigencia -y la efectiva implementación- de instrumentos legales y administrativos que hagan posible la adecuación, del nombre, a esa identidad autopercibida.
En tal sentido, la mesa presentó, en 2018, a la Asamblea Legislativa (parlamento unicameral) salvadoreña, una iniciativa de ley.
Trasladado a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, el texto no pasó del grupo de trabajo.
Instalados, el 1 de mayo de 2021, los nuevos integrantes del organismo legislativo -la mayoría, oficialistas-, la comisión archivó el proyecto, sin haberlo debatido y sin escuchar a la parte proponente.
Respecto al proceso judicial en el que se embarcó, Rodríguez comenzó a relatar, al medio de comunicación salvadoreño, que, a causa de la transfóbica conducta oficialista, “decidimos presentar diversas demandas, en el juzgado de familia, en el año 2020”.
“Se presentaron cuatro demandas, acá en San Salvador (la capital nacional), y una en (la occidental ciudad de) Santa Ana”, dijo, a continuación.
“Lastimosamente, la de Santa Ana no tuvo fruto”, ya que negó el derecho a “acceder a este cambio de nombre”, agregó, para precisar que “esto terminó en diciembre de 2021”.
La activista trans narró, además, que, paralelamente, se llevó a cabo “un proceso de demanda ante el Juzgado de Familia de San Salvador, a través de los abogados de (el bufete) Fespad, Kerlin Belloso y Héctor Carrillo, que fueron los que nos han acompañado en este proceso y forman parte de la mesa”.
“Nos basamos en la Ley del Nombre, vigente, que, en el artículo 23, habla de tres considerandos del derecho a cambiarse de nombre”, detalló.
Rodríguez hizo, así, referencia a la Ley del Nombre de la Persona Natural, aprobada en 1990, consistente en 45 artículos contenidos en siete capítulos.
En lo que tiene que ver con el “Cambio de Nombre Propio y de Apellido”, el artículo 23 indica, entre otras razones para autorízalo, que “procederá el cambio del nombre propio o del apellido, por una sola vez, cuando fuere equívoco respecto del sexo, impropio de persona, lesivo a la dignidad humana, extranjero que se quisiera castellanizar o sustituir por uno de uso común”.
Rodríguez precisó que, en su caso, la demanda se apoyó en el concepto de daño a la dignidad.
“Tratamos de demostrar ante los juzgados esa lesividad que a Bianka el tener un nombre masculino (en documentos) le afectaba en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en el acceso y goce de los derechos que tenemos por ser ciudadanos y ciudadanas de esta nación”, explicó.
“Nos enfrentamos a un tribunal que nos denegó la demanda en primera instancia”, por lo que, a continuación “acudimos a la Cámara de Familia, para poder demostrar que, realmente, había una afectación de derechos por no poder obtener un nombre de acuerdo a nuestra dignidad, nuestra percepción”, dijo.
“En ese sentido, la Cámara de Familia resolvió a favor, mandató al juzgado a que debía conocer sobre nuestro proceso”, agregó.
“Sin embargo, luego de presentar toda la documentación, nos rechazan nuevamente”, por lo que “volvimos a ir a la Cámara, y (esta instancia) le dijo, nuevamente al juzgado, que debía de conocer sobre nuestro proceso”, tras lo cual, “nos dieron audiencia para el 9 de diciembre de 2021”, señaló, a continuación.
Respecto al desarrollo del trámite en este ámbito, expresó que “tuve que verter toda la prueba documental y testimonial, de todas las afectaciones que he sufrido como mujer transgénero, de las arbitrariedades que he vivido en las instituciones públicas que me niegan derechos y servicios esenciales”.
Lo mismo, “de toda la violencia que he sufrido, desde la niñez, y que, incluso, ni siquiera ahora, siendo defensora de derechos humanos reconocida, se me garantizó el derecho a la justicia por parte de la fiscalía, cuando se me privó de libertad, por ser mujer trans activista”.
En términos generales, Rodríguez indicó que los derechos de las personas transgénero se enmarcan en las garantías fundamentales.
“Hablar de derechos de la población trans es hablar de derechos humanos, no es sobre valores morales, éticos, o hablar de principios religiosos”, dijo.
“Es un tema de derechos humanos”, reafirmó, para subrayar que “es imperante”.
También fue crítica de la conducta del autoritario presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
“El gobierno de Nayib Bukele habla de nuevas ideas, pues estas son las nuevas ideas que deberían apostar en tema de derechos”, planteó.
La activista hizo, así, alusión al derechista partido Nuevas Ideas que, fundado por Bukele, en 2017, a raíz de su expulsión -quince días antes- del izquierdista y ex gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), llevó al dirigente a la presidencia del país.
Rodríguez denunció que “legislaturas pasadas no hicieron nada”, y que, “en 2018 (…) introdujimos el anteproyecto de ley, pero no tuvo mayor avance”.
La dirigente también analizó el precario contexto social y de seguridad en el que está inmersa la comunidad trans de El Salvador.
“Es que la violencia es estructural”, explicó.
El Salvador integra, junto con Guatemala y Honduras, el Triángulo Norte de Centroamérica, región considerada como una de las más violentas a nivel internacional.
“Muchas mujeres trans se han visto obligadas a desplazarse, por violencia y persecución en razón de su identidad y expresión de género”, señaló, además de puntualizar que “es violencia ejercida por pandillas, e incluso por agentes de seguridad pública”.
“En muchas ocasiones, cuando se accede a mecanismos de denuncia, no son positivos para las personas trans, porque existe mucho prejuicio”, aclaró.
“Es un ciclo sistémico de violencia y negación, porque las personas trans”, aseguró.
Esto ocurre, “por ejemplo, en algo tan sencillo como cuando he querido arrendar una casa propia o incluso, para la organización a la cual represento”, agregó, a manera de ejemplo.
En estos casos, “los arrendatarios tienen hermetismo, y te dicen: ‘acá aparece usted con un nombre masculino, yo por qué le tengo que arrendar a usted, se puede cambiar de apariencia, y, quién me va a pagar después?’”, reveló, para puntualizar que “hay otras personas que, directamente, te dicen que ‘yo, a ustedes, no les arriendo’”.
Igualmente, “cuando vas a pasar atención médica, en un hospital, hay hospitales -en área rural- que les gritan el nombre (masculino) a las mujeres trans”, continuó señalando.
Por ello, en la visión de Rodríguez, “tenemos que llegar al punto de explicar y sensibilizar, a las personas, que hemos vivido así por años”.
