En los últimos días hemos sido expectantes del hecho conmovedor de la muerte de un niño de escasos dos años, víctima de maltrato, agresión violenta, abuso y violación sexual y otras situaciones grotescas que terminaron con su corta vida. Las palabras para describir nuestro asombro, tristeza y conmiseración son pocas y no bastan para poder explicar la profundidad y dolor inimaginable de ese niño.
A la vez, pienso en su madre: una joven- adolescente, víctima también de abuso, maltrato y un sin fin de circunstancias más… formando parte de la macabra espiral de violencia desatada.
Convencida de que mi responsabilidad debe ahondar en los alcances de la realidad, debemos encauzar acciones y herramientas jurídicas, que limiten u obstaculicen de manera formal (al menos), las relaciones no igualitarias, relaciones abusivas, relaciones inadecuadas… y que se haga lo necesario para evitar lo sucedido.
No solamente debemos considerar los factores culturales, sino los que están estrechamente relacionados, los factores que limitan el pleno ejercicio de derechos económicos de las mujeres, su acceso, su oportunidad a empleo, educación, salud, repercutiendo en la vida y el futuro de sus hijos e hijas.
En el imaginario social, nuestra realidad reconoce ciertos “acuerdos” que afloran cotidianamente en nuestro país, aceptando y hablando de la responsabilidad de la sociedad sobre el embarazo adolescente, que contrasta con nuestra legislación que permite y el matrimonio con personas menores 15 años.
Según datos que emite el Registro Civil, se indica que entre el 2005 y 2013, los matrimonios donde ambos o uno contrayentes fue menor de edad, superó los 14.000 casos.
Este tipo de relaciones, cubiertas o no por el matrimonio, son relaciones abusivas e impropias y no deben de ser permitidas.
Según datos del informe de sexualidad del 2010, el 61% de las niñas de 15 años sostienen su primera relación sexual con hombres mayores de 15 años. Y nosotras, como personas adultas y parte de esta sociedad somos partícipes de dicha situación, observando cómo las niñas inician su vida sexual de forma “consentida” con personas adultas, sin considerar los factores relacionados: embarazo infantil, enfermedades, deserción escolar, pobreza, entre otros.
En el 2011 las denuncias por relaciones menores de 15 años (niñas), alcanzaron en nuestro país la cifra récord de los últimos 11 años, pues se tramitaron 795 causas, según datos del Poder Judicial.
Por ello, en correspondencia con este desafío, varias Diputadas y Diputados apoyamos una iniciativa que pretende reformar el Código de Familia (Expediente No 19337), para que se aumente la edad mínima para el matrimonio, que vaya de 15 a 18 años, y que de igual forma reforme el Código Penal en la definición de minoridad, en el mismo sentido.
Maureen Clarke
Parte del propósito del Proyecto (y sobre lo que debemos trabajar incansablemente), es en llamar las cosas por su nombre: este tipo de “matrimonios” son improcedentes y forman parte, en su mayoría, de relaciones abusivas que solamente refuerzan los estereotipos de poder que subyacen en nuestra sociedad, en donde la mujer es vista como un objeto, como un bien sobre el que todos pueden decidir.
Tenemos la convicción de que el proyecto, convertido en una Ley, sirva como herramienta eficaz de protección de los derechos de las mujeres, sobre todo las niñas, que son más vulnerables, pues ellas no son solamente nuestro futuro, son también nuestro presente. La oportunidad de hacer las cosas bien es ahora.
