Los aumentos en los indicadores de violencia basada en género podrían relacionarse a la falta de implementación a cabalidad de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género
La violencia de género es, en Uruguay, un tóxico fenómeno social que mantiene tendencia alcista, de acuerdo con lo denunciado por la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), en su más reciente informe sobre el país en materia de discriminación contra las mujeres.
Algo más de seiscientas mujeres fueron víctimas de la más brutal forma de agresión machista, indicó AI en el documento que elaboró para ser presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la 86 sesión del organismo mundial, programada para desarrollarse del 9 al 27 de octubre, en su sede, en la occidental ciudad suiza de Ginebra.
“Uruguay continúa siendo un país hostil para las niñas y mujeres que habitan este territorio”, denunció la oenegé, en el testo de cinco secciones, contenidas en ocho páginas.
Al citar datos del Ministerio del Interior, informó que, “en 2022 se identificó́ una baja general de los delitos, pero los delitos basados en violencia de género se mantienen al alza, siendo una situación preocupante para mujeres y niñas en Uruguay”.
En ese sentido, precisó que “entre 2001 y 2022 615 mujeres fueron asesinadas en Uruguay por motivos de género”.
Igualmente, que “el año 2022 ha dejado un record de mujeres víctimas de femicidios, así como también niñas, niños y adolescentes han sido asesinados en contextos de violencia de género”, reveló, a continuación.
Mencionando cifras de la Dirección Nacional de Políticas de Genero del Ministerio del Interior sobre violencia machista en el rioplatense país sudamericano, indicó que, “en el período comprendido entre enero y octubre de 2022 (…) se contabilizaron 42 homicidios a mujeres, 10 más que en el mismo período de 2021”.
“De esos 42 homicidios, 24 fueron femicidios, y al menos ocho niñas y niños murieron en incidentes relacionados con la violencia de género, la mayoría de ellos femicidios”, precisó, de inmediato.
Según los datos reunidos por la oenegé con sede central en Londres, “del total de estos homicidios, el 67 % corresponden a violencia doméstica y de género, en tanto que el 21% de los casos aún permanecían en investigación, al cierre de este informe”, que fue anunciado, por AI, en el comunicado que, sobre el tema, la oenegé difundió el 12 de setiembre.
La entidad desglosó los espacios en los cuales los crímenes tuvieron lugar, determinando que “el 67 % de estos homicidios ocurrieron en hogares residencia particular, el 21 % en la vía pública y el 12 % en otros lugares”.
Estos datos determinan que “las políticas de seguridad pública siguen sin implementarse con perspectiva de género y que, tanto el hogar, como la vía pública, no son lugares seguros para las mujeres en Uruguay”, explicó.
Siempre apoyándose en información oficial -específicamente, el Ministerio del Interior- la organización informó que, “en 2022 también se registró un aumento importante de denuncias por violencia doméstica, registrándose 33,350, en tanto que en 2021 hubo 31,801, en 2020 fueron 33,137 y en 2019 sumaron 32,836”.
“El 64,3% de estas denuncias fueron generadas por situaciones de violencia causadas por parejas actuales o exparejas de las víctimas, en tanto que más del 35% fueron provocadas por personas con las que comparten vínculos consanguíneos o políticos”, aclaró.
Los datos incluidos en el informe de AI fueron, igualmente, reveladores en cuanto a la existencia, en el país, otras significativas variantes de violencia de género.
“También se registró un aumento de las denuncias de abuso sexual en 2022, alcanzando 2,766 denuncias, en tanto que en 2021 se registraron 2,520, siendo las mujeres las víctimas en el 82 % de los casos”, precisó.
En tal contexto, “la Comisión Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) registró 529 situaciones de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes, siendo la cifra más alta registrada en los últimos años”, reveló.
En cuanto a incidentes registrados en 2023, AI señaló que, durante el primer semestre, “19 mujeres fueron asesinadas por motivos de género”.
Entre las víctimas, figura “una adolescente de 17 años que fue asesinada por su expareja también de 17 años”, puntualizó.
Al formular una evaluación general de la situación, AI planteó que “estos aumentos en los indicadores de violencia basada en género podrían relacionarse a la falta de implementación a cabalidad de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género -Nº 19.580-, y por la falta de asignación de los recursos necesarios para la creación de juzgados (…) capaces de tratar todos los asuntos relacionados con la violencia de género”.
La organización señaló, como un aspecto favorable, el hecho de que se registró un aumento considerable en “el número de tobilleras electrónicas disponibles para controlar el cumplimiento de las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia”.
Al mismo tiempo advirtió que “la debilidad de la política pública en esta materia y las carencias de los operadores judiciales y policiales al momento de atender situaciones de violencia de género, dan cuenta de que Uruguay tiene problemas para poder garantizar debidamente a mujeres y niñas una vida libre de violencia”.
Ante ese preocupante cuadro de situación AI recomendó, a las autoridades uruguayas, por una parte, “asignar el presupuesto necesario para la implementación efectiva de las medidas contenidas en la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, especialmente en lo relativo a brindar asesoramiento, refugio y asistencia a las víctimas”.
Asimismo, “investigar exhaustivamente la violencia basada en género contra las mujeres y niñas, y poner a disposición de la Justicia a los responsables”.
Integrado por 23 expertos internacionales, el comité es el organismo responsable de supervisar la implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Cedaw) de Naciones Unidas.
El instrumento legal está vigente desde el 3 de setiembre de 1981. El primero de sus treinta artículos define el concepto central de la marginación basada sobre género.
Se trata de “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”, indica.
Dos artículos después, determina que “los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer”.
Ello, “con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.
En el quinto, los Estados Partes -incluida Corea del Sur- se obligan a, por un parte, “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.
Y, por otra, a “garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos”.
Eso, “en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos”.
El undécimo, establece, entre otros compromisos, que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos”.
Foto: Skitterphoto
