No existe un país en el mundo, ya sea con gobiernos de derecha, centro o izquierda; cristianos, Islamistas, Hinduistas, Budistas y Sintoístas, en donde el tema del aborto no divida a sus ciudadanos. Como Estados Unidos no es la excepción, vuelve el asunto a separar a los ciudadanos en grupos antagónicos. En resumen, unos defienden el derecho a la vida y el otro apela a los derechos constitucionales como libre elección y libertad reproductiva.
El reinicio de la discusión a la palestra pública inició cuando el Tribunal Supremo estadounidense aceptó examinar la petición que elevaron grupos defensores del derecho al aborto para que eliminaran la normativa que permite en el estado de Texas la interrupción de los embarazos después de las seis semanas.
La semana pasada, en una decisión dividida de cinco votos contra cuatro, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se negó a bloquear la ley (que entró en vigencia el primero de setiembre), que es la que más restringe el aborto en todo Estados Unidos, y que va en contra del histórico fallo de 1973, Roe v. Wade, que legalizó el aborto en todo el país.
Al no lograr que el Tribunal Supremo bloqueara la ley, en Texas no solo se prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación -cuando puede detectarse el latido del corazón del feto, sin excepciones en casos de incesto o violación-, sino que permite a cualquier sujeto presentar demandas civiles contra la persona que ayude a una embarazada a abortar, bajo la premisa de que crea que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al querellante si gana el juicio.
Con este fallo se espera que el mismo tribunal apoye la propuesta presentada por el estado de Mississippi, que también plantea prohibir el aborto en casi todas sus causales después de las 15 semanas de embarazo, por lo cual se proyecta un efecto dominó en contra del aborto en esta nación.
El fallo inmediatamente enfrentó a los conservadores (Republicanos) que se caracterizan por estar en contra del aborto, frente a los progresistas (Demócratas) que lo apoyan. Ambos grupos políticos han abalanzado sendas posiciones relacionadas al veredicto, al punto de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó con aplicar una ley federal de 1994, que protege el libre acceso a las clínicas que practiquen abortos, y el Fiscal General comunicó que está explorando opciones para responder a la ley de Texas, con el fin de “proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el aborto”.
El tema de los derechos humanos y constitucionales de las mujeres en Estados Unidos generalmente ha impactado a muchos países en América.
Cuando Estados Unidos avanza o retrocede en estos derechos, los países de la región evidencian un comportamiento similar, tanto en movimientos impulsores como detractores. Tal es el caso de Costa Rica, en donde la semana pasada, coincidiendo con el fallo mencionado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, un movimiento “pro-vida” intensificó su solicitud de apoyo (a través de medios digitales) para firmar en contra de la Norma técnica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del código penal, vigente desde el 1971, que regula el aborto terapéutico.
Este artículo no crea una nueva legislación en la materia, sino que procura el cumplimiento de la legislación existente, que establece la figura jurídica denominada aborte impune, el cual reconoce la exclusión de la tipicidad de la interrupción del embarazo para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y si ese peligro no ha podido ser evitado por otros medios.
Ahora que inició la carrera de los candidatos a Presidente de la República para las elecciones del 2022, unido al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, esperamos que el tema del aborto emerja en nuestro país, dividiendo a la ciudadanía en dos grupos con pensamientos y posiciones irreconciliables, porque pareciera que no hay un punto medio de convergencia.