La respuesta del Estado salvadoreño, a la pandemia del nuevo coronavirus, carece de enfoque de género, lo que, entre otras consecuencias, para la población femenina, significa un impacto negativo en los derechos humanos de las mujeres, denunció la Colectiva Feminista para el Desarrollo Social.
Se evidencia, así, el impacto diferenciado que, en mujeres y niñas, tiene la emergencia sanitaria generada por el virus causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), indicó la organización no gubernamental, en el estudio que, titulado “Respuesta estatal al COVID-19: sin enfoque de género. Miradas desde El Salvador”, dio a conocer el inicio de este mes.
En ese sentido, precisó que las disposiciones emitidas por los poderes Ejecutivo y Legislativo, para hacer frente a la crisis que también golpea al país centroamericano, omiten siquiera mencionar los derechos de ese sector poblacional.
“El enfoque de género estuvo ausente en la respuesta brindada por el Estado salvadoreño ante la pandemia”, lo que “no solo implica el incumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales, sino que en la práctica tal omisión tuvo y sigue teniendo un impacto en los derechos humanos de las mujeres, en un país en el que una gran mayoría no tiene la posibilidad de levantar sus voces y reclamar ante este tipo de afectaciones”, aseguró.
“La pandemia de COVID-19 ha generado una disrupción en la vida cotidiana de millones de personas en el mundo”, pero “este impacto no ha sido igual para todas las personas”, planteó.
Al respecto, como ejemplo, señaló que “las mujeres y las niñas han sufrido afectaciones diferenciadas que se explican en función de la discriminación estructural que sigue permeando en nuestras sociedades”.
“En virtud de esta desigualdad histórica, no resulta sorprendente apreciar cómo las decisiones gubernamentales, que tenían como objetivo contener la pandemia, generaron un impacto mayor en las mujeres”, agregó, en el documento que elaboró con apoyo de la internacional Women´s Link Worldwide (Vínculo Mundial de Mujeres, WLW).
“Mujeres perdieron sus ingresos económicos debido a su participación en el sector informal (…) las mujeres que ya tenían una doble jornada laboral, vieron aumentadas las labores de cuidado de hijos, hijas o familiares, con el consecuente desgaste físico y emocional que esta situación trae”, explicó.
“Y, por si esto fuera poco, en muchos países, la violencia contra las mujeres aumentó durante los confinamientos, dado que muchas quedaron encerradas en casa con sus agresores”, precisó, para puntualizar que “estas tendencias han sido observadas en las Américas, y El Salvador no fue ajeno a esta realidad”.
En la primera de 10 conclusiones detalladas en el texto de seis capítulos contenidos en 67 páginas, la colectiva denunció que “los decretos emitidos por los Órganos Legislativo y Ejecutivo no hacen mención a instrumentos normativos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres”.
“Asimismo, no visualizan como relevante el papel del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), como mecanismos para el adelanto de los derechos de las mujeres en El Salvador”, agregó.
Esto, “al no considerar las circunstancias particulares de las mujeres y la obligación estatal de brindar la continuidad de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia”, siguió explicando.
“Particularmente, se advierten las deficiencias en la atención sexual y reproductiva y el acceso a servicios judiciales y policiales para las mujeres”, expuso.
También aclaró que acciones férreamente emprendidas por el gobierno, han resultado contraproducentes, particularmente para la población femenina -que constituye un 52 por ciento del total nacional, estimado en algo más de 6.4 millones-.
“Las medidas implementadas, tales como la suspensión del derecho a la libre circulación, la cuarentena domiciliaria obligatoria y la suspensión del transporte colectivo, tuvieron como consecuencia la reducción de la atención a la salud sexual y reproductiva”, señaló.
También implicaron “la disminución del número de avisos o denuncias por delitos cometidos por hombres en contra de mujeres, niñas, y adolescentes, lo cual significa que, aunque los hechos de violencia se mantuvieron o aumentaron en el contexto de la pandemia las restricciones a la movilidad impidieron a las mujeres realizar denuncias oportunamente”, aseguró.
La colectiva denunció, asimismo, que el encierro obligatorio -inflexiblemente regulado, con estrictas excepciones- ubicó, a las víctimas de violencia de género, en situación de mayor riesgo, lo que no fue tenido en cuenta en la implementación de la medida.
“Durante el confinamiento, muchas mujeres, se vieron obligadas a convivir con su agresor”, pero “frente a esta situación no hubo una respuesta estatal, con medidas adecuadas para la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, como la facilidad de movilidad, el acercamiento a los mecanismos para interponer denuncias o brindar medidas de protección”, puntualizó.
En el informe se incluyó, además, 14 recomendaciones -10 al Estado, las demás a organismos internacionales de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), agencia especializada que fue establecida en 1928-.
Estos planteamientos incluyeron “un llamado al Estado salvadoreño para que incluya el enfoque de género (…) en todas sus respuestas, y consecuentemente garantice plenamente los servicios de salud sexual y reproductiva, así como servicios judiciales”.
De acuerdo con los datos cotidianos del registro mundial que, de la pandemia, lleva la estadounidense Universidad Johns Hopkins, el conteo de casos por país indica que, en el istmo centroamericano, al 23 de diciembre, El Salvador, con 43,772, se ubicaba quinto entre los siete países.
