Las elecciones legislativas y municipales a llevarse a cabo en febrero, en El Salvador, constituyen un momento propicio para que las mujeres hagan efectivo su derecho a acceder a los espacios políticos nacionales.
Se trata de ir superando la histórica desigualdad de género impuesta por el predominante patriarcado local, agregó, en un artículo de opinión, la estudiante universitaria Jamie Cardoza.
En tal contexto, es necesario que la población salvadoreña -tanto mujeres como hombres-, respalde a las aspirantes aptas para ocupar cargos en la unicameral Asamblea Legislativa lo mismo que en los más de seiscientos gobiernos municipales, puntualizó Cardoza, estudiante en la Escuela Superior de Economía y Negocios (Esen), con sede en la ciudad de Santa Tecla, cabecera (capital) del occidental departamento (provincia) de La Libertad.
Es necesario realizar un esfuerzo para superar la abismal desproporción de género, en ambas áreas -parlamentaria y local-, de acuerdo con lo señalado por la autora del artículo que, con título “La representación femenina en la política salvadoreña”, fue publicado, el 16 de diciembre, por el periódico digital elsalvador.com.
“El próximo año, El Salvador celebrará las elecciones legislativas y municipales; esta es una oportunidad idónea para reivindicar los espacios políticos que las mujeres merecemos”, planteó.
“Buscar una solución para los problemas que atañen a la sociedad es necesario, pues las mujeres en nuestro país aún sufren las consecuencias de una sociedad patriarcal”, aseguró.
“Como ciudadanas y ciudadanos tenemos la responsabilidad de apoyar aquellas candidaturas femeninas que demuestren el deseo y la capacidad de llevar a la mesa temas trascendentales, que por muchos años han quedado en segundo plano, que incidan en el bienestar de la mujer salvadoreña, como la reducción de la violencia o el acceso igualitario a la educación”, expresó, a manera de exhortación.
“Está en nuestras manos cambiar la realidad a través de un voto informado y razonado”, indicó, a continuación.
En un esbozo del tradicional esquema patriarcal del país centroamericano, la articulista señaló la desventajas que, por la normativa legal, ha enfrentado toda salvadoreña quien ha incursionado en el área política.
“A lo largo de la historia, la mujer ha sido desfavorecida por el sistema jurídico salvadoreño”, reflexionó.
“Claros ejemplos de esta situación se evidencian en el Código Civil de 1860, en el cual un sinfín de artículos la consideraban legalmente inferior al hombre”, escribió, para agregar que, “por trabas como esta, la mujer debía someterse a la autoridad de su padre o de su marido, según fuera el caso”.
“Por décadas, esta represión excluyó a las mujeres del ámbito político”, agregó.
“Sin embargo, gracias a años y años de luchas lideradas por mujeres como Prudencia Ayala, se dio un primer paso: en 1950 El Salvador reconoció el derecho al sufragio universal”, por lo cual, “en 1952 la población femenina votó por primera vez en las elecciones legislativas y municipales”.
Ayala (1885-1936), indígena salvadoreña, fue una activista social -además de escritora- quien promovió el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Además, aspiró a la presidencia de la República, no obstante el hecho de que la legislación nacional entonces vigente no reconocía siquiera el derecho femenino al voto.
La postulación, lanzada en 1930 -con apoyo sindical-, fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, aunque abrió el camino para que, constitucionalmente, fuesen reconocidos los derechos de las mujeres -incluida, en 1950, la facultad de votar-.
Al respecto, Cardoza puntualizó que, “desde aquella época, la participación de la mujer en la política nacional ha aumentado, pero ¿ha sido suficiente?”.
En ese sentido, citó datos del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en El Salvador.
“Desde 1994 hasta marzo de 2018, ha habido 146 diputadas propietarias -19.3%- y 610 diputados propietarios -80.7%-, así como 228 alcaldesas -9.7%- y 2,130 alcaldes -90.3%-“, indicó.
Esa desigualdad de género obedece a diversas razones, señaló.
“Una razón es que las familias de escasos recursos, al no poder cubrir la enseñanza de todos sus integrantes, tienden a priorizar la educación del hombre”, comenzó a explicar.
“Esta situación se debe a diversos factores: en primer lugar, el rol tradicional de la mujer en la familia le exige entregarse de lleno a las actividades del hogar, limitando su posibilidad de educarse y forjar una vida fuera de este círculo”, continuó señalando.
“En segundo lugar (…) muchas mujeres no van a la escuela por el peligro de sufrir acoso sexual en el trayecto entre esta y sus casas”, agregó.
“En tercer lugar, si bien El Salvador cuenta con educación gratuita, los costos de movilización de los hogares a las escuelas suponen un gran obstáculo para muchos salvadoreños”, agregó, en alusión a los indicadores socioeconómicos nacionales.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el factor pobreza se ubicó, el año pasado, en 33.7 por ciento.
Sin embargo, para este año, a causa del impacto de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, la Esen proyecta que ese índice ascienda, abruptamente, a 54 por ciento, mientras que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) calcula que se dispare a 51.4 por ciento.
Cardoza también precisó que, en el contexto de desigualdad de género que marca al quehacer político salvadoreño, también surgen barreras tales como niveles de exigencia arbitrariamente elevados.
“Las dificultades que deben enfrentar las mujeres a la hora de incursionar en la política”, ya que “algunas personas esperan que ellas cumplan estándares más altos que los hombres para que demuestren que merecen su puesto”, sumado a lo cual, “el público suele juzgarlas severamente cuando ocupan un cargo político”, escribió.
En opinión de la autora, “lo preocupante es que dichas críticas incluso aluden al aspecto físico de las funcionarias, a su vida privada o a otras cuestiones que no influyen en su desempeño laboral”, precisó.
“Aunado a lo anterior, una gran parte de los salvadoreños no concibe la importancia de la participación femenina dentro de puestos legislativos, alcaldías, ministerios y demás entidades gubernamentales”, denunció.
Casi 5.4 millones de votantes están habilitados para emitir sufragio, el 28 de febrero, y elegir a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, así como a los integrantes de los 262 alcaldes y los integrantes de 262 gobiernos municipales, además 20 diputados -y us respectivos 20 suplentes- del Parlamento Centroamericano.